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Carlos Mendoza Potellá: La industria petrolera venezolana: Un barco en la tormenta (II)

Las circunstancias históricas descritas en la primera parte de este “barco en la tormenta” han sido las determinantes de la contemporaneidad. Trataremos de hacer la conexión entre los viejos debates y el actual, para fundamentar las políticas que nos imponen las aguas turbulentas que agitan a la industria petrolera, local y universalmente hablando.

Las posiciones que asumimos en esta materia durante las tres décadas finales del siglo XX condujeron a que se nos asociara, para honra nuestra, con los planteamientos de los maestros Francisco Mieres y Gastón Parra Luzardo y con la memoria de Juan Pablo Pérez Alfonzo. Como “profetas del desastre” fuimos etiquetados por sectores poderosos de la opinión pública, convictos por insistir en denunciar el rumbo de disminución de la capacidad generadora de excedentes para la Nación de nuestra industria petrolera, tendencia que fuera diagnosticada por Pérez Alfonzo, al evaluar las posibles consecuencias de los proyectos de los que ya para entonces él calificara como “gerentes alzados”.

A las dañosas modalidades de la nacionalización criolla se agregan otros hechos no valorados en sus efectos agravantes para la situación de Venezuela. Sin exagerar, puede afirmarse que el futuro es difícil. La caída violenta de la Participación Fiscal es uno de esos hechos. Son estos ingresos los que cuentan de verdad para el pueblo venezolano. Son ellos los que se supone sembrar para sustituir la liquidación de tan valiosos activos nacionales sin perjudicar las futuras generaciones ni la perpetuidad de la nación. Los excedentes que la misma industria guarde con destino a ser invertidos en la propia liquidación del petróleo, es errado o malicioso pretender integrarlos a aquellos ingresos que sí quedan disponibles para invertirse en todos los proyectos imaginables en el intento de acallar la angustia por el agotamiento del capital petrolero. La participación fiscal, que es la efectiva, va llegando a su caída de 1978 a unos $3.367 millones, casi el nivel de 1974. Más pronto de lo que nadie imaginara, el ‘boom’ de ese famoso año lo dejamos desvanecer.1

Esas consecuencias quedaron de manifiesto en los 30 años siguientes, según las cifras que conforman el gráfico inserto en la entrega anterior: el rumbo inversamente proporcional del crecimiento de los costos y la caída de la participación fiscal.

El colapso de los precios del petróleo en 1998 fue una de las consecuencias de la política aperturista de privilegiar los “volúmenes” y burlar los acuerdos suscritos en el seno de la OPEP para la defensa de los precios.

La general inconveniencia de estas circunstancias (13 dólares el barril promedio 1998 para el crudo de referencia WTI, 8 dólares la cesta venezolana) condujo a una primera concertación de países productores OPEP y No-OPEP, (Arabia Saudita, México, Noruega, a regañadientes Venezuela y, de manera subrepticia, los productores domésticos norteamericanos, representados por el Secretario de Energía Bill Richardson) todos los cuales acordaron recortes de producción que dieron lugar a un repunte de los precios desde las profundidades de esos 9 dólares hasta cerca de 30 dólares el barril para el 2000. En el siguiente gráfico, que data de esos momentos, se reseña el proceso y registran las expectativas que teníamos en 1999.

La convocatoria de la II Cumbre de la OPEP hecha en el 2000 por el Presidente Chávez y realizada en Caracas, condujo a una reasunción efectiva de la política de defensa de los precios y éstos repuntaron por encima de los 30 dólares el barril a partir de entonces.

En 2001, la promulgación de una nueva Ley de Hidrocarburos en Venezuela intentó detener el deslave fiscal ocasionado por los aperturistas: el Impuesto Sobre la Renta se incrementó de desde 34 hasta 50 por ciento y la Regalía, desde el 1% hasta el 33%. Se detuvo la dinámica perversa ya descrita entre costos y participación fiscal, invirtiéndose los rumbos registrados hasta entonces.

Simultáneamente, los precios continuaron su rumbo ascendente, remontando por encima de 40 dólares a partir del 2004… y allí comenzó de nuevo la feria de las ilusiones con la Faja del Orinoco que ya hemos referido en las entregas anteriores y que dieron lugar a una planificación de pajaritos preñados que se planteaban metas de producción que resultaron inalcanzables, tanto por la carencia de medios y recursos para materializarlas, como por las circunstancia de que las mismas desbordaban la capacidad de absorción del mercado petrolero global, dadas las tasas de crecimiento de la demanda estimadas por los principales centros internacionales especializados -e interesados- en la materia, en particular, la propia OPEP, la Agencia Internacional de Energía, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, sin contar a las grandes transnacionales petroleras y financieras.

La realidad fue que en 2012 estábamos produciendo menos que en 2005, pero la contumacia expansiva continuó, hasta límites inimaginables, como proponer una meta de producción de casi 7 millones de barriles diarios para el 2021, extrayendo más 4 millones 700 mil bd de la Faja del Orinoco:

La inviabilidad de estas metas estaba expuesta en las propias cifras de la inversión requerida, ya citada en la entrega anterior: 300 mil millones de dólares entre 2015 y 2019.
El resultado, también mostrado gráficamente, fue el siguiente:

A pesar de las ironías y en el entrecomillado de la palabra “planificación” para definir estos ejercicios de ciencia ficción, estas circunstancias no son cómicas. Son trágicas, y constituyen el fundamento de nuestra insistencia en revelarlas y denunciarlas, porque nos afectan personalmente por nuestra identificación nacionalista y socialista y en la misma medida en la que la frustración de la gestión pública de los recursos nacionales le da alas a los eternos heraldos de la privatización y la dejación de soberanía.

La convicción de que somos una potencia sigue incólume, tropezando cada día con la misma piedra de la inviabilidad de los sueños montados sobre la que, sin lugar a dudas, es la mayor acumulación de hidrocarburos sobre el planeta, pero cuyas características físicas y las condiciones actuales del mercado impiden su desarrollo acelerado a corto, e incluso, a mediano plazo, amén de enfrentar un panorama modesto y complicado en el largo plazo, debido al cambio de la matriz energética en sentido negativo para los energéticos emisores de gases de invernadero. Matriz que está siendo impuesta, tanto por un desarrollo tecnológico cada día más desmaterializado, -determinado en gran medida por la tendencia ancestral del capital de moverse desde los sectores de menor rendimento hasta los más rentables- como por el crecimiento de una conciencia ambiental universal, a pesar de Trump y los lobbys carboníferos.

La posibilidad de convertirnos en una potencia petrolera global es una certeza generalizada, sobre todo sostenida por los expansionistas originales, los aperturistas de los años 90, quienes consideran que los planes volumétricos formulados hasta ahora no se han podido cumplir por el “exagerado estatismo”, el control de la industria en tanto que propiedad pública y las tendencias socializantes que han impedido el libre movimiento de los factores de la producción mediante el desarrollo de empresas privadas competitivas, nacionales e internacionales.

Esa visión privatista continúa floreciendo en los proyectos de los promotores de “una transición” en la industria petrolera venezolana, para ajustarla a las normas de neoliberalismo fundado en los principios del consenso de Washington, propagando para ello una intencionada confusión del concepto eterno de Nación y su forma republicana con los conceptos temporales de Estado y gobierno, al pretender identificar la propiedad pública, de la Nación, con una supuesta “propiedad estatal”.

Con este artificio se plantea que los ciudadanos actuales,”los verdaderos dueños del petróleo”, deben devengar el dividendo anual individualizado que genere la inversión petrolera, para así limitar la voracidad fiscal del Estado, “lo que el gobierno se coge” y destina a gastos ineficientes que limitan la reinversión petrolera.

Este planteamiento es simplemente, la promoción de un reparto anticipado, con características de rapiña, de un patrimonio secular, de la Nación eterna.

En vez de un “fondo para las nuevas generaciones” como el creado por Noruega desde los años 70 del siglo pasado, el cual crece todos los años por la realización de inversiones rentables en otras latitudes y limita a un 4% el ingreso de sus rendimientos a la economía de ese país, precisamente para no padecer del “efecto Venezuela” o de la “enfermedad holandesa”, aquí se propone, con el más contumaz rentismo, y la más abierta promoción del egoismo intergeneracional, crear un fondo para su reparto anual entre los actuales habitantes. “El que venga atrás que arree”, decía Pérez Alfonzo.

No podemos concluir esta entrega sin una referencia personal. Y es que el ejercicio de la crítica sin adornos demagógicos trae consecuencias que algunas veces son, cuando menos, incómodas. Nadie aprecia el papel de Casandra.

Las opiniones expuestas en esta serie de artículos han molestado a los entusiastas promotores de futuros luminosos que cuentan los pollos antes de nacer, en particular en la Faja del Orinoco, con la paradoja de que la molestia por nuestro llamado a poner los pies sobre la tierra viene de tirios y troyanos, unos, por negar nuestro presente como potencia y por ser un tonto útil que quiere dejar el petróleo para su aprovechamiento futuro por el gran capital transnacional, y otros, por la insistencia en un “estatismo” rentista y socializante, desfasado de la liberal modernidad competitiva.

No basta con responder que amanecerá y veremos, continuaremos insistiendo en presentar la desnudez del Rey.

Anexos

El precio necesario para alcanzar una meta de gasto real per-cápita, similar a los obtenidos en los años donde esta variable presentó valores relativamente altos, se encuentra en un rango de entre 70 y 110 dólares por barril.

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