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Manuel Taibo: El equipo económico liberal de Yeltsin está en racha

 

Cuando el presidente soviético, Mijaíl Gorbachov, viajó a Londres para asistir a su primera cumbre del G-7 en julio de 1991, nada podía hacerle sospechar que no fuera recibido como un héroe. Durante los tres años anteriores, más que caminar por la escena internacional, había dado la impresión de flotar por ella, hechizando a los medios, firmando tratados de desarme y recogiendo premios de la paz, incluido el Nobel en 1990.

“Gorbi”: En 1987, la revista Time se arriesgó incluso a convertir al presidente soviético en su “hombre del año”. Los editores de la publicación explicaron que, a diferencia de sus predecesores en el cargo (auténticas “gárgolas con gorros de piel”). Gorbachov era el verdadero Ronald Reagan de Rusia: “una versión en el Kremlin del Gran Comunicador”. El comité del Premio Nobel declaró que, gracias a su trabajo, “tenemos hoy la esperanza de estar celebrando el final de la Guerra Fría”.

Así que lo que sucedió en la reunión del G-7 en 1991 fue totalmente inesperado. El mensaje casi unánime que Gorbachov recibió de sus homólogos de las grandes potencias industriales fue que, si no aceptaba una terapia de Gringolandia económica radical de inmediato, éstas contarían la cuerda y le dejarían caer. “Sus sugerencias respecto al ritmo y a la metodología de la transición fuero increíbles”.

Lo que ocurrió a continuación (la disolución de la Unión Soviética, el rápido proceso por el que la figura de Yeltsin eclipsó la de Gorbachov y la tumultuosa trayectoria de la terapia económica de Gringolandia en Rusia). Gorbachov sabía que el único modo de imponer la terapia de Gringolandia defendida por el G-7 y el FMI era por la fuerza (como también sabían muchos de los occidentales que presionaban a favor de esa clase de políticas). La revista The Economist, en un influyente artículo de 1990, instó a Gorbachov a adoptar “un estilo fuerte de gobierno para aplastar la resistencia que ha bloqueado hasta el momento toda reforma económica seria”. Sólo dos semanas después de que el Comité del Nobel hubiera dado por concluida la Guerra Fría, The Economist animaba a Gorbachov a seguir el modelo de uno de los más tristemente célebres asesinos de aquel conflicto bipolar. El apartado final artículo, encabezado por una reveladora pregunta a modo de título (“Mikhail Sergeevich Pinochet?”) concluía que, aunque seguir ese consejo podía causar “algún posible derramamiento de sangre, también podría (simplemente, podría) ser la oportunidad de la Unión Soviética para adoptar lo que podríamos denominar el enfoque Pinochet de la economía liberal”. El Washington Post estuvo dispuesto a ir aún más lejos. En agosto de 1991, el diario publicó un comentario titulado “El Chile de Pinochet, modelo pragmático para la economía soviética”. El artículo suscribía la idea de un golpe de Estado para librarse del lento Gorbachov, pero a su autor, Michael Schrage, le preocupaba el hecho de que los oponentes del presidente soviético “carecieran del sentido común y los apoyos necesarios para barajar y aprovechar la opción Pinochet”. Deberían seguir el modelo, proseguías Schrage, de “un déspota que realmente supo cómo organizar un golpe: el general chileno retirado Augusto Pinochet”.

Gorbachov se encontró enseguida frente a un adversario que estaba más que dispuesto a desempeñar el papel de Pinochet ruso. Boris Yeltsin, aunque ya detentaba el cargo de presidente de Rusia, tenía un estatus menos prominente que el de Gorbachov, que presidía el conjunto de la Unión Soviética. Pero eso cambiaría espectacularmente el 19 de agosto de 1991, un mes después de la cumbre del G-7. Un grupo de miembros de la vieja guarda comunista movilizó los tanques del ejército y los envió hacia la Casa Blanca, que es el nombre con el que se conoce la sede del parlamento ruso. Yeltsin se presentó en medio de la multitud de rusos que se habían congregado allí, decidido a defender su “nueva democracia”, y se encaramó a uno de los tanques para denunciar aquella agresión, calificándola de “cínica intentona golpista de derechas”. Los tanques se retiraron y la figura de Yeltsin emergió de aquella confrontación como la de un valeroso defensor de la democracia.

Yeltsin no tardó en invertir los réditos de su triunfo en la obtención de un mayor poder político. Sabía que, mientras la Unión Soviética se mantuviera intacta, siempre dispondría de menos control sobre la situación política que Gorbachov, así que, en diciembre de 1991, cuatro meses después de la abortada intentona golpista, Yeltsin asestó una estocada política maestra. Formó una alianza con otras dos repúblicas soviéticas y, con ello, provocó la brusca disolución de la Unión Soviética y forzó la dimisión de Gorbachov. La abolición de la U.R.S.S., “el único país que la mayoría de los rusos había conocido” hasta entonces, supuso un fuerte impacto para la psique colectiva rusa y, según el politólogo Stephen Cohen, fue el primero de los “tres shocks traumáticos” que los rusos habrían de soportar en los tres años siguientes.

Pero Yeltsin quería algo más que asesoramiento: pretendía obtener la misma recaudación de fondos en bandeja de plata que Sachs le había servido a Polonia. “Nuestra única esperanza era que se cumplieran rápidamente las promesas del G-7 y que nos facilitaran de inmediato grandes sumas de ayuda financiera.” Sachs le explicó a Yeltsin que confiaba en que, si Moscú se mostraba dispuesta a adoptar el enfoque big bang para establecer una economía capitalista en Rusia, él sería capaz de recaudar en torno a 1.500 millones de dólares. Para ello tendrían que ser ambiciosos y moverse con rapidez. Lo que Yeltsin no sabía era que suerte de Sachs estaba a punto de agotarse.

A fin de proporcionar sus propios refuerzos ideológicos y técnicos a los Chicago Boys de Yeltsin, el gobierno estadounidense aportó y sufragó sus propios expertos en transiciones, a los que se signaron tareas diversas: desde la redacción de decretos de privatización hasta la puesta en marcha de una bolsa del estilo de la de Nueva York, pasando por el diseño de un mercado ruso de fondos de inversión. En otoño de 1992, la USAID concedió un contrato de 2,1 millones de dólares al Harvard Institute for Internacional Development que permitió el envío de diversos equipos de jóvenes abogados y economistas para que siguieran de cerca los progresos del equipo Gaidar. En mayo de 1995, Harvard nombró director de su Institute for International Development a Jeffrey Sachs, lo que significa que éste desempeño dos papeles distintos en la reforma rusa: empezó como asesor independiente de Yeltsin para pasar luego a convertirse en supervisor de la nutrida avanzadilla de Harvard en Rusia, sufragada con fondos del gobierno de Gringolandia.

Yeltsin hizo promesas descabelladas afirmando que “durante, aproximadamente, seis meses, las cosas empeoraría”, pero, luego, se iniciaría la recuperación y, en breve, Rusia se convertiría en un titán económico, en una de las cuatro principales economías del mundo. Lo cierto es que la lógica que había detrás de esta “destrucción creativa” (tal como se la denominaba) apenas generó creación, pero sí que dio pie a un proceso destructivo en espiral. Tras sólo un año, la terapia de Gringolandia ya se había cobrado un peaje desbastador: millones de rusos de clase media perdieron los ahorros de toda su vida cuando el dinero perdió valor y los bruscos recortes de los subsidios provocaron que millones de trabajadores co cobrasen salario alguno durante meses. El ruso medio consumía un 40% menos en 1992 que en 1991 y un tercio de la población cayó por debajo del umbral de pobreza. La clase media se veía obligada a vender sus pertenencias personales en puestos callejeros improvisados, mientras los economistas de la Escuela de Gringolandia ensalzaban aquellos actos como síntomas de un gran “espíritu emprendedor” y como prueba de que el renacimiento capitalista estaba ya en marcha, aunque fuera poco a poco (¡ciertamente!: una reliquia de familia por aquí, una americana de segunda mano por allá…). Los rusos acabaron recuperando la orientación y empezaron a exigir el fin de aquella sádica aventura económica (“No más experimentos” era uno de los graffitis más populares en el Moscú de la época). Presionados por los votantes, el parlamento electo del país —el mismo órgano que había apoyado el ascenso al poder de Yeltsin—decidió que había llegado la hora de frenar al presidente y a sus sucedáneos de Gringolandia. En diciembre de 1992, los parlamentarios votaron la destitución de Yegor Gaidar y, tres meses después, en marzo de 1993, aprobaron revocar los poderes especiales que habían concedido a Yeltsin para que éste impusiera sus leyes económicas por el decreto. Se había agotado el período de gracia y los resultados habían sido pésimos; a partir de aquel momento, las leyes tendrían que pasar por el parlamento, una medida común y convencional en cualquier demostración democracia liberal, y que se ajustaba, además, a los procedimientos fijados en la constitución rusa.

Los diputados estaban simplemente ejerciendo sus derechos, pero Yeltsin se había acostumbrado a sus poderes incrementados y había dado ya síntomas de considerarse más como un monarca (se había aficionado incluso a llamarse a sí mismo Boris I) que como un presidente. Así que tomó represalias contra el “motín” del parlamento apareciendo en televisión y declarando el estado de emergencia, por el que (muy oportunamente) se restablecían sus poderes imperiales. Tres días después, el independiente Tribunal Constitucional ruso (cuya creación había sido uno de los avances democráticos más significativos de Gorbachov) sentenció por 9 a 3 que la usurpación de competencias de Yeltsin vulneraba en ocho puntos distintos la constitución que había jurado respetar.

Pese a ello, Gringolandia apoyó decididamente a Yeltsin a quien se le seguía atribuyendo el papel de un progresista “genuinamente comprometido con la reforma”, por emplear las palabras del entonces presidente estadounidense, Bill Clinton. La mayor parte de la prensa occidental también se alineó con Yeltsin contra el conjunto del parlamento, cuyos miembros fueron tachados de “partidarios de la línea dura comunista” que pretendían dar marcha atrás a las reformas democráticas. Estaban aquejados, según el corresponsal en jefe del New York Times en Moscú, de la “típica mentalidad soviética: suspicaces ante las reformas, desconocedores de la democracia, despectivos con los intelectuales o los demócratas”.

En realidad, aquellos eran los mismos políticos (y con los mismos defectos, que, tratándose de 1.041 diputados, debían de ser muchos) que habían respaldado a Yeltsin y a Gorbachov frente al golpe de los auténticos partidarios de la línea dura en 1991, los mismos que habían votado a favor de la disolución de la Unión Soviética y los mismos que, hasta la fecha muy reciente, había dado su apoyo pleno a Yeltsin. Pero el Washington Post optó por calificar a los parlamentarios de Rusia de “antigubernamentales”, como si se tratara de unos intrusos que no formasen parte también del sistema de gobierno de la nación en sentido amplio.

En la primavera de 1993, la colisión se hizo inminente. El parlamento sacó adelante una proposición de ley de los presupuestos del Estado que no seguía las exigencias de estricta austeridad dictadas por el FMI. Yeltsin respondió tratando de eliminar el parlamento. Organizó apresuradamente un referéndum (que la prensa nacional rusa respaldó al más puro estilo orwelliano) en el que preguntó a los votantes se estaban de acuerdo en disolver el parlamento y convocar elecciones inmediatas. Sin embargo, la participación de los votantes no alcanzó el mínimo requerido para validar el mandato que Yeltsin necesitaba. Aun así, se proclamó victorioso aduciendo que aquel ejercicio había demostrado que el país estaba con él: el presidente había introducido en la consulta una pregunta adicional (y en absoluto vinculante) pidiendo a los votantes que se pronunciaran sobre sus reformas y una mayoría exigua de estós se habían declarado favorables a ellas.

Yeltsin, confiado en que contaba con el apoyo de Gringolandia, adoptó su primer paso irreversible hacia lo que hoy se conoce abiertamente como la “opción Pinochet”: emitió el decreto 1.400, que abolía la constitución y disolvía el parlamento. Dos días después, el parlamento votaba por 636 a 2 en una sesión extraordinaria destituir a Yeltsin por su vergonzosa acción (equiparable a que, en Estados Unidos, el Congreso hubiese sido disuelto unilateralmente por el presidente). El vicepresidente Aleksandr Rutskoi anunció que Rusia ya había “pagado un precio muy caro por culpa del aventurismo político” de Yeltsin y los reformadores.

A partir de aquel momento, era inevitable que se produjese alguna especie de conflicto armado entre Yeltsin y el parlamento. A pesar de que el Tribunal Constitucional de Rusia volvió a fallar en contra de Yeltsin y consideró de nuevo inconstitucional su conducta, Clinton siguió dándole su respaldo y el Congreso estadounidense votó a favor de la concesión al presidente ruso de 2.500 millones de dólares en concepto de ayuda. Envalentonado, Yeltsin envió tropas para que rodearan el parlamento e hizo que el gobierno municipal cortara la electricidad, la calefacción y las líneas telefónicas de la Casa Blanca (la sede parlamentaria), Boris Kagarlitski, director del moscovita Instituto de Estudios de la Globalización, explico que los partidarios de la democracia rusa “acudieron por millares para tratar de romper el bloqueo. Durante dos semanas, se celebraron manifestaciones pacíficas frente a los soldados y a las fuerzas policiales, lo que permitió un desbloqueo parcial del edificio; algunas personas pudieron llevar comida y agua al interior. La resistencia pacífica ganaba popularidad y un mayor apoyo a cada día que pasaba”.

Tras comprobar la hecatombe de Solidaridad en las urnas, Yeltsin y sus asesores de Gringolandia tuvieron muy claro que unas elecciones anticipadas serían excesivamente arriesgadas. En Rusia, eran demasiadas las riquezas que pendían de un hilo: inmensos yacimientos petrolíferos, un 30% aproximado de las reservas mundiales de gas y un 20% del níquel del planeta, por no hablar de las fábricas de armamento y del aparato mediático del Estado con el que el Partido Comunista había controlado a una población tan numerosa.

En diciembre de 1994, Yeltsin hizo lo que tantos dirigentes desesperados han hecho a lo largo de la historia para aferrarse al poder: inició una guerra. Su jefe de seguridad nacional, Oleg Lobov, había confesado a un legislador que “lo que necesitamos es una pequeña guerra victoriosa para aumentar los índices del presidente”.

Rusia cayó bajo un régimen de gobierno dictatorial libre de obstáculos: sus órganos electos fueron disueltos, se suspendió el Tribunal Constitucional y la Constitución, los tanques patrullaban las calles, se declaró el toque de queda y la prensa tuvo que enfrentarse a una censura omnipresente, aunque los derechos civiles fueron restablecidos en breve. Yeltsin es visto por la historia más como un bufón corrupto que como un hombre duro y de aspecto amenazador. Pero sus políticas económicas y las guerras que promovió para protegerlas contribuyeron significativamente a aumentar el recuento de víctimas de la cruzada de Gringolandia, una cifra que no ha dejado de aumentar sistemáticamente desde lo sucedido en Chile durante los años setenta. A las víctimas del golpe de octubre perpetrado por Yeltsin, hay que añadir el elevadísimo número de muertos en las guerras de Chechenia (según las estimaciones, unos 100.000 civiles). Ahora bien, las mayores masacres que precipitó el anterior máximo mandatario ruso fueron aquellas que se produjeron “a cámara lenta”, pero con una mortandad mucho mayor: me referimos a “los daños colaterales” de la terapia económica de Gringolandia.

“¿Qué han ganado nuestra patria y su pueblo con estos quince criminales años anteriores?”, se preguntaba Vladimir Gusev, un académico moscovita, en una manifestación prodemocrática en 2006. “estos años de capitalismo asesino han matado al 10% de nuestros habitantes.” Y lo cierto es que la población rusa se encuentra en franco (y acelerado) declive. El país pierde aproximadamente unos 700.000 habitantes al año. Entre 1992, el primer año completo de terapia de shock, y 2006, la población de Rusia menguó en 6,6 millones de habitantes. Hace tres décadas, André Gunder Frank, el economista de los de Chicago, disidente escribió una carta a Milton Friedman acusándolo de “genocidio económico”.

Esta miseria planificada resulta aún más grotesca si pensamos que la riqueza aculada por la élite es exhibida en Moscú como en ningún otro lugar del mundo con la salvedad, quizás, de un de emiratos petrolíferos. En la Rusia de Yeltsin, la riqueza está tan estratificada que los ricos y los pobres parecen vivir no sólo en países distintos, sino también en siglos diferentes. Una de esas “zonas horarias” es el centro de Moscú, transformado a pasos acelerados en una ciudad del pecado futurista del siglo XXI, donde los oligarcas se desplazan a toda prisa de un lado a otro en convoyes de Mercedes negros protegidos por soldados mercenarios de primer nivel, y donde los gestores de dinero occidentales se ven seducidos por la laxitud de la normativa de inversiones durante el día y por las prostitutas facilitadas por gentileza de sus anfitriones durante la noche.

Este pillaje al que ha sido sometido todo un país con tanta riqueza como la que Rusia atesora ha requerido de actos extremos de terror en la historia reciente desde el incendio del parlamento hasta la invasión de Chechenia. “Las políticas que engendran pobreza y delincuencia”, escribe Georgi Arbatov, uno de los asesores económicos originales (y generalmente ignorados) de Yeltsin, sólo pueden sobrevivir si se suprime la democracia”. Se había suprimido ya en el Cono Sur, Brasil, en Bolivia (durante el estado de sitio).

Echando la vista atrás, resulta francamente sorprendente que el período de monopolio del capitalismo (cuando dejó de tener otras ideologías o contrapoderes con las que competir) fuese tan sumamente breve (sólo ocho años, desde la desaparición de la Unión Soviética como tal en 1991 hasta el fracaso de las conversaciones de la OMC, en 1999). Pero el auge de una fuerte oposición no iba a amilanar a sus partidarios en su propósito de imponer el extraordinariamente lucrativo programa del capitalismo ilimitado; éstos estaban perfectamente dispuestos a surcar las salvajes olas del miedo y la desorientación que iban a ser desatadas por unos nuevos shocks, más colosales que todos los anteriores.

Traidores a la Unión Soviética: Kruschev, Brezhnev, Gorbachov y Yeltsin, malandros, revisionistas.

¿Cuál es la diferencia de Venezuela de Maduro, o aquella Rusia de Yeltsin?

¡Stalin… siempre!

 

 

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