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Fernando Ochoa Antich: El colapso del gobierno de Nicolás Maduro

La historia universal nos presenta frecuentemente muchos trágicos ejemplos de gobiernos que empiezan a presentar marcados signos de decadencia sin que sus dirigentes y las camarillas que se benefician de sus acciones logren percibir los factores políticos, económicos y sociales que conducirán indefectiblemente a su catastrófico final. Un excelente ejemplo de esta fatalidad lo constituye la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. La írrita constitución de 1953 señalaba dos principios fundamentales: períodos presidenciales de cinco años y la no reelección. Eso obligaba a que se convocaran elecciones directas, universales y secretas en 1957 y que el general Pérez Jiménez no pudiera postularse para un nuevo período presidencial. La oposición democrática planteó formalmente la convocatoria a elecciones populares, la reforma de la constitución de 1953, con el fin de que el general Pérez Jiménez pudiera ser candidato, y la aceptación del régimen de la candidatura del doctor Rafael Caldera.

La respuesta de la dictadura fue la detención de Rafael Caldera por la Seguridad Nacional y su posterior exilio. Esta medida indicó claramente que la dictadura no aceptaría la convocatoria a elecciones. En su lugar, decidió realizar un plebiscito para que los venezolanos dijeran “sí” o “no” a la permanencia del general Pérez Jiménez en la Presidencia de la República, sin considerar el creciente rechazo popular, señalado en la pastoral de monseñor Rafael Arias Blanco, el inicio de una grave crisis económica, producto del inmanejable crecimiento de la deuda interna y el surgimiento de un marcado descontento en los cuadros medios y subalternos de las Fuerzas Armadas. Lo demás es historia: el fraude plebiscitario, la insurrección militar del 1° de enero de 1958, las protestas populares, la huelga general del 21 de enero, la insurrección de la Escuela Militar, la constitución de la Junta de Gobierno presidida por Wolfgang Larrazábal en la madrugada del 23 de enero, y la decisión del general Pérez de viajar a Santo Domingo. Todo había concluido.

El régimen de Nicolás Maduro presenta actualmente signos de deterioro mucho más graves que la dictadura pérezjimenista. Difícilmente un gobierno se ha encontrado en nuestra historia en tan crítica situación. Los motivos que justifican tan complejas circunstancias son ampliamente conocidos por los venezolanos. Desde el inicio de su gobierno se dedicó, con extraordinaria tozudez, a mantener la desastrosa política económica diseñada y mantenida criminalmente por Hugo Chávez durante el esplendor petrolero, la cual comprometió seriamente el destino de Venezuela y el futuro de las nuevas generaciones. Además, ha insistido, de manera contumaz, en irrespetar la carta magna, violar los más elementales derechos humanos, propiciar la corrupción administrativa, garantizar impunidad al crimen organizado, permitir el incremento de la injerencia cubana en los asuntos más sensibles del Estado, comprometer la soberanía e integridad de nuestro territorio y un largo etcétera de tropelías que han conducido a un creciente rechazo a su gobierno en el ámbito internacional y la repulsa generalizada de los venezolanos a su persona y a toda su corrupta camarilla, en medio de una indetenible inflación que ha producido hambre, pobreza, muerte, diáspora, delincuencia y represión. Ante tan graves errores, es inexplicable su permanencia en el poder.

Esta dolorosa situación condujo a que en diciembre de 2015 fuera derrotado en las elecciones parlamentarias de una manera aplastante. En lugar de aprovechar esa circunstancia para reorientar su gobierno mediante un amplio acuerdo nacional, su respuesta fue la de continuar agudizando la crisis, mediante la utilización de una brutal represión en contra de la disidencia, que lo ha convertido en posible reo de la justicia internacional. Además, su respuesta ha incluido la persecución de la fiscal general de la República, hasta obligarla a exiliarse, el empleo de un írrito Tribunal Supremo de Justicia y del no menos írrito y desprestigiado Consejo Nacional Electoral. Por último, transgrediendo nuevamente la Constitución nacional, convocó a una asamblea nacional constituyente comunal. Todo esto con el objetivo de contar con pseudoinstituciones que puedan justificar ilegalmente sus desafueros.

A los pocos días de comenzar sus sesiones la inconstitucional asamblea constituyente le comunicó al CNE su decisión de establecer el 15 de octubre como nueva fecha para las elecciones de gobernadores, la cual había sido previamente saboteada por Nicolás Maduro al impedir su realización en diciembre de 2016 como correspondía constitucionalmente. Esta decisión estuvo marcada por un avieso interés político: Nicolás Maduro y su camarilla consideraron que la inminencia de la fecha electoral podía favorecer a sus candidatos. La situación de la Mesa de la Unidad Democrática era bastante comprometida. Tenía que efectuar sus elecciones primarias, resolver los posibles problemas que podían surgir entre los distintos precandidatos y superar la insatisfacción existente entre algunos sectores de la oposición como consecuencia de la suspensión de las protestas de calle. Estos factores psicológicos podían generar una creciente tendencia abstencionista en las filas opositoras. En efecto, ello se reflejó en las primeras consultas de opinión. Sin embargo, afortunadamente, esa situación ha sido superada de manera definitiva. Las últimas encuestas indican que la tendencia abstencionista ha disminuido considerablemente y, en este momento, más de 60% del padrón electoral, con tendencia muy marcada a aumentar, asistirá a votar el próximo 15 de octubre.

Al percibir el fracaso de la maniobra electoral, Nicolás Maduro presionó al ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero para que convenciera al presidente dominicano, Danilo Medina, de la importancia que tendría invitar al gobierno y a la oposición venezolana a Santo Domingo, para emprender una nueva negociación. La MUD tuvo, desde el principio, una clara visión del objetivo de la invitación: dividir a la oposición, generar descontento en el sector opositor por las amargas experiencias previas y restituir la superada tendencia abstencionista para la elección de gobernadores. La decisión no era fácil de tomar. No asistir a la invitación del presidente dominicano podía influir negativamente en el importante apoyo que la comunidad internacional le había dado a los sectores democráticos, fundamentalmente después del viaje de Julio Borges a Francia, Inglaterra, Alemania y España.

La decisión fue tomada con gran tino: asistir a una primera reunión con el presidente Medina para establecer las condiciones exploratorias del diálogo. El gobierno nacional creyó que los representantes de la MUD se sentarían a negociar, en una segunda oportunidad, sin exigir previamente el cumplimiento de los compromisos establecidos en presencia del presidente Medina. Craso error. El comunicado fue terminante: no asistiremos a una nueva reunión mientras el gobierno nacional no libere a los presos políticos y se inicien las gestiones para permitir el acceso de donaciones de alimentos y medicinas a Venezuela. En definitiva, el gobierno de Nicolás Maduro no tiene destino. Se encuentra en medio de un total e inmanejable colapso que, por el bien de Venezuela y de los venezolanos, esperamos que, más temprano que tarde, lo obligará a ceder ante las legítimas exigencias de los sectores democráticos.

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