El día de ayer, 8 de julio, ha sido apellidado como el “domingo de la locura judicial”. Y es posible que sea recordado como la fecha en que Lula ganó una batalla mayor que la de su liberación. Gracias a todo lo que se ha movido en torno de su lucha judicial, cuya condena en segunda instancia lo imposibilita para disputar las presidenciales a pesar de mantenerse a la cabeza en los sondeos, Brasil ha descubierto que su sistema judicial está podrido.
Ha sido la importancia de la figura política y mítica de Lula puesta en discusión la que ha llevado a toda la cadena jurídica, desde la primera instancia al Supremo, a descubrir la urgencia de una reforma que no puede esperar más so pena de una convulsión social. Lula sigue en la cárcel y es posible que nuevas condenas caigan sobre su cabeza, aunque nadie es aún capaz de profetizar su futuro. Lo que sí es cierto es que Lula, inocente o culpado, ha hecho ver que el rey supremo de la justicia está desnudo. Ha sido él quien ha atizado el fuego y las ratas, que siempre existieron, han empezado a salir de sus madrigueras.
No ha sido un simple plantonista, entre ingenuo y malicioso, el que ha provocado la tormenta, con su deseo de no quedarse atrás en la corrida de egos que atraviesa, por ejemplo, el Supremo. Si Dias Toffoli, por su cuenta y riesgo, contra una decisión monocrática que contradecía la del colegiado del Supremo, sacó de la cárcel a José Dirceu condenado a 30 años, ¿por qué él no podía liberar a Lula?
La tragicomedia judicial del domingo sirvió para dejar más al descubierto, si cabe, la fragilidad de todo el sistema jurídico brasileño que amenaza con contagiar al resto de las instituciones. El caso Lula podrá un día ser estudiado como el revulsivo que reveló que no puede esperar más una reforma de la justicia empezando por el Supremo, que se está revelando, con el espectáculo poco ejemplar del protagonismo de los altos magistrados, como la clave de toda la inseguridad política y hasta social que agita a Brasil.
No cabe ya duda que el espectáculo ofrecido por los ministros de la alta Corte ha llegado a su culmen. La guerra de egos entre los 11 jueces supremos está a la vista hasta de los analfabetos del país. Hoy magistrados como Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Barroso o Carmen Lucia son más protagonistas a nivel popular que muchos actores de las novelas, lo que supone una aberración democrática.
O Brasil recompone la legalidad jurídica o la crisis política ya en curso con amenazas de volver a los tiempos oscuros del autoritarismo acabará agravándose. En las aguas de la inseguridad jurídica es donde mejor se reproducen las bacterias de todos los totalitarismos.
Una de las tareas más urgentes del nuevo presidente de la República será poner orden en los tribunales y acabar con un Supremo que parece estar actuando más en la pequeña política partidaria que en su defensa de la Constitución. Urge una reforma a fondo de la institución que debería ser la columna madre de las demás instituciones. Urge renovar el sistema de elección de los magistrados para que no acaben siendo meros acólitos de quienes les nombraron. Urge despojar al Supremo de sus funciones meramente judiciales que llevan a veces al límite del ridículo teniendo que disputar un hábeas corpus de un condenado por haber robado unos tenis usados. Urge quitarles la vanidad de que votos interminables y crípticos sean televisados. Si por un lado ello puede ser visto como una apertura democrática, acaba siendo un caldo de cultura de la vanidad de los togados.
Es posible que sin el caso Lula, que aún no sabemos como se resolverá personalmente, los reyes del Supremo seguirían protegidos por la reverencia de sus togas capaces de ocultar pequeñas y mezquinas miserias que acaban envenenando no solo la política sino la confianza en la justicia. Lula, aunque a través de la paradoja de su condena, está sirviendo para que todo Brasil, dada la notoriedad de su caso penal, esté pudiendo descubrir que a la diosa griega de la justicia se le está arrancando la venda de sus ojos dejándola libre para tentaciones inconfesables.
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