Una obra inconclusa de Odebrecht de un puente sobre el río Orinoco, Caicara del Orinoco, Venezuela /Foto archivo REUTERS/William Urdaneta
Las dos polémicas más recientes fueron la renuncia del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y la posibilidad en días de que el ex mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, vaya a la cárcel. Mientras tanto, los anuncios oficiales en Venezuela se han concentrado apenas en exigir la terminación de las obras, sin que hasta ahora se inicie una investigación en el segundo país en el que la constructora pagó más sobornos a las autoridades, publica Correo del Caroní.
Por María Ramírez Cabello
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Dos veces se ha referido el presidente Nicolás Maduro a la constructora brasileña Odebrecht desde que explotó el caso Lava Jato. La primera, el 5 de febrero de 2017, para exigir la terminación de las obras regadas por todo el país; y la segunda, el lunes 26 de marzo, más de un año después, para exactamente lo mismo. Sobre las investigaciones que han generado un verdadero temblor político en la región, sigue habiendo silencio oficial.
Venezuela es el segundo país de América Latina en el que la constructora pagó más sobornos a las autoridades, específicamente 98 millones de dólares, de acuerdo con declaraciones en 2017 de Marcelo Odebrecht, ex presidente de la empresa.
Pero mientras las investigaciones en toda América Latina avanzan, en Venezuela no han generado averiguaciones de parte de la Fiscalía, que se ha concentrado en casos de corrupción vinculados a la estatal Pdvsa.
En Perú, en cambio, los vínculos con la constructora precipitaron la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski la semana pasada. El mandatario había estado en el ojo del huracán en los últimos meses, tras ser acusado por el Congreso de “permanente incapacidad moral” para llevar las riendas de la nación por sus nexos con la brasileña. Odebrecht presentó documentos que confirmaban la relación con Kuczynski, quien fue consultor por varios años, ante una comisión investigadora del Congreso. El partido opositor le sacó provecho al vínculo.
No obstante, la agencia DPA reportó que a través de un portavoz en Lima, “Odebrecht aclaró que el contenido de los documentos no implica delitos y que el mandatario no negoció las consultorías, por las que la constructora pagó un total de casi ocho millones de dólares”.
En paralelo, tres gobernadores fueron investigados por supuestamente recibir sobornos de la constructora, mientras que cuatro poderosos empresarios peruanos fueron recluidos en diciembre de 2017 en una cárcel común de Lima. El mismo juez que ordenó la medida “dictó detención provisional de 18 meses contra el ex presidente Alejandro Toledo en febrero, y en junio contra el también ex mandatario Ollanta Humala, encarcelado desde entonces en forma provisional por supuestamente lavar dinero dado por Odebrecht”, reportaron las agencias. Las acusaciones apuntan a la recepción de financiamiento de la compañía para las campañas electorales.
En Brasil, el ex presidente Luis Inácio Lula Da Silva está a días de una posible condena de más de nueve años de prisión, en caso de que la máxima corte del país rechace -el próximo 4 de abril- el recurso interpuesto por la defensa para impedir que el ex mandatario vaya a la cárcel.
Al dirigente obrero, que aspira a ser candidato presidencial en los comicios del 7 de octubre de este año, se le acusa de haber aceptado de la empresa OAS la reforma de un apartamento de tres pisos ubicado en Sao Paulo, a cambio de favorecer a la constructora. El monto de las refacciones se estima en más de 3,7 millones de dólares.
En junio de 2007, el ex ministro de Economía de Brasil durante la presidencia de Lula, Antoncio Palocci, fue condenado a 12 años y dos meses de prisión por crímenes de corrupción y lavado de dinero. El Ministerio Público (MP) lo acusó de ser parte de la red de corrupción para favorecer a Odebrecht en licitaciones con la estatal Petrobras.
En Ecuador, el vicepresidente de la República, Jorge Glas, fue condenado a seis años de prisión por haber recibido sobornos de la constructora. El ex director de Odebrecht en Ecuador, Jose Conceição Santos, declaró que el vicepresidente pedía dinero por cada contrato con la brasileña, testimonio que fue clave en la polémica condena.
Santos también denunció al ex contralor de Ecuador, Carlos Pólit, por recibir coimas a cambio de borrar sanciones y multas de la constructora. Pólit “tenía un poder impresionante, hacia lo que le daba la gana”, denunció Santos. En otras naciones de la región, han sido numerosos los funcionarios salpicados.
Anuncios sin resultados en Venezuela
Si bien la Asamblea Nacional de Venezuela anunció que investigaría la trama de corrupción para dar con los responsables y el Ministerio Público, durante los capítulos finales de la fiscal Luisa Ortega Díaz, aseguró que destaparían los guisos, no ha habido información oficial sobre las investigaciones por la trama de corrupción. Los nombres de los involucrados en la recepción de coimas no han sido develados.
En enero de 2017, Ortega Díaz informó que se solicitó una orden de aprehensión contra una persona por estar presuntamente vinculada con el caso Odebrecht, pero no hubo datos posteriores sobre el acusado. El 14 de febrero se ordenó la detención de Euzenando Prazeres de Azevedo, presidente de la constructora en Venezuela por la trama de corrupción.
“Investigamos 20 grandes obras de infraestructura, de las cuales nueve fueron ejecutadas y once están paralizadas, entre las cuales está, por ejemplo, el tercer puente sobre el río Orinoco. En las obras paralizadas, el Estado canceló un monto aproximado de 30 mil millones de dólares. Pese a que el Estado pagó los 30 mil millones, esas obras no se terminaron”, dijo Ortega Díaz a la organización Transparencia Venezuela. Entre las irregularidades, identificaba sobreprecios y distracción de fondos.
En mayo, la organización solicitó a la Fiscalía investigar la supuesta financiación ilegal de la última campaña electoral del ex presidente Hugo Chávez. La petición la realizó luego de la delación de Mónica Moura, esposa del publicista brasileño Joao Santana, responsable de idear la campaña Chávez, corazón del pueblo.
En la declaración ante el Ministerio Público Federal de Brasil, Moura informó que en una reunión en 2012 con el entonces canciller Nicolás Maduro se acordó el pago de 35 millones de dólares por la campaña. $11 millones del total se harían en efectivo. “Informa la colaboradora que el canciller Nicolás Maduro exigió que la mayor parte de los pagos referentes a la campaña de reelección se hicieran con recursos no declarados, siendo que los pagos extraoficiales serían hechos por Odebrecht y por Andrade Gutiérrez”, se lee en el escrito, reseñado por Transparencia Venezuela.
Cinco meses después, en julio de 2017, Ortega Díaz reiteró que ya estaban identificados los funcionarios involucrados en la red de corrupción y que, de hecho, contaban con los contratos en la mano, pero no develó sus nombres. Un mes después, informó que a través de la compañía TSE Arietis, propiedad de familiares del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, el dirigente recibió 100 millones de dólares como soborno.
El fiscal general nombrado ilegítimamente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tarek William Saab, desestimó las acusaciones y calificó a Ortega Díaz como negligente. El caso fue, sin más, engavetado.
La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) decidió suspender temporalmente del gremio a la Constructora Norberto Odebrecht en marzo, “objetada por razones éticas, hasta tanto la asamblea general tome una decisión definitiva sobre su conducta o se mantengan abiertas en los organismos oficiales averiguaciones legales que comprometan su ética empresarial”.
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