Muchas décadas atrás, en mi época juvenil estudiantil e incluso luego, como joven profesor universitario, empeñado en prepararme lo mejor posible aquí en el país y en el exterior, ingenuamente llegue a pensar que un gobierno progresista, que sustituyera al sistema bipartidista podrido de entonces, no necesitaría de una policía política o, por lo menos, la misma nunca tendría el comportamiento arbitrario, agresivo, amenazante y claramente delictivo, que tenían la Dirección General de Policía (DIGEPOL), en los períodos iniciales del sistema democrático representativo, y posteriormente la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). Siempre me pareció terrible la práctica policial de detenciones nocturnas arbitrarias, sin orden judicial ninguna, sin testigos calificados que garantizaran la protección del afectado y sin ninguna claridad del destino del detenido, cuya familia tenía que emprender luego un periplo muy largo para llegar a saber dónde había sido finalmente recluido. ¿Es acaso hoy diferente?
Nunca acepté la idea de la necesidad de existencia de presos políticos. Me repugnaban intensamente las prácticas de confinamiento de estas personas en condiciones infrahumanas, en espacios reducidos, húmedos y fríos; sin la ropa y el calzado adecuados, a merced de la inclemencia del tiempo, sin visitas de ningún tipo, aislados del mundo exterior, sin abogados y, como si fuera poco, bajo la acción asquerosa de las torturas físicas y mentales. Esta asqueante sensación se multiplicaba por mil cuando las víctimas eran mujeres o niños. ¿Cambió las cosas la “revolución”? Odié a los funcionarios de estos cuerpos del terror, a sus directivos y a los gobiernos que lo permitían o se hacían de la vista gorda o, simplemente, eran impotentes por distintas razones. Me dije muchas veces que la aplicación de la tortura era totalmente inaceptable y que no se podía aducir ninguna justificación para ello.
Hoy, ya mayor, con los pies en la tierra, con mucho más conocimiento que el que tenía, puedo aceptar que quien conspira para derrocar violentamente a un gobierno, si es apresado, permanezca en esa condición durante el tiempo que las leyes señalen, luego de un juicio justo y oportuno y amparado en el respeto al debido proceso. Pero su prisión no puede causar más sufrimientos que el derivado del confinamiento, que ya es de por sí grande. El gobierno, al existir una población carcelaria, es responsable del mantenimiento de los reclusos en condiciones óptimas de vida y de salud. Es una aberración desentenderse de la oportuna atención a un recluso enfermo. Por todo lo señalado, condeno totalmente la conducta delictiva del SEBIN y de su dirección, al permitir la muerte del concejal de Apure Carlos García, a quien mantenían prisionero, a pesar de tener una medida de casa por cárcel, dictada por un tribunal de la República, por motivos de salud.
El SEBIN se ha convertido, según las múltiples informaciones de prensa y denuncias efectuadas, en un organismo que practica detenciones arbitrarias, confinamiento solitario, torturas físicas y psíquicas, desaparición temporal de prisioneros, privación de asistencia legal, suspensión de visitas familiares y múltiples desacatos de órdenes judiciales de excarcelación de reclusos hasta de un año de dictadas. Está al margen de la ley y su director debe ser investigado y sometido a juicio por su conducta ilegal.
