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Manuel Isidro Molina: “Ley” para la invasión

El último atrevimiento de Estados Unidos contra la soberanía e independencia nacional de la República Bolivariana de Venezuela es el proyecto de “Ley de Asistencia Humanitaria y Defensa de la Gobernabilidad Democrática en Venezuela de 2017”.

Es insultante la naturaleza extraterritorial de esa “ley”, y más con la titulación que se inventaron los “venezolanos” de www.lapatilla.com: “Si Maduro se niega, Trump obligará a través de la ONU al gobierno bolivariano a recibir la ayuda humanitaria“, la propia invasión imperialista deseada por unos pocos venezolanos y venezolanas descocados, ignorantes del derecho internacional, la historia patria y nuestros derechos soberanos de nación independiente, adquiridos desde el 5 de julio de 1811.

El congresista (diputado)  demócrata Eliot Engel, proponente del proyecto, es otro loco de atar:  la “ley”, según La Patilla, “daría al Departamento de Estado 90 días para definir un plan para distribuir la ayuda humanitaria a través de Organizaciones No Gubernamentales, Universidades y la Organización Mundial de la Salud”. ¡Qué atrevidos! ¡Y los de aquí, serviles!

Quisiera saber qué dicen Julio Borges, Luis Florido y todos los diputados a la Asamblea Nacional en representación de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) sobre este esperpento de “ley”, típicamente neocolonial y sin precedentes en América Latina y el Caribe. Inaceptable, no solo por ridícula y demencial, sino por su grado intolerable de prepotencia, agresividad, ofensa a la dignidad nacional venezolana e irrespeto al derecho internacional regido por las cartas y acuerdos multilaterales de la ONU, OEA, UNASUR y CELAC.

Claro, la propuesta está avalada por estos otros tres socios de la MUD y los extremistas macartistas “venezolanos” que piden  a gritos la “invasión de Venezuela”: Ileana  Ros-Lehtinen, Albio Sires y Mario Diaz-Balart, psicópatas del “big stick” (gran garrote) de Theodore Roosevelt, presidente estadounidense entre el 14 de septiembre de 1901 y el 4 de marzo de 1909.

La actual sociedad estadounidense es gobernada por una parranda de locos y locas que se creen dueños del mundo y que EEUU puede impunemente imponer “leyes” a otros países, con apoyo minoritario de “venezolanos” y “venezolanas” sumisos y vendepatrias.

Esta “ley” imperialista no es más que un instrumento para dar una pretendida legitimidad a una próxima invasión de nuestra patria, que como escribí hace unos meses, será una “invasión colombiana y estadounidense” con apoyo desde las bases gringas en Aruba y Curazao, además de las siete bases estadounidenses en territorio de la “hermana República” oligárquica de Colombia, rematada a EEUU por los ex presidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe y el presidente Juan Santos, hipócritas y enemigos jurados de la independencia nacional de Venezuela, siempre asociados al narcotráfico, el paramilitarismo y la violación masiva de los Derechos Humanos, con la bendición de Washington y la OEA.

Esto es demasiado serio, muy por encima de la absurda confrontación bipartidista PSUV-MUD, cuyos dirigentes –lo repetiré un millón de veces- son corresponsables de la macro crisis que nos agobia social, económica, cultural y éticamente. De aprobarse ese instrumento, como es previsible, Trump quedaría a un paso de intentar una aventura parecida a lo ocurrido en Irak, Libia y Siria. Es cuestión de tiempo y ajuste de las piezas nacionales e internacionales para iniciar operaciones desde el Comando Sur, ya suficientemente programadas, estudiadas y analizadas con sus “más estrechos amigos de la MUD”, para decirlo con palabras del ex jefe militar gringo para Suramérica, Centroamérica y el Caribe, general John Kelly, actual Jefe de Gabinete de la Casa Blanca y ex secretario de Seguridad Nacional. Es decir, Trump lo tiene a un costado, 24 horas al día, a gusto con su experiencia de comandante en la invasión de Irak y partidario de severas torturas a los presos en la cárcel de Guantánamo, zona ocupada ilegalmente por Estados Unidos en Cuba.

Actualmente, el Comando Sur está jefaturado por el almirante Kurt W.Tidd, quien en abril pasado dijo en el Comité de Servicios Militares del Senado estadounidense, que “la creciente crisis humanitaria en Venezuela podría obligar a una respuesta regional”, debido a que “Venezuela atraviesa un período de inestabilidad significativa el año en curso debido a la escasez generalizada de alimentos y medicinas, una constante incertidumbre política y el empeoramiento de la situación económica”. Una continuidad abierta con las visiones de Kelly y las tropelías políticas de Trump, por lo que ese trío es de alta peligrosidad para Venezuela, su integridad territorial e independencia nacional.

Si se concatenan estos elementos referidos con la reforma legal propuesta por el representante Eliot Engel, es concluyente la tendencia militarista y políticamente brutal desatada sobre Venezuela, con el gobierno del presidente Nicolás Maduro en la mira, cuyas debilidades nadie desconoce ni puede esconder, bajo mayoritaria insatisfacción y crítica popular. Es decir, la comentada “ley” es la antesala a la programada invasión militar, ya anunciada por Trump con prepotencia e insolencia.

Detallando el texto que aspiran aprobar los congresistas estadounidenses, esta “ley” extraterritorial será una monstruosidad, de altísima peligrosidad, que debemos rechazar venezolanos, latinoamericanos, caribeños y todos los pueblos del mundo, amantes de la paz y la solidaridad internacional.

El Confesionario

Corrupción y desconocimiento del derecho en el Ministerio Público en la jurisdicción del estado Guárico, denuncian abogados en ejercicio: “Aunado al desconocimiento jurídico, administrativo y de gerencia por parte del ciudadano abogado Justo Flores, que tienen al estado Guárico prácticamente desasistido en cuanto al Ministerio Público y sus atribuciones en la entidad llanera, se suman casos de presunta corrupción, injerencia en las investigaciones por parte del fiscal superior, persecución e intimidación, que han generado descontento y falta de motivación entre los funcionarios del MP del estado Guárico”.

La fiscalía anticorrupción de España “acusó formalmente al presidente de la empresa de ingeniería asturiana Duro Felguera, Ángel Antonio del Valle Suárez, por pagar sobornos a funcionarios en Venezuela a cambio de contratos” con la estatal Electricidad de Caracas, adscrita a CORPOELEC. www.elmundo.es informó que también fue imputado el ex presidente de la empresa española, Juan Carlos Torres Inclán, junto con los venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa: “tras detectar pagos en una cuenta del extinto Banco Madrid, en el cual se advierte que el grupo español llegó a pagar a Nervis Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela, un total de 105,6 millones de dólares entre 2008 y 2013”. Otro venezolano implicado es Luis Barrios Melean, representante de la empresa Terca.

Bajo la rectoría fiscal de Luisa Ortega Díaz en Venezuela nada se investigó sobre el conocido y vulgar caso, como ocurrió con los 98 millones de dólares que recibió Carlos Aguilera de los vagabundos empresarios españoles contratados por el Metro de Caracas para la rehabilitación de la Línea 1, en 2009, cuando la empresa era presidida por el actual director del SEBIN y general en jefe (Ej) Gustavo González López. ¿Serán investigados por el fiscal general Tareck William Saab?

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