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Ramón Guillermo Aveledo: Legalidad magullada

Cuando el Gobierno hace gárgaras de politiquería internacional barata e ineficaz, demuestra otra vez su escaso sentido del Estado.

Mientras chapotea y se hunde en el tremedal económico en que nos ha metido a todos, viendo cómo elude el escandalazo valenciano en su propio seno, libera a Goicoechea y Guárate, dos presos que nunca debieron serlo. Y, en seguida, se lleva por delante, de nuevo, la Constitución, en el “juicio” express al diputado Freddy Guevara, quien ya se encuentra bajo la protección de la embajada de Chile. Incómodo refugio para el discurso oficial que todo lo atribuye a una conspiración de la derecha mundial.

Estamos ante una arbitrariedad más por la que ya va recibiendo una tunda internacional. La Unión Interparlamentaria Mundial y varios gobiernos, además de partidos, parlamentarios y personalidades de muchas partes, han protestado por la persecución al diputado Guevara, quien es nada menos que primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y dirigente principalísimo de un partido importante. Los doce cancilleres del “Grupo de Lima” lo han tachado como “un nuevo atentado contra el Estado de derecho y la división de poderes en Venezuela”. Pésima idea esa de perseguir diputados cuando el propio Gobierno necesita acopiar credibilidad para intentar el refinanciamiento de la enorme deuda externa que ha contraído.

La decisión del TSJ adolece de varias fallas graves, por lo que leo en las versiones periodísticas. Creo que la principal es su idea de la flagrancia, la cual, según el Copp, es aquella situación en la que un delito se está cometiéndose o acaba de cometerse “o aquel por el cual el sospechoso o sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público”, lo cual obviamente no es el caso, y más peligrosa aún es mezclar y confundir eso con la supresión de derechos a la persona de un diputado.

Y si lo anterior fuera poco, se remite el caso a la ANC, que no es tribunal de alzada del TSJ, ni siquiera tiene competencias judiciales y no puede allanar la inmunidad de alguien que no es miembro suyo, lo cual incumbe exclusivamente a la Asamblea Nacional. Porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sigue siendo la de 1999 y no se ha atrevido el TSJ, y ni siquiera la llamada ANC, a derogarla total o parcialmente, aunque esos predios sean los que de facto pisen.

Serenidad y prudencia. Tan escasas y tan necesarias.

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