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Giovanna de Michele: ¿Migración forzada?

La situación generada por la creciente emigración venezolana, hacia Colombia y Brasil, produjo una nueva reunión de coordinación entre los Gobiernos de esos dos países vecinos, los cuales decidieron reforzar la ya estrecha cooperación fronteriza y el intercambio de información, a fin de promover una “mejor” ayuda y atención a los venezolanos que huyen de la crisis y están generando una situación de emergencia en los territorios vecinos.

De acuerdo con datos oficiales de Colombia, en ese país se han instalado 550.000 venezolanos de manera indefinida y unos 37.000 ciudadanos cruzan la frontera diariamente en busca de un futuro mejor, o de la comida y los medicamentos que escasean en Venezuela. Por su parte, en Brasil, el éxodo se ha dado sobre todo en el estado fronterizo de Roraima, uno de los más pobres del país y que ha recibido cerca de 40,000 venezolanos durante el último año, aunque esa cifra puede ser aún mayor, pues se cree que muchos no llegan a registrarse. En este caso es importante acotar que el tránsito legal entre Venezuela y Brasil solo es posible a través de una carretera que conecta a Venezuela precisamente con el estado de Roraima. La situación ha llegado a tales niveles que, para garantizar la atención a los inmigrantes venezolanos, el Gobierno brasileño ha declarado a esa región en “estado de vulnerabilidad”, lo que le permite al Estado redoblar la ayuda financiera. Adicionalmente, Brasil ha facilitado el acceso de los venezolanos a la documentación necesaria, a los servicios de atención públicos y también ha adoptado programas para agilizar su inserción en el mercado de trabajo.

Pero, dolorosamente, la migración venezolana también ha ido mucho más allá de los vecinos Brasil y Colombia, puesto que, según datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, mejor conocida como Acnur, unos 133.000 venezolanos han pedido refugio en otros países entre 2014 y 2017 y a ellos se agregan otros 363.000 que se han acogido a otras “alternativas legales”, ofrecidas especialmente por países latinoamericanos.

Tal como se evidencia, Venezuela dejó de ser un país receptor de inmigrantes para convertirse en un país que se ha ido desparramando hacia las latitudes más insospechadas. Ya la Cancillería brasileña calificó la situación como “inmigración forzada”, lo cual es una clasificación internacional que solo aplica a situaciones de guerra o graves crisis humanitarias.

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