El mandatario ha sido acusado de cobros de más de 4,8 millones de dólares a través de una de sus empresas vinculadas al caso de la constructora brasileña
El Congreso de Perú, dominado por la oposición, ha aprobado este viernes que el próximo jueves 21 de diciembre se debata la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por “incapacidad moral”, una figura que establece la Constitución, derivada de sus vínculos con el caso Odebrecht. Con 93 votos a favor y 17 en contra, el pleno, en el que el fujimorismo tiene mayoría absoluta, ha dado luz verde a la moción presentada este viernes por tres partidos opositores (el Frente Amplio, Fuerza Popular y el Partido Aprista). Por ley, el mandatario dispone de una hora para hacer sus alegaciones antes de dicha votación o bien puede enviar a su abogado.
El documento presentado para solicitar la destitución de Kuczynski señala que “la incapacidad moral es aplicable en conductas graves que, sin ser delitos ni infracciones de un juicio político, deterioren a tal magnitud la dignidad presidencial, más aún cuando el presidente de la República es el jefe de Estado y personifica a la Nación, por lo tanto, hace imposible que se mantenga en el cargo después de tales conductas”.
Pese a que durante el debate, la gran mayoría de legisladores llamaron a la mesura y a la reflexión en la peor crisis política de Perú desde el año 2000, el trámite fue rápido y la votación, abrumadora. De los 130 congresistas, 93 votaron a favor pese a que solo se requería el voto de 48. En la sesión, llamó la atención que la dirigente fujimorista y expresidenta del Congreso Luz Salgado dijera que su partido encabeza la actual lucha anticorrupción y que nunca se encontró una cuenta bancaria a Alberto Fujimori ni a sus hijos. El expresidente Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, pero también por robo y corrupción.
Mientras transcurría el debate, un colectivo ciudadano antifujimorista convocó una marcha para la tarde del sábado en el centro de Lima. “Nos hartamos del abuso de la mafia fujimorista enquistada en el Legislativo destrozando las instituciones y desestabilizando al país. El fujimorismo quiere blindar a su mafia desde los poderes del estado y no lo vamos a permitir”, indica la invitación en Facebook.
Pedro Pablo Kuczynski aseguró este jueves que no abandonará la presidencia del país sudamericano por el escándalo de corrupción en torno a Odebrecht después de que la constructora brasileña revelase el miércoles un supuesto pago de 4,8 millones de dólares (4,1 millones de euros) a dos empresas de asesoría vinculadas al mandatario efectuado hace más de una década.
PPK rompió su silencio el jueves pasadas las 23.00 horas (las 05.00 de la madrugada en la España peninsular). “La corrupción sistémica pretende amenazar nuestro Gobierno y nuestra democracia. Compatriotas: no me voy a dejar amedrentar”, dijo en un mensaje a la nación que duró tres minutos. PPK anunció también que solicitará a la Fiscalía que le levante su secreto bancario para salir de dudas sobre esos pagos. “No voy a abdicar ni a mi honor, ni a mis valores, ni a mis responsabilidades como presidente de todos los peruanos. Estoy dispuesto a defender mi verdad. Nos costó mucho recuperar esta democracia. No la volvamos a perder”, prosiguió.
La constructora brasileña informó el miércoles al Congreso de Perú de que realizó un pago de 4,1 millones de euros entre el 2004 y el 2012 a dos empresas de asesoría vinculadas al ahora presidente del país. De acuerdo con el informe recibido por la cámara, Odebrecht había realizado cinco pagos a la empresa Westfield Capital por un total de 752.000 dólares (635.000 euros) entre 2004 y 2006, años en los que el presidente peruano se encontraba al frente de la cartera de Economía con el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). Westfield Capital figura como una empresa unipersonal de asesoría de banca de inversión en la declaración de intereses presentada por Kuczynski en enero de 2017 y la última transacción de la firma de asesoría se produjo en 2007, informa Reuters. El dirigente peruano ha insistido en que, aunque él era el dueño de la empresa Westfield Capital, no la gestionaba en esos años.
El próximo 21 de diciembre el fiscal que dirige el equipo especial anticorrupción del caso Odebrecht, Hamilton Castro, interrogará de forma reservada al mandatario en el Palacio de Gobierno acerca de los pagos que recibió a través de Westfield Capital. Y al día siguiente, Kuczynski tendrá que comparecer ante la Comisión parlamentaria del mismo caso.
‘Impeachment’
“Kuczynski ha tenido tiempo suficiente para evaluar su delicada situación y tomar esta decisión [sobre la renuncia]”, señaló Daniel Salaverry, portavoz del fujimorista Fuerza Popular. Javier Velásquez, del Partido Aprista Peruano, añadió que si PPK no entregaba su carta de renuncia se sumarían a las iniciativas para pedir su destitución por incapacidad moral (estipulada en el artículo 113 de la Constitución), una medida por la que se necesitan 87 votos en un Congreso de 130 escaños. El grupo parlamentario de izquierda Frente Amplio, con 10 congresistas, fue el primero en informar de que pediría la destitución Kuczynski. De cumplir su amenaza, los votos a favor de la destitución —de los fujimoristas APRA, Alianza por el Progreso (APP) y el FA— sumarían 96.
“Exhortamos y demandamos al presidente, Pedro Pablo Kuczynski, a renunciar a su cargo por el bien de la democracia y en pro de la gobernabilidad”, dice la APP a través de un comunicado. Este partido es liderado por el excandidato presidencial César Acuña, quien fue denunciado por haber plagiado sus tesis de maestría en Lima y de doctorado en la Universidad Complutense, en España. Un juzgado en Madrid aún investiga su caso.
Si este jueves el Congreso aprueba la destitución, el primer vicepresidente Martín Vizcarra tendrá que asumir el cargo, pero el escenario no es sencillo. El politólogo y catedrático universitario Eduardo Dargent comentó a EL PAÍS que el presidente Kuczynski “tiene que generar una conducta muy inteligente pensada en su vicepresidente, dada su debilidad”.
Según el analista, “mientras sigan las investigaciones contra Fuerza Popular, el fujimorismo va a querer seguir atacando. Vizcarra tiene el problema del aeropuerto de Chinchero (un proyecto que se se canceló en 2016 tras una mala negociación con la empresa Kuntur Wasi) pero va a tener que plantarle cara porque la oposición va a continuar con las mismas estrategias que hasta ahora”, advirtió.
El País
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