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Giovanna De Michele: ¿Neogolpismo en América Latina?

Perú se sumó a la lista de Estados latinoamericanos en los cuales se han producido quiebres en el ejercicio del poder en los últimos nueve años. El primero fue Manuel Zelaya, expresidente de Honduras, quien el 28 de junio de 2009 fue separado de su cargo, en la víspera de una consulta popular que había sido declarada ilegal por el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y el Tribunal Electoral.

Posteriormente, el 22 de junio de 2012 el entonces presidente de Paraguay, Fernando Lugo, fue destituido de su cargo, luego de un juicio político llevado a cabo por el Congreso, en el que resultó responsable directo de la ruptura del orden democrático.

Cuatro años más tarde, específicamente el 31 de agosto de 2016; le llegó el turno a la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, quien también fue sometida a un juicio por parte del Congreso de su país, en el cual resultó responsable del delito de manipular las cuentas fiscales de la República y de haber firmado decretos económicos sin la correspondiente aprobación del poder legislativo.

En todos esos casos, la República Bolivariana de Venezuela, calificó los hechos como “golpes de estado” y negó su reconocimiento a las nuevas autoridades.

Sin embargo, cuando el 21 de marzo de 2018, Pedro Pablo Kuczynski, quien se desempeñaba como Presidente de Perú, presentó su renuncia al cargo, en la víspera de un pedido de destitución por parte del Congreso de su país, en medio de fuertes acusaciones de corrupción; connotados líderes políticos venezolanos, afectos al gobierno de Nicolás Maduro, celebraron el acontecimiento.

En tal sentido, es oportuno destacar que todos y cada uno de los eventos arriba mencionados, se suscitaron de acuerdo a los procedimientos constitucionales de los respectivos Estados, y fueron avalados por sus propias instituciones. De hecho, ninguno de ellos, habría sido posible sin la necesaria autonomía de los poderes públicos que debe reinar en los sistemas democráticos.

En definitiva, es necesario acotar que esa aparente incoherencia por parte de Venezuela, responde a la ideologización que caracteriza a nuestra política exterior, la cual impide ver el mundo en su justa dimensión y limita las posibilidades de relacionamiento efectivo que brinda la interdependencia de este siglo XXI.

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