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Luis Fuenmayor Toro: Preguntas importantes a los jefes del Gobierno

 

¿Cuál es la ventaja política nacional e internacional obtenida al juzgar a civiles en los tribunales militares? La Constitución venezolana establece que la gente debe ser juzgada por sus jueces naturales, por lo que no hacerlo es una violación de la misma. ¿Mejora el prestigio del gobierno este tipo de decisiones? ¿Es que el alto gobierno está convencido de que hacerlo aumenta el respaldo electoral a sus candidatos? Alguna razón tiene que haber para actuar en esta forma y para mantenerla en el tiempo, a menos que se trate de un acto de venganza contra algunos ciudadanos o de una demostración de poder, que se crea paraliza las protestas y políticas de los contrarios. Es un hecho muy malo para la imagen gubernamental en el extranjero.

¿Qué beneficio le han sacado a tener a un gorila como jefe del grupo militar que custodia el Palacio Federal? ¿Empujar al diputado Julio Borges, en ese momento Presidente de la Asamblea Nacional, les rindió un fruto político extraordinario? Quizás entre el lumpen que los apoya, los parapoliciales y quienes tienen grotescos programas en VTV, hayan obtenido un sólido respaldo, pero para la mayoría de la gente y en el ámbito internacional fue un simple abuso cobarde de un oficial armado y acompañado de sus subalternos contra un civil desarmado. Nada de que enorgullecerse. Si el objeto era humillarlo y humillar a la Asamblea Nacional, se logró, pero son decisiones de mentes inmaduras, monos con hojilla haciendo política.

¿Por qué si la Constitución y las leyes obligan a respetar el debido proceso, en la detención y enjuiciamiento de cualquier persona, el mismo se viola constantemente? No se los detiene mediante una orden judicial, no se los presenta en los tribunales dentro de las primeras 48 horas, no les permiten la inmediata y permanente asistencia de su abogado, se les incomunica, se les aísla, se les retarda ilegalmente el juicio, se les interfiere en las visitas de sus familiares, se les maltrata y en ocasiones se les tortura, no se les atiende en sus requerimientos de salud, se los traslada a sitios lejanos a sus residencias y en ocasiones se los desaparece. Las mismas depravaciones de los gobiernos adecocopeyanos, pero llevadas a peores extremos, algo inicuo para quienes hablan de “la mayor suma de felicidad posible”.

Entiendo que la situación carcelaria los tiene rebasados desde siempre, no han podido resolverla, lo hecho hasta ahora ha sido más propaganda que otra cosa y no existen logros en este sector. Pero cualquiera medianamente inteligente sabe que debe prestar especial atención a los presos por razones políticas, pues las comunidades nacional e internacional son sensibles en esta materia. Y lo que digo atañe además a los derechos humanos, que todo el mundo dice defender aunque los violenten en cada momento, y son hoy la principal excusa de los países poderosos occidentales para agredir y sojuzgar a las naciones más débiles, sobre las que tengan intereses particulares: geopolíticos, económicos o limítrofes. Es humanamente inaceptable la violación de los mismos, pero además es estúpido hacerlo.

Personalmente sé que solicitar la liberación de todos los presos políticos, civiles y militares, para lo cual la figura de una amnistía general puede ser la más conveniente, no puede significar la libertad para conspirar en ninguna de sus formas, pues el Estado tiene el derecho de defenderse y de utilizar la violencia constitucional y legal para ello. Esto hay que decirlo claramente, pues una parte de quienes hacen oposición la hacen desde la trinchera de la conspiración, el golpe de Estado y la intervención de fuerza extranjera, y se los oye racionalizar en el sentido de que ellos tienen el derecho a la insurgencia, pero eso sí, sin peligro ninguno, sin que los pongan presos ni los sometan a juicio, con todas las facilidades.

Pero el Estado no puede violentar la Constitución ni las leyes al defenderse de conspiradores y terroristas. No puede acudir al terrorismo de Estado ni a la violencia indiscriminada, ni a incumplir con el debido proceso. Tener la conducción estatal tiene inmensas ventajas, pero tiene también sus límites, y eso hay que aceptarlo. El Gobierno no debe calificar a toda protesta como subversiva, ni a todo manifestante como terrorista y traidor a la patria, por más violento que sea. Si enfrentó a los cuerpos policiales con piedras, con bombas Molotov, arréstelos por vandalismo, resistencia a la autoridad, daños a la propiedad, garantícenles el debido proceso y respétele sus derechos humanos.

No hacerlo, lejos de favorecerlos en sus intenciones de pacificación, los desfavorece y deja desnudos internacionalmente. Si ya decidió soltar a los presos políticos, los civiles por lo menos, pues háganlo de inmediato, no le den largas, no los limiten. ¿Qué sentido tiene mantenerle las medidas cautelares? ¿Acaso no los pueden vigilar? Libertad plena, sin restricciones. ¿Cuál es el miedo? Hacer las cosas a medias no rinde los resultados esperados. Recuperar la confianza luego de tantas trampas y engaños no es tarea fácil. Si eso es lo que quieren, pues asúmanlo como debe ser.

 

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