Por años el chavismo se endeudó con diferentes actores, pero principalmente con aquellos que calificó como aliados. Pero éstos ya no gustan de prestarle más sino hasta que Venezuela se ponga al día
Ahiana Figueroa
El gobierno de Maduro recoge la cosecha que sembró en materia de financiamiento externo. Aunque hoy las sanciones financieras de Estados Unidos contra el Ejecutivo encabezado por Nicolás Maduro han complicado las finanzas del país, la capacidad de pago empeora debido a la caída de la producción de Pdvsa y en consecuencia del ingreso en divisas.
La República de Venezuela y su empresa petrolera estatal acumulan pagos pendientes no solo con los tenedores de bonos de deuda, sino también con sus principales aliados en el mundo: China y Rusia. Desde finales del año 2016, el gobierno comenzó a enfrentar dificultades para cumplir con sus compromisos, especialmente Pdvsa que debió ejecutar un plan de refinanciamiento de uno de sus títulos colocando como garantía a la refinería venezolana Citgo en EEUU.
Y es que precisamente esas dificultades comenzaron casi a la par con la caída sostenida de la producción de crudo. En todo el 2016, las exportaciones cayeron 11,7%, es decir, 300.000 barriles diarios al terminar en 2,27 millones de bd. Al cierre del mes de abril de 2018, la producción llega a 1,4 millones de bd, lo que genera un impacto significativo en los ingresos del país.
Pero ¿cuánto debe Venezuela hoy a sus principales aliados? El gobierno de Maduro debe lidiar con un monto aproximado de 30.003 millones de dólares tanto a China y Rusia como a los inversionistas dueños de títulos venezolanos. Para una nación que según proyecciones del banco de inversión Nomura, solo recibirá alrededor de $7.000 millones en 2018 luego de percibir $16.000 millones en 2017, es de suponer que tendrá complicaciones para cumplir con los pagos.
“Las opciones se van agotando y la única forma de recuperar la actividad económica es a través de financiamiento externo. No contar con esta alternativa implica que las importaciones caerán aún más, habrá más escasez en un entorno hiperinflacionario”, acotó el presidente del Consejo Nacional de Economía, Efraín Velásquez
Luego de cumplir con casi de los $62.200 millones que el gobierno de China le prestó al chavismo entre 2005 y 2016 y desde la gestión del presidente Hugo Chávez, el país aún adeuda la cifra de $19.300 millones. Tras varias conversaciones y acuerdos entre ambas naciones, los bancos institucionales chinos decidieron no otorgar nuevos créditos a Caracas debido a la creciente preocupación sobre la sostenibilidad de sus inversiones y la capacidad del gobierno de Maduro de cumplir con sus compromisos, según relata El País de España.
También debe honrar otros $3.150 millones al gobierno de Rusia por la entrega de financiamiento para adquirir armamento, además de $3.260 millones que debe erogar a la petrolera rusa Rosneft.
A finales de febrero pasado, medios de Rusia informaron que Venezuela abonó a Rosneft más de $3.260 millones entre capital e intereses de los $6.500 millones pertenecientes a pagos adelantados, información que aportó el vicepresidente para Refinación, Petroquímica, Comercio y Logística de la petrolera rusa, Didier Casimiro. Otro pago similar está previsto para el año 2020.
Desde 2016, Pdvsa está liquidando parte de su deuda con los gobiernos de Xi Jinping y Vladimir Putin, mediante suministros de petróleo y productos derivados.
“Las fuentes de financiamiento se van cerrando. La decisión que al parecer está tomando China sobre Venezuela puede obedecer a que el Fondo Chino quizás se agotó o no han negociado más líneas de financiamiento”, recalcó Velásquez
Se vencen los períodos de gracia
A finales de 2017 el gobierno optó por dejar de honrar sus compromisos con los tenedores de bonos de deuda externa. Tras culminar los períodos de gracia de 30 días para hacer efectivo el pago de 14 papeles de la República, 7 de Pdvsa y el de Elecar, ahora tiene pendiente una deuda de $4.293 millones.
El chavismo utilizó, fomentó e incrementó la colocación de bonos de deuda externa en medio de la bonanza petrolera, lo cual atrajo a múltiples inversionistas locales y extranjeros que llegaron a ser sus aliados en esta estrategia de financiamiento. Los llamados bonistas particulares e importantes bancos de inversión estrecharon las manos con el gobierno de Venezuela, interesados por los altos intereses que devengan.
Pero ahora el país se enfrenta a la posibilidad de una serie de demandas legales debido al impago de esta deuda. El gobierno solo ha cancelado el Pdvsa 2020 para no perder el 50,1% de las acciones de Citgo.
“Los inversionistas que poseen el resto de los bonos de Pdvsa no han recibido mayor respuesta por parte de las autoridades y este último desembolso deja sin lugar la teoría del bloqueo financiero esgrimida por el gobierno. Por esta razón, es de esperar que estos tenedores comiencen a organizarse para realizar demandas legales contra Venezuela y Pdvsa, en los próximos meses”, resalta Econométrica en un informe
Destaca que el financiamiento externo se ve aún más restringido luego de las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos. Además, la Unión Europea sigue muy de cerca la línea del país norteamericano, al igual que otras regiones del mundo, mientras que los países que rechazan las sanciones (Rusia, por ejemplo) cuentan con un sistema financiero más pequeño que el estadounidense, por lo que no representarían un alivio para el Gobierno.
“Por otro lado, ante un inminente embargo y las sanciones que dificultan aún más la operatividad de Pdvsa, junto con la falta de inversión que mantiene a la industria estancada, se pone en jaque el flujo de caja interno y el poco oxígeno que queda en la economía nacional. La comunidad internacional no cambiará su actitud hasta que el gobierno tome otro rumbo”, indicó la firma local en un informe reciente.
Aunque Venezuela tiene la posibilidad de acudir a los organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial para buscar dinero fresco, el chavismo no ha querido optar por esta opción.
“Siempre está abierta la posibilidad de que el país pueda acudir a los multilaterales, la pregunta es si las autoridades económicas están dispuestas a ello. Las sanciones pueden llevar a estudiar esta opción”, señaló Velásquez.
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