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Benigno Alarcón: El reto del 20 de mayo

 

Desde que Chávez llegó al poder, en enero de 1999, la dinámica política se ha intensificado a un ritmo que para muchos puede ser de vértigo. Son muchos quienes afirman que la planificación es un ejercicio imposible ante escenarios que cambian cada día de manera impredecible y, por lo tanto, lo táctico se impone. O sea, el “cómo vaya viniendo, vamos viendo” priva sobre lo estratégico.

En esta vorágine de eventos que caracteriza este complejo juego, el régimen se come buena parte de nuestras piezas en el tablero ante la indignación de una mayoría de espectadores de oposición que, por más que acompañen, aúpen y griten a su partido, ven avanzar el juego de manera inevitable hacia una nueva derrota. Nos quitan las piezas de la comunicación (RCTV, Globovisión, El Universal, etc.) y no pasa nada; se comen las piezas claves de nuestro liderazgo democrático colocándolos en prisión, inhabilitándolos, obligándolos a exiliarse o ilegalizando a sus partidos políticos –incluida la tarjeta unitaria– y tampoco pasa nada; cambian las reglas de juego antes o durante los procesos electorales y el juego, para algunos, continúa como si nada.

La verdad es que tanto la Ciencia Política comparada como 18 años de vivencias permiten concluir que ni los escenarios, ni la estrategia seguida por un régimen de clara vocación autoritaria, son impredecibles y todas sus jugadas tácticas han avanzado consistentemente hacia su progresiva autocratización, de manera tal que a partir del momento en que el Gobierno perdió las ventajas competitivas derivadas del liderazgo carismático de Chávez y la abundancia de recursos para apuntalar la construcción de una maquinaria electoral clientelar, se ha pasado, progresivamente, de un modelo dependiente del apoyo político de la mayoría a otro que depende menos de la subordinación voluntaria y más del ejercicio represivo, lo que incluye no solo la disposición a someter por las armas y a encarcelar al liderazgo que se le oponga, sino también por otros mecanismos coercitivos aplicados a toda la población a través del alivio políticamente condicionado de las necesidades más básicas, como el hambre.

Ante este escenario, hoy el país continúa debatiendo y dividiéndose ante el dilema entre votar y no votar. Los que argumentan a favor de votar colocan la vía electoral como la única salida realista y hablan de la necesidad de no incurrir nuevamente en el error de las elecciones legislativas del 2005 y lo que ello implicó en pérdida de otros espacios que fueron copados a partir del control de la mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Quienes argumentan a favor de no votar se fundamentan en la ilegalidad de una elección convocada por la Asamblea Constituyente, el evidente deterioro de condiciones electorales, la convocatoria sobrevenida en una fecha inesperada tal como se hizo con las elecciones de gobernadores y alcaldes, la inhabilitación de líderes de oposición y partidos alternativos, incluida la MUD, las acusaciones de fraude en contra del Consejo Nacional Electoral con motivo de la totalización de votos para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y en el caso de Bolívar, así como la decisión de desconocimiento de estas elecciones de parte de un sector muy importante de la comunidad internacional democrática.

El dilema entre votar o no votar, como decíamos en nuestro anterior artículo, puede colocarnos ante una disyuntiva improductiva que nada abona a favor de la democracia y que solo contribuye a la estrategia de fragmentación de lo que desde hace ya años es una clara mayoría democrática, hoy dividida en múltiples minorías incapaces de hacer frente a un régimen que perdió, de manera irreversible, su legitimidad política en este nuevo esfuerzo por estabilizarse mediante su autocratización. La cuestión real debe estar en cómo avanzar hacia la democratización del país.

En tal sentido, aunque es pertinente preguntar a quienes abogan por no votar cuál es la estrategia que proponen, también resulta pertinente preguntar cuál es la estrategia de quienes abogan por la participación electoral en un proceso que no reúne las condiciones mínimas necesarias. Qué se hará tras un fraude electoral cuya consumación no depende de cambiar un pequeño porcentaje de votos el día de la elección, sino que es un proceso que se inició desde la destrucción progresiva de nuestra integridad electoral desde mucho antes de llegar a esta elección.

La realidad es que aún con los bajos niveles de participación que esta elección pareciera estar condenada a tener, ante el grave deterioro de la situación económica y social, el oficialismo podría perder esta elección, lo que no implicaría un escenario muy distinto al que vimos en el caso del fraude contra Andrés Velásquez en Bolívar. Es posible que, ante la pregunta sobre su estrategia, los candidatos que se mantienen en la carrera electoral o sus cooperadores más cercanos comiencen a responder a este artículo por Twitter, como ya lo han hecho en el pasado, diciendo que tienen una estrategia, pero la estrategia no se devela. A todos ellos vale la pena recordar que las incoherencias, así como las promesas y expectativas que se crean en política tienen, para bien o para mal, consecuencias.

Ante estas dos posiciones extremas –la de una abstención que no hace nada más que no votar y llamar a otros a no hacerlo, versus quienes llaman solo a votar sin saber ni tener cómo responder al escenario de una derrota electoral fraudulenta– el mayor daño político para los ciudadanos que luchamos por reestablecer la democracia, la comunidad internacional que nos acompaña en este objetivo y para nuestra nación, se produciría en el escenario de una derrota electoral sin consecuencias, con el reconocimiento y la cooperación de quienes hayan insistido en sacar a la gente a votar a sabiendas de que no contaban con una estrategia para ganar y defender la voluntad de quienes participaron de buena fe. La consecuencia de ello sería la liquidación de todo el actual liderazgo político democrático, que terminaría cooptado por el régimen o neutralizado por la profundización de las divisiones entre las diferentes oposiciones que, aunque coinciden en la necesidad de demandar un cambio, hasta hoy han sido incapaces de encontrar un camino común que los reunifique en su lucha por volver a vivir en un país normal.

Ciertamente, hoy no tenemos condiciones ni garantías electorales ni podemos esperar que el régimen las otorgue voluntariamente el día de mañana. Cuando hablamos de condiciones para participar no debemos referirnos a aquellas que quienes gobiernan nos conceden a través del Consejo Nacional Electoral u otras instituciones que no gozan de autonomía alguna, sino de las que los demócratas deberían ser capaces de construir para oponerse a la pérdida definitiva de la libertad y avanzar hacia la redemocratización del país.

Lamentablemente, tales condiciones no existen hoy, aunque sí existe una conciencia colectiva que se ha venido formando en torno a una visión común de país, por lo que la tarea esencial debe centrarse en la construcción de aquellas condiciones que dependen del sector democrático y no de quienes hoy mantienen el poder bajo condiciones de equilibrio muy frágiles en las que no pueden permitirse mayores riesgos.

El 20 de mayo no es el fin de la historia sino un capítulo más de un proceso de autocratización progresiva en el que el régimen va dejando atrás lo electoral, tal como lo conocemos hoy, para cambiar, posiblemente a través de la Constituyente, las reglas de juego sobre la legitimación política para pasar a esquemas más controlables y de menos incertidumbre para un régimen que no puede continuar arriesgándose en procesos electorales cuyos resultados pueden terminar sorprendiéndonos. En este sentido, la apuesta del régimen es salir fortalecido del proceso del 20 de mayo para poder emprender cambios, no democráticos, sino orientados hacia su propia estabilización en el mediano y largo plazo.

Si Maduro es declarado ganador del proceso del 20 de mayo y él o los demás candidatos reconocen tal resultado como legítimo, mientras el resto del sector democrático hace silencio, el régimen sale fortalecido y gana. Si el proceso electoral del 20 de mayo se vuelve irrelevante y la legitimidad de Maduro el día 21 no es distinta a la que tenía el 19 de mayo, el régimen pierde. Este es el gran reto que la mayoría democrática tiene ante sí de cara al 20 de mayo.

@benalarcon

 

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