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Michael Penfold: El futuro de la negociación en dominicana

Es probable que contra todo pronóstico el país culmine con un acuerdo en República Dominicana. El acuerdo, si bien no será perfecto, puede llegar a cambiar la situación política tan desfavorable que actualmente enfrenta Venezuela. Ciertamente, después de los resultados electorales tanto del 15 de octubre como del 10 de diciembre, el gobierno asiste a la negociación para ver cómo se queda con el poder. En ningún momento esta negociación es vista por el oficialismo como un mecanismo de transición democrática y mucho menos de abandono de su dominio sobre la totalidad del país. Su principal objetivo en la negociación es otorgarle suficientes concesiones a la oposición para que la comunidad internacional, luego del desmantelamiento institucional que ha sufrido el sistema político venezolano, relegitime una potencial reelección del presidente Maduro para el período 2018-2024. Como veremos, esta negociación pasa por tres temas centrales, sin los cuales la comunidad internacional difícilmente puede llegar a reconocer una potencial reelección: cambio en las condiciones electorales, reconocimiento de la Asamblea Nacional y disolución de la Asamblea Constituyente.

La negociación se mueve sobre dos ejes. Una primera dimensión está referida al intercambio de mejoras en las condiciones electorales (cronograma, renovación del CNE y observación internacional) a cambio de acceso a las aprobaciones de crédito publico necesarias por parte de la Asamblea Nacional, lo cual supone tanto su reconocimiento formal como la eliminación del desacato judicial. En teoría, esta parte de la negociación, también incluye la abolición o por lo menos ciertas limitaciones en el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, que continúa siendo la principal motivación por parte de los EEUU para mantener vigente las sanciones económicas introducidas en agosto de este mismo año. Un segundo eje está vinculado a la eliminación de las inhabilitaciones y de la liberación de los presos políticos a cambio de un desmantelamiento progresivo o una flexibilización parcial de las sanciones económicas e individuales tanto de los Estados Unidos como de Europa.

Este último tema es fundamental para el gobierno. Aún si suponemos que el presidente Maduro logra ser reelecto en el 2018, su viabilidad futura está seriamente afectada por unas sanciones que en la práctica impiden cualquier reestructuración o refinanciación de la deuda; y adicionalmente limitan severamente la capacidad de PDVSA de utilizar a Citgo para realizar la procura de bienes y servicios de la industria petrolera al restringir a 90 días el crédito comercial de corto plazo en los Estados Unidos. PDVSA, debido a su situación financiera así como a la corrupción y a su pésima gestión gerencial, paga en el mejor de los casos a más de 150 días o sencillamente no paga. Esta realidad financiera supone que en la práctica el crédito comercial de la empresa estatal se cerró y sus proveedores dejaron de prestar servicios. China y Rusia tampoco han salido al rescate con dinero fresco tal como el gobierno anticipaba. Bajo estas condiciones, y sin un cambio radical en la política económica, es virtualmente imposible estabilizar la producción petrolera y mucho menos resolver el problema del financiamiento internacional que enfrenta tanto el gobierno central como PDVSA. En los últimos dos meses, PDVSA ha perdido más de 200,000 barriles diarios de producción. A esta tasa de decrecimiento de la producción, PDVSA podría llegar a caer a poco menos de 1.6 millones de barriles diarios para el primer trimestre del 2018. En el mejor de los escenarios –incluso con una producción de 1.9 millones barriles y con un precio para la cesta venezolana de cincuenta dólares– las necesidades de financiamiento de Venezuela superan los 7 mil millones de dólares.

¿Cuánto va a ceder el gobierno? Lo suficiente como para garantizar un reconocimiento internacional, pero tampoco tanto como para permitir unas elecciones perfectamente competitivas. ¿Cuánto va a aceptar la oposición? Todo aquello que le permita mostrar algunas mejoras en las condiciones electorales, la eliminación de las inhabilitaciones y la liberación de los presos políticos. A pesar de la voluntad de ambas partes de hacer concesiones, la incertidumbre de la negociación radica en un tema que ninguna de las partes controla: las sanciones. Dentro de este proceso de negociación, la comunidad internacional, y muy especialmente los Estados Unidos y la Unión Europea, deben aceptar definir unilateralmente las condiciones bajo las cuales podrían estar dispuestos a desmontar las sanciones en un futuro inmediato. Para la comunidad internacional esto es un tema complejo: las sanciones fueron diseñadas para producir un cambio político en Venezuela y su desmantelamiento nunca fue pensado para legitimar una potencial reelección del presidente Maduro.

La alternativa para el chavismo

La reelección del oficialismo, sobre todo su sostenibilidad, pasa por la negociación. Esto es indudable. Ir a la reelección, sin una negociación exitosa, implica asumir una presidencia que es inviable y que plantea unos problemas de gobernabilidad que son totalmente insuperables tanto desde el punto de vista internacional como económico y financiero. De ahí que el gobierno haya dicho que sin negociación y sin remoción de las sanciones no habrá elecciones presidenciales en el 2018. Pero esta amenaza es poco creíble. Unas condiciones económicas signadas por la hiperinflación y en especial por el colapso de la producción petrolera, le imprimen un sentido de urgencia a un gobierno, que a pesar de la retórica, entiende perfectamente las consecuencias políticas de un aceleramiento del deslave social. El gobierno, en cualquier caso, pareciera preferir adelantar contra viento y marea estos comicios a más tardar para finales del primer semestre del año entrante.

La alternativa para el chavismo frente a la negociación es sustituir a su candidato a la presidencia sin necesariamente sacrificar su hegemonía sobre el control institucional del país; lo cual implica no hacer concesiones electorales ni políticas a la oposición. Con ello se sacrifica la reelección de Maduro, se abandona la negociación en Dominicana y se busca resolver tanto el tema internacional y financiero a través de un nuevo gobierno que asegure la continuidad chavista, pero que produzca una ruptura con el modelo económico actual. Esta alternativa buscaría consolidar el poder sin necesariamente aceptar la negociación, aceleraría las elecciones presidenciales sin cambio en las condiciones electorales y conllevaría a impulsar un programa de estabilización económica sin cooperación del mundo opositor. No obstante, para el chavismo este escenario continúa siendo incierto, pues aún si lograran alternar el candidato para promover un refrescamiento controlado en el gobierno, es difícil pensar que obtendrían el reconocimiento internacional. Las sanciones, al menos en el corto plazo, difícilmente serán removidas. Para flexibilizar las sanciones, tanto los Estados Unidos como Europa, tendrían que cambiar su objetivo de política exterior de una política orientada al “cambio de régimen” a una mucho más pragmática que busque tan sólo un “cambio de comportamiento”.

Hasta ahora la voluntad de Maduro de impulsar su reelección pareciera que se va imponiendo. Su aspiración a ser reelecto se basa en haber forzado la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente así como su amplia victoria en las elecciones regionales y locales. Su carta de presentación frente a sus rivales internos son su control total sobre la Constituyente, el triunfo en 19 gobernaciones y 308 alcaldías. ¿Quién dentro del chavismo apostó que iban a estar en esta situación luego de cuatro meses de protestas y de haber permitido el colapso de la economía más grande de la historia venezolana? Pero aún con estas fortalezas, el futuro de Maduro se muestra incierto si no logra un nuevo reconocimiento internacional y un cambio en las sanciones. Y sus rivales internos, quienes también aspiran sustituirlo, y quienes prefieren un sistema hegemónico de partido como el del PRI en México, es decir, sin reelección, entienden perfectamente estas limitaciones.

La oposición tiene que enfrentar este dilema a la inversa. Dejar de negociar con Maduro es permitir que se imponga un tercero dentro del chavismo que a su vez no va a aceptar ninguna negociación. Estos potenciales sustitutos chavistas desean imponerse y apuestan a que la comunidad internacional estará más dispuesta a entenderse con ellos, si hay un “cambio de comportamiento”, que si Maduro decide quedarse en la presidencia. Desde este punto de vista, la Revolución queda mejor blindada con alternabilidad partidista y sin negociación que con concesiones políticas y reelección. Para los rivales internos, e incluso también para una parte del estamento militar, la negociación más bien podría ser riesgosa, pues un cambio tanto en las inhabilitaciones como en las condiciones electorales podría aumentar las oportunidades de triunfo de un candidato opositor (sea alguno que actualmente está inhabilitado o de un potencial “outsider”). Frente a esta realidad, la oposición tiene pocas alternativas. Su única opción es abordar con seriedad la negociación, tal como lo viene haciendo, especialmente porque los incentivos para que Maduro efectivamente acepte un acuerdo son mucho más altos que los que muchas personas suponen.

El problema es la implementación

Culminar con éxito una negociación en Dominicana probablemente sea más sencillo que implementarla. La razón tiene que ver con los “holdouts” políticos, es decir, los grupos que decidieron “ex profeso” no sentarse en Dominicana, tanto del mundo opositor como de las esferas chavistas. Los grupos que no apoyan la negociación van a tratar de impedir a toda costa que cualquier acuerdo se implemente, tanto elevando su costo en la opinión pública, como obstaculizando la toma de decisiones dentro del poder judicial, el estamento militar, la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente y también dentro de los partidos políticos. La implementación también será compleja porque los diversos actores que se resisten a la negociación promoverán un cabildeo activo sobre los Estados Unidos y Europa para impedir cualquier flexibilización de las sanciones, incluso en caso que se haya verificado la implementación de las partes centrales del acuerdo. De modo que el éxito del pacto depende de múltiples actores que no necesariamente van a estar comprometidos con su ejecución.

La única forma de resolver este problema central es que la negociación incluya un tema sobre el cual ninguna de las partes hasta ahora ha querido hablar: una amnistía general. La inclusión de este tema permite que la implementación sea mucho más sencilla para todos. La razón es que una amnistía general crea beneficios en toda una gama de asuntos (fiscal, derechos humanos y políticos) que haría que aún aquellos actores que se oponen a un potencial acuerdo se beneficien abiertamente de su implementación. Hasta ahora este es un tema que el gobierno esquiva recurrentemente (en parte porque percibe que está seguro que se mantiene en el poder y prefiere seguir hablando de una Comisión de la Verdad) y porque es un asunto que también divide a las diversas facciones opositoras (pues tendrían que abortar su deseo de llevar adelante una justicia transicional). Esta percepción es un verdadero escollo. Lo cierto es que Venezuela es un país que ha vivido un conflicto civil, que si bien no es una guerra civil, igual ha dejado un saldo negativo tanto en lo económico y en lo social de la misma envergadura. Sin una amnistía general difícilmente el país pueda enfrentar con éxito la estabilización económica, la emergencia social y su urgente reinstitucionalización.

¿Maduro puede ganar una elección presidencial?

Tal como hemos visto, lo único que justifica la negociación desde el punto de vista del gobierno es la percepción que tiene, sobre todo después de los últimos eventos comiciales, que aun haciendo concesiones sustantivas puede llegar a ganar la reelección y obtener el reconocimiento internacional que carece en estos momentos. ¿Realmente puede Maduro ganar una elección aceptando un cambio en las condiciones electorales? La evidencia estadística de la reelección en América Latina (aun en condiciones de normalidad democrática) no es alentadora para la oposición: la probabilidad que un presidente que aspira a la reelección obtenga el triunfo es altísima. Son pocos los casos de derrotas, entre ellos los de Daniel Ortega en Nicaragua o Hipólito Mejías en República Dominicana, y más bien la regla es que la reelección presidencial termina siendo exitosa. El mejor inductor a la alternabilidad democrática en América Latina es limitar la reelección y lamentablemente en el caso venezolano la reelección es indefinida. Los cambios políticos en América Latina suelen surgir cuando quien aspira a la reelección no puede presentarse, tal como acabamos de ver en Ecuador con Rafael Correa o en Argentina con Cristina Kirchner. Son las limitaciones constitucionales y no las elecciones las que promueven la alternabilidad.

Maduro tienen un problema central que es innegable: más allá de controlar la presidencia, para poder garantizar su reelección debe frenar en seco la hiperinflación. Sin un programa de estabilización económica, Maduro corre el mismo riesgo que Daniel Ortega en Nicaragua a finales de los ochenta, quien perdió la reelección luego de una guerra civil y en medio de un proceso hiperinflacionario de larga duración. Los paralelismos con el caso venezolano son evidentes. El gobierno se ha volcado al Carnet de la Patria y al uso clientelar de los CLAPS como mecanismo de compensación social para inflar con esteroides su desempeño electoral. Los efectos de ambos instrumentos son significativos. 71 por ciento de la población dice tener acceso (aunque irregular) a los CLAPS; de ese grupo que recibe las bolsas de comida, 70 por ciento dice ser oficialista y 30 por ciento opositor. 63 por ciento de la población dice también poseer el Carnet de la Patria; de aquellos que poseen el plástico –y se autodefinen como oficialistas, y dicen también haber participado en las elecciones regionales–, el 95 por ciento terminó efectivamente votando por el gobierno. En el caso de los que se autodefinen como opositores, el 31 por ciento dice haber terminado votando por el PSUV (probablemente porque se sintieron coercionados). Es evidente que el Carnet de la Patria tiene un poder significativo en su capacidad para reforzar por la vía de los hechos la lealtad partidista y en su capacidad (parcial) de lograr la conversión del voto por parte de aquellas personas que dicen no ser oficialistas.

La fragilidad del país

En Venezuela los problemas son cada vez más estructurales: 82 por ciento de la población vive actualmente en situación de pobreza y los niveles de inseguridad alimentaria son verdaderamente alarmantes. Hemos perdido en términos reales en los últimos cuatro años casi un 40 por ciento de nuestra economía. La producción petrolera ha retrocedido a los niveles de la década de los ochenta mientras que la población es tres veces más grande. Una hiperinflación que puede cerrar por encima de 1600 por ciento en el 2017 implica que en cuestión de días una persona de clase media puede pasar a ser vulnerable y otra que vive en situación de pobreza puede pasar a vivir en la pobreza extrema. Venezuela es simplemente un país que agoniza.

La negociación también debería estar orientada a resolver estos problemas estructurales. Ambas partes deben reconocer que el país requiere enfrentarlos colectivamente, lo cual conlleva inexorablemente a construir instituciones para resolver los dilemas del desarrollo, para impulsar el crecimiento económico, el bienestar, la calidad de vida y la equidad social. Sin estos factores, el proceso de negociación es más débil y muchos venezolanos lo percibirán como irrelevante o al menos lo verán con mucho escepticismo.

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