La abstención de las fuerzas críticas con Maduro vaticina una victoria aplastante del oficialismo en 335 alcaldías y la Gobernación del Estado de Zulia
El cierre de campaña de Érika Farías, candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la Alcaldía del municipio de Libertador (Caracas), fue interrumpido por una mujer que se coló en la tarima el pasado jueves. “No tengo cocina, no tengo nada… Once familias en la calle, los malandros (delincuentes) nos dejaron en la calle”, dijo. Su reclamo quedó a medias. Fue abrazada por la aspirante a alcaldesa y Elías Jaua, ministro de Educación, hasta ser despojada sutilmente del micrófono, mientras el animador del mitin pedía una “bulla” al público y su voz se desoía en la gritería. “El pueblo, su pasión y sus angustias. Recuerdo a nuestro comandante Hugo Chávez [fallecido en 2013], que una vez me dijo: ‘Elías, es la cruz de Cristo, nuestro pueblo, y nosotros decidimos cargarla. ¡Llevémoslo con humildad, con dignidad!”, justificó Jaua.
El oficialismo recurrió, una vez más, a la memoria de Chávez en vísperas de elecciones ante la infructuosa gestión del presidente Nicolás Maduro. El domingo, los venezolanos votarán por 335 alcaldes y un gobernador en el Estado occidental de Zulia sin la participación de los principales partidos opositores, Voluntad Popular (fundado por Leopoldo López), Primero Justicia (liderado por Henrique Capriles) y Acción Democrática (dirigido por Henry Ramos Allup), que consideran inexistentes las condiciones electorales después de denunciar graves irregularidades en los comicios regionales del mes de octubre.
Solo los opositores de Un Nuevo Tiempo (UNT), Copei y Avanzada Progresista presentaron candidatos en las votaciones municipales. La abstención es vista como un error político por una fracción de la oposición, mientras que otros apoyan la decisión. La oposición puede perder varias de las 76 alcaldías que controlan desde diciembre de 2013. Esto sumaría más feudos al Gobierno que, además, dominar 18 de 23 provincias de Venezuela.
Una victoria opositora tampoco sería garantía de poder político, sin embargo. El Tribunal Supremo de Justicia, afín al Gobierno, ordenó el arresto de varios alcaldes por no impedir las protestas antigubernamentales entre abril y julio, en las que murieron 121 personas, un 25% de ellas a manos de cuerpos policiales y militares.
David Smolansky, militante de Voluntad Popular, era alcalde del municipio caraqueño de El Hatillo cuando fue amenazado con la cárcel. Él debió abandonar su cargo para huir del país. Otros, en cambio, son prisioneros. Alfredo Ramos, el alcalde de Iribarren en el Estado de Lara, fue detenido por el Sebin (Servicio de Inteligencia Bolivariana Nacional) a finales de julio. Su familia denunció que su salud empeoró desde que está arrestado, según EFE.
Pese a los antecedentes, Yon Goicoechea, un español-venezolano, postuló su candidatura a la Alcaldía de El Hatillo unos días después de ser sido liberado por orden del régimen, en noviembre. En varias entrevistas, el exprisionero político asegura que decidió permanecer en Venezuela.
En Zulia, los votantes opositores pudieran estar menos animados a participar en las elecciones después de que Juan Pablo Guanipa, el gobernador electo en octubre, fue destituido por el Consejo Legislativo de ese estado por no juramentar su cargo ante la ANC. Manuel Rosales, líder de UNT y excandidato presidencial, busca ganar la Gobernación. Este político estuvo seis años en el exilio, en Perú, y fue arrestado cuando regresó a Venezuela en 2015. Las autoridades de su país lo acusaban de enriquecimiento ilícito. Fue calificado como preso político por la coalición Mesa de la Unidad Democrática. En diciembre de 2016, el dirigente fue liberado. De ahí su postura es menos radical contra el régimen.
En búsqueda de legitimidad
De arrasar el partido del régimen sería una victoria con una reducida popularidad. La gestión de Maduro es percibida como “negativa” por un 80% de los ciudadanos, aseguran encuestas locales. Es un malestar generado por un cóctel de adversidades: la depresión económica, el autoritarismo político y la carestía de la población.
Pero el PSUV no tiene herederos al trono. Maduro quiere ser reelecto en 2018, pero su gobierno es visto como autoritario. De ahí que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, haya sancionado económicamente a su homólogo de Venezuela, cuya fortaleza está en el control de los recursos financieros y de los poderes del Estado, entre ellos el Consejo Nacional Electoral y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
El mandatario venezolano se refugia en el diálogo con la oposición y en sus victorias en las elecciones de la ANC, provinciales y posiblemente en las municipales para argumentar que existe democracia en el país sudamericano.
El País
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