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Enrique Fermín M. / Coordinador nacional de Movimiento por el Cambio: Ante la crisis necesitamos cambio

Venezuela atraviesa por una crisis económica sin parangón en la historia que data del siglo XX y de la primera década del siglo XXI. La concepción económica impulsada y desarrollada a partir de 1.999, tiene como eje principal el papel monopólico del Estado, alrededor del cual debe funcionar toda la actividad productiva y comercial de la sociedad. Dos vertientes complementan este concepto: concebir la actividad económica privada como un inexorable instrumento de explotación del ser humano y contraponer a ella una economía social comunitaria, tutelada, programada, dirigida y en gran medida administrada por entes administrativos gubernamentales.

Esta concepción dicotómica ha tenido dos consecuencias: por un lado ha generado un enfrentamiento destructivo entre el Estado y el sector productivo privado nacional, lo que se ha traducido en el estancamiento y desmantelamiento del mismo, lo cual el gobierno pretendió y pretende solventar con la importación de ingente  cantidad de productos elaborados de distinta índole. Dicha estrategia de economía de puerto se ha traducido en la desviación de una porción sustancial de la renta petrolera desde la inversión productiva hacia la esfera de la comercialización importadora, contando para ello con la asignación selectiva de divisas internacionales, a un cambio preferencial sobrevaluado, al sector importador de la economía, con la consabida acumulación de una inmensa riqueza en manos de importadores y algunos funcionarios del Estado, quienes en connivencia se han lucrado  de una política que poco ha aportado para el desarrollo de una sólida estructura productiva nacional. Por otra parte, la planeada economía social comunitaria adolece de la suficiente libertad e independencia para la planificación, administración y ejecución de la producción. La tutela del Estado predetermina los procesos y los centraliza, lo cual contribuye a la incapacitación para la actividad creativa. La sobrevaloración del papel rector del Estado impide la valoración objetiva de las capacidades productivas de los actores implicados, de las ventajas y desventajas comparativas de los proyectos planificados y del balance entre coste y beneficios de una actividad económica determinada. En consecuencia, el voluntarismo ha sustituido a la planificación metódica.

Reorientar la política económica, en función de su recuperación, implica desmonopolizar la actividad económica, salvo en los casos previstos en la Constitución y las leyes respecto a los hidrocarburos y materias primas minerales. La reactivación del aparato productivo implica la concreción de un acuerdo nacional amplio para definir objetivos a corto y mediano plazo. Financiar los proyectos productivos prioritarios a través de un Banco de Desarrollo que realice préstamos, en divisas o en moneda nacional, con plazos e intereses blandos, abandonando la política de otorgamiento de divisas preferenciales, en el marco del control de cambio. En tal sentido, el desmantelamiento de éste ha de definirse como una prioridad, para lo cual se necesitará una reforma monetaria, para revalorizar la moneda nacional, sustentada por una caja de conversión, acompañada por una política, dirigida por el Banco Central de Venezuela, que tenga como razón de ser (ancla) la anti inflación. Todo ello debe acompañarse, sin lugar a dudas, de la declaratoria de un estado de emergencia para la reactivación, recuperación y optimización de la producción nacional de hidrocarburos y sus derivados.

Medidas a tenor de lo expuesto no son factibles en el contexto del actual gobierno nacional. Las mismas sólo puede impulsarlas un nuevo gobierno que se plantee la concreción de un consenso nacional, sustentado en un programa mínimo para superar la crisis. Un gobierno que se despoje de sectarismos ideológicos y propulse la complementariedad entre diversos factores económicos, sociales y políticos de la sociedad venezolana. Ni la ortodoxia económica neoliberal ni la ortodoxia colectivizante de la economía representan alternativas válidas para superar la crisis. Entender que la actividad empresarial privada puede coexistir con iniciativas económicas de carácter colectivo, conviviendo en una economía de mercado, con libre competencia entre las partes, en el marco de una legislación anti monopólica y facilitadora del crédito público y privado para el financiamiento de la actividad productiva nacional, es el quid de una nueva política económica, que nos enrumbe hacia la recuperación del bienestar material y social de los venezolan@s.

Un nuevo gobierno es una necesidad de primer orden. La opinión mayoritaria está de acuerdo con ello. Un gobierno que propicie la superación del actual estado de cosas en el marco de una transición pacífica, promoviendo y consolidando la paz social, impulsando la sinergia entres los actores económicos para la búsqueda del desarrollo económico nacional. Un gobierno de unidad nacional.

Un gobierno de este tipo debe ser producto de un proceso y de mecanismos pacíficos para la conquista del poder político. En este orden de ideas, ha surgido la motivación entre un grupo de mujeres y hombres, profesionales técnic@s, obrer@s, trabajad@res del campo, intelectuales, líderes y lideresas sociales, para conformar el Movimiento por el Cambio, el cual como una de sus primeras acciones ha decidido respaldar la candidatura de Henri Falcón en las venideras elecciones presidenciales, pautadas para el 20 de mayo del año 2018. En momentos cuando la historia reciente nos ha demostrado que la violencia política ha resultado en saldos negativos, cuando el descontento y rechazo al gobierno de Nicolás Maduro es mayoritario, cuando la permanencia en el tiempo de la actual administración del estado venezolano sería nefasta para el futuro de nuestro país, se hace necesario superar el sectarismo, la incertidumbre, la incredulidad, la desmotivación y optar por contribuir a la construcción del Tsunami del Voto para lograr el Cambio hacia un Gobierno de Transición que consolide las bases para la reconstrucción de nuestra sociedad, en el marco de amplias libertades democráticas en un Estado Social De Derecho Y De Justicia.

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