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Arturo Molina: Muerte por decreto

La sociedad venezolana muere de mengua. El régimen hace lo posible a su alcance para verificar que así sea. Los enfermos se resignan a saber que les espera el entierro. Las familias lloran, pero los oídos de los revolucionarios siglo XXI están llenos de excremento, nada entra, nada sale. Todo es arrogancia y silencio.

La diáspora de venezolanos por la frontera tachirense buscando abrir puertas en otras latitudes, porque en su tierra son negadas, es evidencia de lo que acontece en suelo patrio. Los jóvenes se despiden de sus familias con lágrimas en sus rostros, es un adiós sin saber sobre su retorno. La guerra deja los lugares vacios de personas, son las balas las que cruzan sus cuerpos. En la tierra de Bolívar es el hambre y la miseria la que hace su gala, adornada con el apoyo del régimen.

Los ingresos salariales se evaporan en el instante en que son anunciados por el oficialismo. La hiperinflación es incontrolable, porque así está planificado por el régimen. Es el modelo político el que impone el económico, y con ello se sucede otro fenómeno, el abandono de los lugares de trabajo. Se gasta en pasaje el doble de lo que se recibe. El salario mínimo (230.000bs) es caricatura para la risa, no alcanza para la compra del cartón de huevos (400.000bs), o un litro de aceite comestible (400.000bs). Sumando cesta ticket es de 779.000bs mensuales. Consigue para comer un huevo por día, pero se tiene que prestar para comprar el aceite. Ni hablar de la harina, queso, repuestos, artículos de limpieza, y cuidado con enfermarse.

El régimen creó su programa de alimentos CLAP, y es para su gente. Quienes deseen recibir ese beneficio tiene que estar de rodillas y jurar lealtad al oficialismo, y para evitar traiciones exigen el Carnet de la Patria (es el mecanismo que idearon los revolucionarios para el control social, y la vía para sustituir la cédula de identidad), pero se robaron los dólares y ya no pueden sostener la importación de alimentos, que transformaron en corrupción, mafias y contrabando, y ahora reciben abiertamente el desprecio de los suyos.

En gobiernos regionales como el del Táchira, la gobernadora Laidy Gómez en alianza con el sector privado creo el mercado solidario a precio asequible para el bolsillo de los ciudadanos, no tiene color político, ni es excluyente. Igual sucede con el sector salud, y las jornadas sociales que adelanta en las comunidades, pero a los dinosaurios del régimen les molesta que se atienda las necesidades de las personas, y le llaman populista. Les fastidia a los socialistas siglo XXI que un gobernante se ocupe de corregir los horrores por ellos impuestos. Son modelos de gobernar distintos, que los ciudadanos deben valorar en su momento.

El régimen pretende la muerte por decreto en Venezuela.

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