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Jesús María Casal: A sus anchas

La espuria Asamblea Constituyente sigue ex­pul­sando sin contemplaciones la lava abrasiva del poder absoluto. No cuenta con la legitimidad del po­der constituyente originario ni es expresión au­tén­tica de la soberanía popular, en su univer­sa­li­dad e indivisibilidad, pero actúa como órgano su­pre­mo situado por encima de la Constitución, de la Democracia y de los derechos humanos. Ni si­quie­ra una verdadera ANC podría actuar lícitamente como ella lo hace, pero la conciencia republicana se resiente al observar que la forma más grave de usur­pación es empleada para desmontar los úl­ti­mos vestigios de la juridicidad y de la genuina par­ti­­cipación democrática. En el fondo es coherente que así sea, pues unos gobernantes acostum­bra­dos a ejercer el poder sin limitaciones, sin rendir cuentas y sin responsabilidad, amparados en los pri­vilegios derivados de las posiciones que os­ten­tan y de la ausencia de controles, al hallarse ante la posibilidad de la alternancia por voluntad del pue­blo, se enfrentaron a este dilema: aceptar las con­secuencias del juego democrático, en que se pue­de ganar o perder, o subir un nivel en la esca­la­da del poder irrestricto, erigiéndose en dueños y ad­ministradores de las condiciones para la per­ma­nen­cia en el mando.

Los poderes de la supuesta ANC

Se habla cada vez menos de la eventual nueva Constitución y la supuesta ANC tiende a entroni­zar­se como instancia ordinaria de un régimen reñi­do con el Estado de Derecho. Las enormes facul­ta­des que se ha atribuido le han servido para dictar le­yes calificadas de constitucionales; supeditar los re­sultados de una elección a juramentos que están al margen de la legalidad; delegar en los concejos mu­nicipales y grupos de sedicentes constituyentes com­petencias que no posee; declarar la cance­la­ción de la inscripción de organizaciones políticas o su proscripción; allanar la inmunidad de Diputados; suprimir entidades de existencia constitucional­men­te necesaria, entre otros desmanes que ha adoptado con el orgullo lacerante de quien no reco­no­ce principio, ni derecho ni órgano que pueda con­tener su accionar. Todo ello, además, llevado a ca­bo no desde la autonomía sino desde la com­ple­ta subordinación política a los intereses gu­ber­na­men­tales y de manera orquestada con el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público y el Tri­bu­nal Supremo de Justicia. El país que se hunde en lo económico y social sucumbe también en lo po­lí­ti­co. Así como la crisis de índole económica y hu­ma­nitaria no se resuelve con paliativos clientelares que perpetúan el modelo instaurado, la de natu­ra­le­za política no se soluciona concentrando aún más el poder público y develando sin rubor la for­ma arbitraria en que se utiliza.

La recomposición institucional del país

La recomposición institucional del país será im­po­sible mientras se intente establecerla sobre los ci­mientos del poder desmedido y del atropello con­ver­tido en ley. Es urgente que se dé un giro coper­ni­cano y se asuma que las bases de la revisión de la conformación de órganos constitucionales del Es­tado y de su funcionamiento ha de hallarse no en la actividad de un ente que personifica la idea del poder como patente de corso sino en el prin­ci­pio, más costoso y exigente, pero garantista de la li­bertad, del poder como servicio sujeto a con­di­cio­nes de licitud y a severos controles. Preocupa so­bre­manera que la espuria ANC y quienes la rigen avan­cen en la dirección de arrasar con la sus­ten­tación popular de la institucionalidad democrática para lograr algún día, en el que la sociedad de­mo­crá­tica diezmada y víctima de la opresión sea in­ca­paz de hacer valer sus convicciones más pro­fun­das, la imposición constitucional del modelo que la condujo al naufragio.

Navidad, tiempo de reflexión y rectificación

Es hora de rectificaciones y de elevación es­pi­ri­tual en beneficio de Venezuela y de su futuro. Sin se­paración de poderes, sin un Poder Judicial inde­pen­diente, sin órganos constitucionales de control y de defensa de los derechos humanos com­pro­me­ti­dos fervorosamente con su misión constitucional, sin órganos electorales autónomos y confiables, los avances aparentes serán laberintos que pue­den enclaustrar a la nación de manera difícilmente re­versible. Ojalá que la luz sobrecogedora de la Navidad aclare el horizonte, permitiendo vislumbrar salidas pacíficas y democráticas ante la crisis del país, haciendo a la vez perceptibles las des­ven­tu­ras seguramente ligadas a cualquier esfuerzo por cons­truir democracia a partir de la contem­po­ri­za­ción con el poder absoluto.

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