“Prohibido olvidar” fue el lema escogido por los actuales revolucionarios, para referirse a las víctimas de las masacres y asesinatos ocurridos en lo que bautizaron como cuarta república. Recuerdo muy claramente las acciones y movilizaciones del pasado contra actos claros de terrorismo de Estado, cometidos por los gobiernos adecos y copeyanos, y defendidos por sus dirigentes como la legítima acción del Estado contra quienes enfrentaban su poder y actuaban al margen de la Constitución. Hoy, ése es el argumento de Bernal, Cabello e Iris Varela. Se les olvida que Hugo Chávez pudo haber sido acusado de lacra terrorista, pues de sus acciones inconstitucionales se generaron medio centenar de muertos. Sin embargo, el gobierno “derechista, reaccionario y asesino” de Carlos Andrés Pérez, no sólo les garantizó la vida e integridad física a todos los insurgentes (lacras terroristas según la nueva nomenclatura revolucionaria), sino que le permitió a Chávez dirigirse a la nación a través de la televisión.
Participé en numerosos actos públicos, manifesté en las calles de todo el país y firmé decenas de solicitudes y comunicados, en protesta por aquellas aberraciones, además de las desapariciones forzadas de personas, la tortura de prisioneros, las ejecuciones extrajudiciales, confinamiento y aislamiento, allanamientos nocturnos y razias fascistoides, reeditadas éstas con el nombre de operaciones para la liberación del pueblo. Ya en este siglo, sumé mi voz a quienes, desde dentro y fuera del proceso bolivariano, denunciaron la complicidad del gobierno de Hugo Chávez con Rodríguez Chacín y Cordero Lara, militares involucrados en las masacres de Cantaura y El Amparo, respectivamente, quienes no sólo gozaron de total impunidad, sino que fueron elevados a altos cargos gubernamentales nacional y regionalmente. No somos ambivalentes, ni practicamos solidaridades automáticas, ni estamos entre quienes sólo ven la viga en el ojo ajeno. Prohibido olvidar olvidó investigar la conducta de estos militares, por ser chavecos.
Es inaudito y perverso que un gobierno que se dice defensor de los derechos del pueblo y que ha basado toda su propaganda y acciones en función de un cambio radical de conducta en relación con las desplegadas por los gobernantes del pasado, termine comportándose peor, en forma más siniestra y bárbara, en todos los órdenes sociales y particularmente en el trato cruel dado a quienes lo enfrentan en distintas formas. Hacer alarde de la actuación asesina de paramilitares delincuentes, en las acciones desmedidas contra el grupo insurgente de Oscar Pérez, es más que aberrante y vergonzoso. Llamarlos héroes revolucionarios es dantesco. No se puede matar al enemigo vencido, mucho menos ajusticiarlo después de capturado. Pobre patria si estos son los héroes que la van a seguir dirigiendo. A las masacres de Cantaura, Yumare y El Amparo, se une hoy el nombre de El Junquito, con el agravante de que en ésta última, la alta jefatura del Gobierno ha señalado estar orgullosa de su ejecución, algo nunca visto anteriormente.