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Pastor Heydra: Del bloqueo a las sanciones personalísimas

El bloqueo económico de una nación a un país es una cosa, y la sanción a altos funcionarios específicos por presuntos actos de corrupción, narcotráfico, lavado de capitales, terrorismo, violación a libertades democráticas y a los DD HH, es otra. Personalísima y más grave, pues puede llegar a ser parte de una red delincuencial, como fue la extendida por los carteles de la droga, o como lo hizo la empresa Odebrecht desde 1995 al 2016, con tentáculos en más de 24 naciones de América, Europa y África. Allí está el caso de Kuczynski, De Vido y Lula.

Desde 1960 los Estados Unidos implementaron una política de bloqueo económico contra el estado cubano, como respuesta a las expropiaciones de propiedades de ciudadanos y compañías estadounidenses por parte del gobierno revolucionario en la isla. Está posición se endureció con el embargo de las administraciones de Eisenhower y Kennedy 1962, y la aprobación de la Ley Helms-Burton, 1996, con la venia del presidente Bill Clinton; aun cuando la ONU ha votado 23 veces seguidas desde 1992 a favor de su levantamiento.

En la VII Cumbre de las Américas celebrada en abril de 2017 en Panamá, vino el deshielo. Los presidentes Barack Obama y Raúl Castro se dieron las manos y acordaron mejorar las relaciones políticas, sociales y económicas entre ambos países,  comenzando el inicio del levantamiento del bloqueo.

Fue obvio que la política del embargo contra una nación solo perjudicaba a su pueblo, y no a su gobierno, que fue ineficiente, y muy bien aprovechada propagandísticamente por el régimen cubano, dándole un argumento sólido para galvanizar su defensa con la bandera de la “no injerencia extranjera y la defensa de la patria”. La legalidad es muy distinta a la práctica real. En la relación comercial entre ambos países, Estados Unidos está entre los cinco principales socios económicos de Cuba, a la que envía, “por razones humanitarias” miles de toneladas de productos agrícolas y medicinas al año.

Apenas a 12 meses del histórico encuentro Obama-Castro, otra cosa ocurrirá en la VIII Cumbre que se celebrará el 13 y 14 de abril en Lima, donde ha sido vetada la presencia de Nicolás Maduro por la mayoría de los países del continente. Castro y Cuba salieron fortalecidos de Panamá. Maduro saldrá de Perú en el más infecundo aislamiento, y sindicado como arbitrario y antidemocrático, encogiendo la impronta que los libertadores, Bolívar y Sucre, dejaron en Junín y Ayacucho.

La reducción de las relaciones del régimen Maduro es patética, tiene una característica particular, a diferencia de lo que ocurrió con el embargo en Cuba: El Departamento del Tesoro de USA sancionó a 59 funcionarios, Canadá 56, Panamá 55, UE y Suiza 7, y seguramente el Grupo de Lima que ha vetado la presencia de NM en la Cumbre de Perú y condenó las elecciones previstas para el 20 de abril, le han impuesto prohibiciones, no al gobierno, ni al país, sino a más de ochenta ministros, altos funcionarios, y al propio entorno presidencial, con nombres y apellidos, por supuestos delitos, e  infracciones de leyes y principios, nacionales e internacionales.

Ninguno de los sindicados ha dicho nada en su descargo. El canciller Jorge Arreaza hizo una precaria y trivial nota de protesta a los representantes de la UE acreditados en Venezuela; sumada a la trillada posición del TSJ de que se lesiona la autodeterminación y hay una subordinación a la política injerencista de USA. Pretendiendo salvaguardar, con esta pantomima a los individuos acusados. Más de lo mismo.

¿Qué efecto producirán estas sanciones, la investigación sobre Odebrecht, y la VIII Cumbre de las Américas? Veremos.

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