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¿Devolvieron? Buques que Tarek William Saab ordenó incautar por desfalco a PDVSA

Embarcaciones Niw Sifnos y Stenawecos Caterina Corrado se encuentran fueras de aguas venezolanas pese a orden emitida por el fiscal general impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ( Foto referencial)

“…Presentamos nuevas acciones judiciales en esta digna y gallarda batalla que hemos iniciado a partir del mes de agosto del año pasado (2017) en la lucha por la justicia en contra de cualquier irregularidad que atente contra el patrimonio nacional…”

Fueron las palabras que usó el pasado 8 de febrero el fiscal general impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, para iniciar la alocución en la cual ordenó públicamente la incautación de dos buques en los que, según denunció, pretendían sacar del país de manera ilegal combustible diesel y crudo.

El traslado se haría, de acuerdo a lo informado, desde el muelle de Guaraguao en Puerto La Cruz, ubicado en la zona norte del estado Anzoátegui, hasta aguas internacionales. Las embarcaciones fueron identificadas como Niw Sifnos y Estenawecos Caterina Corrado.

“Hemos judicializado un nuevo hallazgo que tiene que ver con el presunto tráfico ilegal de combustible venezolano. Un hecho sumamente grave que pudiera tener implicaciones más allá de las detenciones… donde pudieran estar involucrados tal vez gerentes de PDVSA”, informó Saab.

En aquella oportunidad solicitó la investigación y resguardo de ambos buques tanqueros. Instrucciones que no fueron acatadas por la fiscalía VI del Ministerio Público, pues el pasado mes de marzo ésta ordenó la entrega inmediata y acordó el zarpe de ambas embarcaciones. Según denuncian trabajadores del muelle porteño donde estaban fondeadas ambas unidades se encuentran fuera de aguas venezolanas.

Por este hecho se libraron órdenes de aprehensión en contra de los empresarios Ugbor Modestus Amaechi, director de la empresa Latino Oil, quien para ese entonces estaba prófugo, pero que tres días después fue arrestado en la ciudad de Caracas, y también para Carlos Smirt Pérez Gil, director de la empresa Manta Internacional, aprehendido por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Barcelona, capital de la entidad.

En su alocución, Saab aseguró que ambas embarcaciones presentaban documentación falsa, y que a los detenidos se les imputaría los delitos de concertación o defraudación de funcionario en contrato con empresa petrolera u otra operación en acuerdo bajo promesa de beneficio o lucro, y contrabando de extracción agravado en modalidad de comercio de combustible en territorio nacional.

La investigación está a cargo de la Fiscalía VI del Ministerio Público de la entidad bajo el expediente BP01-P2018- 001964 cuya titular, la abogada Valentina Nasr, ordenó la entrega de ambas embarcaciones previa solicitud de los apoderados legales de las empresas investigadas, acordada y ejecutada en el despacho de la misma, sin previa autorización del Tribunal V de Control, a cargo de Ydanie Almeida, de quien dependía dicha decisión.

La información fue suministrada por fuentes tribunalicias, quienes al notar tal irregularidad han decidido hacer público el hecho.

En el mes de febrero Tarek William Saab, había asegurado que estos dos buques quedarían a la orden del Ministerio Público hasta tanto se aclarara la situación y afirmó que “…ya de por si con la falsificación de documentos y firmas revela el dolo y la premeditación para delinquir a niveles reprochables”.

Un abogado penalista a quien se le consultó por el hecho, pero que prefirió mantener su nombre en reserva por temor, aseguró que las embarcaciones formaban parte de las evidencias y debieron mantenerse en custodia para iniciarse un proceso de incautación y su posterior confiscación, tal y como lo establece la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en su artículo N° 55.

El jurista aseguró que esta norma obliga al Ministerio Público a mantener en resguardo las evidencias, que en este caso serían ambas embarcaciones, pero pese a ello y sin contar con elementos que las desvinculen del hecho fueron entregadas.

Destacó que también se obvió el contenido del artículo N° 59 de la misma Ley, el cual establece cuáles son los parámetros que deben seguirse para proceder a la devolución de dichos bienes y facultar sólo al Juez de Control para ello.

El jurista explicó que además dichas embarcaciones no se debieron entregar sin agotar la fase preparatoria de investigación que estipula 45 días, y consideró que el pronunciamiento de la fiscal VI del Ministerio Público del estado Anzoátegui fue apresurado y no ajustado a derecho.

Explicó que las embarcaciones debieron permanecer en resguardo hasta que se demostrara en un juicio oral y público si los empresarios tenian responsabilidad en los hechos que se les atribuye. De ser así, éstas deben ser confiscadas y pasarían a manos del estado venezolano, pero esta medida no se podría aplicar debido a que ambas están fuera del territorio nacional.

Tal es el caso de la embarcación ZouZou, la cual permanece por delitos similares desde el 22 de agosto de 2015 en el muelle N° 1 del Terminal de Almacenamiento y de Embarque Guaraguao, de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), ubicado en Puerto La Cruz.

El Pitazo

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