Resulta una verdad de perogrullo (una cosa tan sabida y conocida que resulta tonto decirlo), señalar que durante los veinte años de la pesadilla socialista-comunista Venezuela dejó de ser un país de “productores” para convertirse en un país de “consumidores”, al punto de haberse despilfarrado (derrochado) la riqueza natural y estar en el presente al borde de la ruina en un escenario de hiperinflación, desempleo con una moneda destruida hasta configurar una “hiperestanflación” (estancamiento económico con alza permanente de los precios y salarios) equivalente a una bestia económica desatada. Tal realidad, fue impulsada por la populista y diabólica estrategia chavista-madurista de promover el consumismo a la luz de perfilar una socialización del desastre bajo el consentimiento o aprobación de una mayoría poblacional convertida en consumista bajo la aspiración y/o ilusión de serles transferido dinero directa o indirectamente, hasta generarle la convicción que todo es “gratis” ya que esa población asume que disfruta de muchos beneficios sin tener, en apariencia, que pagar por ellos. Es así, que ese comportamiento dificulta su discernimiento (juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas) en relación a la intención soterrada (poner una cosa de modo que no sea vista) del gobierno: instaurar la dictadura comunista bajo la rectoría del Estado sobre la economía con el firme propósito de acabar con la libertad empresarial; mientras que en acción conjunta, se proponen mantener el poder político de manera “constitucional” mediante simulacros electorales que esconden trampas e irregularidades no susceptibles de ser calificadas legalmente como fraude.
En el ínterin, han dilapidado el ingreso petrolero por la vía de un ineficiente y populista gasto público y de una pronunciada corrupción, lo cual obligó a emitir deuda tanto para continuar el desenfrenado gasto como para pagar deuda en una aberrante conducta que en la actualidad no encuentra oportunidad ante la dificultad de obtener recursos en el extranjero mediante la colocación de bonos, habida cuenta de la percepción de riesgo que priva ante un inminente impago propiciado por pésimas o inexistentes políticas públicas que terminaron por crear problemas mucho peores que los que intentaron resolver hecho que crea desconfianza; siendo una verdad que supera en mucho el efecto de las sanciones y acuerdos internacionales las cuales, en todo caso, están más orientadas a un hecho político (procurar el rescate de la democracia) y a hechos delictivos (incorrectas conductas personales de prominentes funcionarios haciendo uso del US$); y ahora al haberse cerrado el flujo del financiamiento internacional hace su aparición el Petro que en la práctica es simplemente otro mecanismo de endeudamiento y más.
La “Democracia” legal e ilegítima de la Venezuela del presente, tiene muy poco (o casi nada) que ver con la representatividad del pueblo en las políticas públicas al extremo de haber degenerado en un sistema corrupto donde las prebendas se materializan a cambio de votos, o lo que es lo mismo se ha convertido en un mercado de dádivas (donativos gubernamentales) donde los ciudadanos son tratados como clientes en el entorno del denominado Estado de Bienestar (EB) o Estado de lo “gratuito”. El EB, tiene como idea central el paternalismo político según el cual el Estado asume que los ciudadanos no pueden ser libres de pensamiento y acción habida cuenta, sostienen, de ser considerados ignorantes, irresponsables, limitados en su capacidad de planificar su existencia, y de razonablemente decidir sobre su elección de gasto y consumo; al punto que el Estado se permite abrogar (dejar sin efecto una práctica) el derecho ciudadano de decidir sobre lo que considera bueno y malo, hasta convertir al “presidente” (minúsculas intencionales) en un déspota (quien gobierna con un poder total sin someterse a leyes ni a limitaciones) que aspira transformar al país a su propia imagen ideológica.
Más temprano que tarde, el EB crea incentivos perversos en el comportamiento de los miembros de la sociedad lo cual es denominado por los economistas como “Peligro Moral”, en atención a que las consecuencias de los errores y malos juicios del gobierno son “pagados” con los ingresos públicos razón por la cual los burócratas que generan esos errores o actos de mal juicio no tienen ningún incentivo para aprender de sus errores y corregirlos, al igual que para actuar cara al futuro con prudencia y eficiencia evitando que se sigan cometiendo actos imprudentes e irreflexivos en materia de políticas públicas (cuando existen); adicionalmente se envía una señal a la sociedad en cuanto a que ellos también pueden actuar de forma irresponsable ya que el gobierno, en acción populista, “pagará” tanto por sus errores como por su falta de voluntad para emprender acciones en procura del dinero, bienes materiales y para, lo más importante, “comprimirles” el deseo de activarse para exigir el respeto a la Carta Magna como condición para la existencia de democracia, progreso y libertad. La actitud en contrario, emana cuando los ciudadanos esperan que el Estado les defina y planifique su vida, les satisfaga sus necesidades básicas, les imponga la educación de los hijos, les garantice un empleo, les imponga que comer, que beber, que mirar, que leer y hasta donde y cuando divertirse lo cual repercute en una falta de motivación para ser responsables de ėstas y todos los aspectos de la vida cotidiana; o lo que es lo mismo no existe incentivo para ser responsables y productivos ya que asumen que el Estado Benefactor les resolverá la vida en su actuación populista de papá gobierno.
Al final del camino, se encontrará una sociedad empobrecida ya que una muy mínima parte de los ingresos se orientó a la acumulación de capital como requisito para impulsar la creación de un tejido empresarial generador de riqueza y empleos productivos, a la par de inducir mejores niveles de vida reales en contraposición a una ilusión monetaria del salario que a diario se desmorona por el impacto de la inflación, de la escasez y el desabastecimiento, todo ello como consecuencia de haber desligado el ingreso público de la economía productiva, que gran parte de ellos debieron haber sido capitalizados en inversiones y usos productivos para generar riqueza; en un accionar con total soslayamiento (evitar un asunto que implica dificultad) del pensamiento económico sobresaliente tal como la Ley de J.B. Say que en esencia señala que la prosperidad de un país está basada en el trabajo duro, en la creatividad humana que lleva a la innovación, en el ahorro que permite formar el capital para ponerlo a producir y generar la producción; a tenor de lo cual se infiere (evaluación que realiza la mente entre proposiciones) que si se desea que una sociedad prospere se hace obligatoria la presencia de muchos industriales, empresarios y negocios, sustentado en la obviedad que si se trabaja y produce se tendrán los medios para comprar lo que se produce ya que habrá más empleos y dinero para comprar dicha producción; lo cual requiere de un marco de desenvolvimiento social que abandone el quemeimportismo entendido como una actitud de indiferencia y apatía ante los asuntos político-sociales para asumir, con especial énfasis, una presión ciudadana en aras de exigir el cumplimiento de la Constitución lo cual es suficiente para orientar el horizonte deseable y posible.
Reflexión final: En lo que respecta específicamente al caso venezolano, no ha de existir duda alguna en cuanto a la urgencia de forzar la ruptura del actual simulacro de modelo económico, instrumentado por un régimen voraz destructor del capital, para propiciar la reversión (restituir de forma mejorada el comportamiento que tenía) del nefasto enfoque económico pro-comunista en pro de propiciar crecimiento económico y empleos, haciendo retornar la prosperidad del país y la sonrisa al rostro del apesadumbrado pueblo.
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