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Alfonso Hernández Ortíz: Democracia e institucionalidad presupuestaria

Los ciudadanos son los grandes ausentes en el diseño de los presupuestos, y en la medida que la participación es menor en los procesos políticos y sociales, la democracia se ve debilitada y la corrupción es galopante.

Constantemente se debate sobre la estabilidad del sistema democrático, viéndose el mismo bastante debilitado ante las inconsistencias y desigualdades que se evidencian en la sociedad, aunado al nivel de insatisfacción por parte de los ciudadanos por la incapacidad de los gobernantes de atender los problemas propios del monopolio del Estado como la inseguridad y la prestación eficiente de los servicios públicos, principalmente la electricidad y el agua potable.

Aunque el problema recae en el sistema democrático, consideramos que se requiere mayor participación y concienciación por parte de la ciudadanía ante el rol que nos corresponde dentro del mismo sistema: al asumir nuestro papel de contralores sociales, que trasciende el momento electoral, y se centra en exigirles a los servidores públicos electos cumplir con la misión de gestionar de manera eficiente los recursos del Estado, los cuales deberían ser manejados de manera transparentes y responsables a través de indicadores que incluyan la rendición de cuentas y la publicación oportuna de la información accesible por parte del gobierno.

Los gobernantes están en el deber de atender las prioridades planteadas por los ciudadanos, a través de las distintas instancias de participación, por lo que se hace necesario la democratización de la información, permitiéndole a la ciudadanía, la comprensión de los presupuestos públicos, los cuales reflejan de manera fidedigna las prioridades económicas y sociales del gobierno y que traduce las políticas y compromisos gubernamentales a decisiones que determinan cómo se obtendrán los recursos y en qué serán gastados; convirtiéndose el presupuesto en la herramienta mediante el cual los gobiernos instrumentan planes de acción y programas que deben estar enfocados a hacer frente a las necesidades de los ciudadanos y ciertamente permiten fortalecer la credibilidad de las instituciones democráticas.

La ciudadanía además de exigir la rendición de cuentas sobre el destino de las asignaciones presupuestarias y los recursos del Estado, está en el deber de involucrarse en los procesos de presupuestos participativos, a fin de garantizar la transparencia, que implica crear el debate público y los procesos de toma decisiones democráticos referentes al manejo y la aplicación de los recursos.

Sin embargo los ciudadanos son los grandes ausentes en el diseño de los presupuestos, y en la medida que la participación es menor en los procesos políticos y sociales, la democracia se ve debilitada y la corrupción es galopante.

Por lo tanto no solo se exigen gobernantes que estén dispuestos a propiciar la rendición de cuentas, con voluntad política para impulsar los presupuestos participativos y el acceso a la información que les permita a los ciudadanos tener conocimiento sobre la asignación de los recursos presupuestarios y garantizar la transparencia de los recursos del Estado; se requiere también de ciudadanos que exijan dicha rendición de cuentas presupuestaria.

El economista Mario Marcel, plantea que la relación que existe entre las instituciones, el sistema político y las decisiones que comprometen recursos fiscales, reconocida durante largo tiempo por la Ciencia Política como (public choice) identificó a los presupuestos como la moneda de cambio entre políticos y burócratas motivados por la búsqueda egoísta de sus respectivos intereses.

Y al analizar las diversas funciones que cumple el presupuesto en una democracia moderna considera que está relacionado en torno a la institucionalidad presupuestaria, que supone una supremacía de los objetivos macroeconómicos en la gestión de las finanzas públicas y es, en realidad, el equilibrio entre las funciones económicas, políticas y gerenciales del presupuesto lo que le da sustentabilidad a la misma.

A diferencia del sector privado, los organismos públicos en general no venden, sino que entregan servicios, considerando que el equilibrio democrático de un país va a depender de su institucionalidad presupuestaria, de su transparencia, la rendición de cuentas que pueda lograrse entre los órganos contralores, la participación ciudadana y la eficiente acción del Estado.

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