Las engañifas de los dictadores en los eventos electorales son de vieja data. En Venezuela existe un sinnúmero de ejemplos. Después de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez, cada aspirante a la perpetuidad ha recurrido a múltiples actos impúdicos para lograr eternizares en el poder. López Contreras contrató a Franco Quijano quien, entre otras marramuncias, aplicó una tinta invisible en boletas para identificar al votante. En las elecciones de 1944 de concejales y de diputados a la Asamblea Legislativa, el presidente del estado Zulia, Benito Roncayolo, preocupado por el triunfo de AD en Cabimas y Lagunillas, solicitó autorización a Medina para influir en la Corte y anular el evento. Los ciudadanos en la calle se impusieron y el gobierno tuvo que reconocer su derrota. Posteriormente, en 1952 Pérez Jiménez se robó las elecciones para la Constituyente. Afortunadamente los honestos integrantes del organismo electoral renunciaron. Vicente Grisanti, presidente del Consejo Supremo Electoral, y otros diez u once miembros, entre ellos Juan Saturno Canelón, Carlos Miguel Llollet y Federico Moleiro no avalaron la trampa. Pérez Jiménez los sustituyó por Ricardo Mendoza. Posteriormente designó a Pablo Salas Castillo, quien se prestó al cambio del número de votos, y años después presidió el partido perezjimenista Cruzada Cívica Nacionalista.
Es necesario recordar los nombre de Grisanti y su equipo, ya que no son frecuentes esos actos de valentía entre funcionarios, pero también es imprescindible no olvidar los nombres de los delincuentes. Con respecto a los últimos años, no hay duda de que los integrantes del Consejo Nacional Electoral desde el 2003 a la fecha han demostrado deshonestidad intelectual y ausencia de moral y ética al favorecer descaradamente al régimen de la destrucción venezolana. Francisco Carrasquero, Jorge Rodríguez y Tibisay Lucena, así como las rectoras identificadas con la barbarie oficialista han evidenciado una parcialidad similar a la de un Salas Castillo pero en modo superlativo. Desde 1999 el CNE se ha convertido en el ministerio de asuntos electorales del régimen. Y en esa función han dejado de cumplir el papel de árbitro que les asigna la Constitución para convertirse en apañadores de todo tipo de fraudes y trampas. Desde permitir el más grotesco ventajismo gubernamental (que incluye peculado, malversación, corrupción, utilización indebida de los medios y bienes del Estado a favor de sus candidatos, sustracción de actas, amenazas descaradas a los funcionarios públicos etc.), hasta la mudanza intempestiva e inconsulta de más de setecientos mil electores, a dos días del proceso del 15 de octubre, con lo cual intencionalmente impidieron que ejercieran su voto y provocaron una abstención compulsiva en los electores de la MUD. Pero hay que recordar que no hay mal que dure cien años y nuestra lucha sin tregua contra la dictadura no menguará para que el apotegma popular tome más temprano que tarde su mejor y más valiosa vigencia. El objetivo de Maduro y la “mafia electoral” es desestimular el voto, porque electoralmente ya tocaron techo. Y el nuestro es seguir en nuestra terca búsqueda de la libertad en el marco de la constitución nacional. Al recuperar la democracia tendremos que identificar a los Vicente Grisanti, es decir a ciudadanos honestos para que integren un CNE imparcial. Mientras tanto tenemos que votar cada vez que haya un proceso electoral, aun con este CNE, y presionar como en 1944 para que sean respetados los resultados.
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