Inicio > El pizarrón de Fran > El pizarrón Noticias > Aníbal Sánchez: Guerra asimétrica contra la institucionalidad del voto: ¿Estrategia o táctica?

Aníbal Sánchez: Guerra asimétrica contra la institucionalidad del voto: ¿Estrategia o táctica?

La conflictividad política, económica y social en Venezuela, es de tal magnitud, que en ocasiones los dirigentes e instituciones de carácter nacional e internacional, omiten la privatización que existe con respecto a la libertad democrática; e incluso, obvian el respeto al sufragio. Es importante resaltar, que dicho derecho ha sido revalidado en la sucesiva resolución de las naciones unidas hasta llegar al denominado acuerdo de San José; en este sentido, surgen sus características, explica el Consultor Político Electoral Independiente, Aníbal Sánchez. 

Para que el ejercicio al voto sea democrático debe efectuarse en cuatro pasos: libres, universales, directos y secretos; así como lo establece la Constitución de Venezuela en el artículo 62 y 63. En este punto, la vulneración de estos principios se refleja a través del complejo proceso para lograr la participación y que este, a su vez, no garantiza la competitividad, atentando contra conquistas democráticas; e incluso, contradiciendo preceptos de este proceso revolucionario. Por tal razón, es evidente que para llevar a cabo dicha operación, es indispensable contar con la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE), que junto a representantes de otros poderes, permite la violación sistemática e impune de la constitución.

Por lo que respecta, el analista presenta proyectos para rescatar la institucionalidad del voto y la formación de un ciudadano activista electoral; por ello, se propone en reconocer primeramente la imposición de medidas antidemocráticas que coaccionan el ejercicio político de los derechos ciudadanos, lo que Sánchez denomina como “guerra asimétrica contra la institucionalidad del voto” una operación excluida de la nomenclatura gubernamental, la cual ha contado en ocasiones, con apoyo de mensajes divergentes que no reconocen la estrategia, pero que a su vez, se convierte en una táctica que se ha acrecentado luego del triunfo electoral de la oposición en el año 2015. 

Mecanismos contra la institucionalidad del voto

Este tipo de operaciones ha llevado a muchos a considerar el actual gobierno venezolano como antidemocrático, sobre todo, después del desconocimiento político de los resultados obtenidos en las elecciones parlamentarias; que dio la oportunidad para evidenciar la proscripción de partidos políticos, incluso antes del evento, como es el caso de Marea Socialista que nunca pudo pasar la primera alcabala para su constitución o registro ante el CNE, como es una simple reserva de denominación, de acuerdo a lo que estipula el Artículo 7 de la LOPRE, caso este decorado recientemente a raíz de la aprobación de un cambio de denominación vía exprés para que NCR pasara a Somos Venezuela.

El mismo año 2016 la sentencia 01 de La TSJ perfilaba lo que sería la inquisición de los partidos políticos, pues dictamina sobre un recurso de interpretación a la ley de partidos Artículos 10, 15 y 25 añadiendo criterios no presentes en los mismos cómo fue la ‘No Doble Militancia y el Mecanismo de Control Biométrico” para la renovación de nóminas de militantes, de aquellas OFP que dejaron de postular o no obtuvieron el 1% de las preferencias; para el mes de marzo llaman a 59 organizaciones a cumplir con este trámite, en una forma autocompetitiva y bajo un diseño en desequilibrio lo que arrojó que solo 17 pudieron superarlo.

A pesar de la descalificación de organizaciones, sumada a la inhabilitaciones políticas por hechos administrativos de ciertos dirigentes, no se habrían hecho de una ruta electoral segura que les garantizará el triunfo sin voto, por lo que le huyeron a la convocatoria popular de un revocatorio, tal como se expresa en el artículo 72 de la constitución. Siembargo, no fue hasta el diseño de una  elección para Asamblea Nacional Constituyente cuando se hacen de un mecanismo ‘irregular’ que les permite confrontar escenarios electorales, aún sin tener la mayoría electoral. 

En una primera instancia les servía para cubrir la omisión constitucional con la elección de gobernadores. Según Sánchez, se observa por primera vez en Venezuela un diseño de evento violatorio de los caracteres del sufragio; pues no era universal al ser corporativa; el voto dejó de ser libre al estar presente la coacción desde las campañas. Dejó de ser Directo cuando contemplaba elecciones colegiadas hasta de segundo grado; incluso  al contemplar el voto indígena por el esquema de mano alzada, dejó de ser secreto.

Un proceso que incluso dio al traste con lo aplicado por el mismo Chávez en evento similar, estarían reconociendo la falta de respaldo popular y atentan contra la soberanía. Es así como en la convocatoria desconocen el referéndum consultivo sobre la iniciativa y bases comiciales, diseñadas como se explicó,  violatorias a principios constitucionales y de los derechos humanos, sumado a la burla de las reglas de proporcionalidad desarrolladas en los Artículos 63 y 293 de la Constitución, no habría igualdad entre los ciudadanos, rompiendo el precepto de por cada un ciudadano, un voto, pues instauraron la votación corporativa-sectorial.

Según Sánchez, rompe el esquema de tiempos operacionales y lapsos jurídicos que habrían sostenido para retrasar elecciones locales y el desarrollo de un referéndum, e instauran las Elecciones Exprés dejando claro la sumisión del poder electoral al ejecutivo. El CNE decidió prescindir de etapas esenciales, para garantizar la transparencia del proceso y elección de los constituyentistas, incluyendo la revisión de supuestas 6 millones de firmas que avalaban las candidaturas se realizaron en 60 días continuos.

Al no lograr una convocatoria y participación significativa en el proceso, a pocas horas flexibilizan más los controles de seguridad, como es el sistema automatizado de identificación, no era suficiente con no utilizar la tinta indeleble bajo el argumento de seguridad del personal, el CNE decidió que los electores podrían sufragar en cualquiera de los centros de votaciones habilitados en los respectivos municipios, al punto de instalar unos mega centros; atentando contra el precepto de los colegios o recintos electorales fijados por un padrón electoral.

Un evento tan cuestionado y que contó con el desconocimiento de un sector nacional e internacional, cerraría con la denuncia de manipulación de data realizada por la empresa operadora del CNE, SmartMatic aseguró que los reportes de la sala de totalización del CNE sobre la cifra de participación oscilaban cerca de los 7 millones, planteamiento no comprobado pero que forma parte de esa operación en descrédito del voto.

Otras de las irregularidades constantes, es el abuso de la discrecionalidad que deja la ley al directorio del poder electoral para convocar elecciones de acuerdo a los periodos constitucionales.  Un ejemplo de  esto es la elección de gobernadores que nunca fue regional, según lo establecido en los artículos 160 y 162 de la constitución correspondían realizarlas en el mes de diciembre de 2016, fecha en la cual venció el período de cuatro años de los 23 gobernadores y 237 legisladores regionales. – este evento no fue convocado cuando correspondía, e incluso no se realizó cuando se anunció, fue posterior a la constituyente, para utilizar y poner en prueba la afectación de la institucionalización del voto.

Asimismo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) suprimió actividades del cronograma electoral habitual que requiere unos 163 días para las 113 actividades como es la Jornada de Actualización del Registro, el sorteo del Servicio Electoral,  Sánchez; afectando la percepción de transparencia sobre el proceso, inhibiendo la participación, en menoscabó de derechos de los ciudadanos.

Por otra parte, la separación de eleccionessería la nueva estrategia no son convocados los cuerpos legislativos regionales y municipales, conjuntamente con los respectivos ejecutivos violando una ley del 2010 por iniciativa de esta gestión que regulariza los periodos constitucionales, establecidos en Art 162; esto crea la incertidumbre con respectoa los resultados, el papel de control de los poderes legislativos, reafirmado así, la existencia de una instancia supraconstitucional.

Es importante destacar que en las elecciones regionales hubo una incisión, de nuevo violatoria de la Ley. En este caso, lo dispuesto en el artículo 2, numeral 1, de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estatales y Municipales que establece: “Las elecciones de Gobernador o Gobernadora y Legislador o Legisladora de los Consejos Legislativos de los estados, se convocarán y efectuarán conjuntamente.

Todo sistema electoral tiene entre sus condicionantes, la existencia de un padrón electoral actualizado y este se soporta de un sistema de identificación, ambos cuestionados, explica Sánchez. No puede haber una correcta depuración y auditoría del registro electoral sin antes no fiscalizar el AVC o archivo de venezolanos cedulados; los últimos eventos electorales habrían tenido como base un corte de RE del 2015 las jornadas de actualización no incluían el exterior y habrían sido poco promocionadas, lo que se traducía en que según estimaciones al cruzar datos con el INE habrían 2 millones de jóvenes fuera del RE y una cifra similar de venezolanos en el exterior.

Se pone en práctica otra táctica, que busca dispersar el voto al obligar mantener una oferta electoral engañosa, lo cual se hizo realidad al alterar el mecanismo de sustituciones o modificaciones de las candidaturas presentadas por las organizaciones políticas, contradiciendo el artículo 63 LOPRE. “Podrán modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia, sustituir candidatos o candidatas hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral

Hasta este momento la estrategia habría sido desmovilizar al elector, pero suman a este, impedir que lleguen al sitio, de modo que, con la reubicaciones de centros electorales ahoras del evento, también cambió la ubicación de 205 centros electorales, afectando unos 312.000 mil electores. Ahora bien, como si esto no habría sido suficiente, ocurre el desconocimiento de resultados a candidatos, y además, existía el antecedente delLmbramidnto,  protectores en paralelo a las instancias perdidas en contiendas electorales, o el de restarle competencias a los ganadores; pero en caso  Juan Pablo Guanipa, electo como gobernador del Zulia con 51,06% al negarse a juramentarse ante la Asamblea Constituyente (ANC).

Con la mira puesta en el 2018 siguiendo instrucciones del ejecutivo, la ANC y el CNE emprenden otra operación para  descalificar más partidos políticos, surge un decreto que obligaría la participación en el evento inmediato anterior para poder postular en el siguiente, esto obligaría a Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y Mesa de la Unidad Democrática ir de nuevo a una renovación; de los cuales los que no asistan a cumplir este requisito quedarían cancelados; y en caso de la MUD le aplican la retroactividad de la No militancia para descalificarla; este proceso solo  fue superado por Acción Democrática.

Todo lo aquí descrito ha sido una operación para hacerse de un escenario electoral victorioso, burlando la soberanía popular” al saberse en minoría atentaron contra la institucionalidad del Voto, y nos corresponderá a nosotros los demócratas informar, denunciar e instruir, para poder recobrar la confianza en un sistema electoral, sentenció”.

Loading...

Te puede interesar

Compartir

Puedes comentar

avatar
  Subscribe  
Notificación de
Traducción »