El representante de Provea aseveró que la Defensoría del Pueblo (DP) y el Ministerio Publico (MP) deben actuar y castigar a los responsables de esta ejecución
Marino Alvarado, coordinador de investigación y monitoreo de Provea, señaló este sábado que “lamentablemente los hechos suscitados en el sector El Realengo de Cumaná (Sucre) reafirman las prácticas de violación de los derechos humanos (DDHH) por los órganos de seguridad”.
El señalamiento tuvo lugar luego de reunirse con familiares y vecinos de Carlos López, quien presuntamente fue ajusticiado en las adyacencias del mercado de Cumaná por uniformados del Instituto Autónomo Policía del municipio Sucre (Iapms).
“Este tipo de actos vienen realizándose desde hace mucho tiempo en el país, pero se fortalecieron a partir de los Operativos de Liberación del pueblo (OLP), las cuales se convirtieron en políticas gubernamentales destinadas a detener y ejecutar”, comentó el vocero del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
En el encuentro, Marcelina Ramos, madre de Carlos López, y varios residentes de la comunidad de El Realengo, relataron al investigador los hechos ocurridos la mañana del pasado 5 de julio, cuando tres personas fallecieron en un presunto ajusticiamiento a manos de funcionarios del Iapms.
“Cuando hablamos de ejecución, nos referimos a una persona que es detenida y posteriormente la policía la mata. En el caso de El Realengo no hay prueba de que los tres jóvenes estuvieran cometiendo delitos”, afirmó el abogado.
Agregó que esperan que la Defensoría del Pueblo (DP) y el Ministerio Publico (MP) actúen y los funcionarios responsables sean castigados con todo el peso de la ley, “porque esa es una forma de prever que este tipo de práctica se repita”.
“Parte de la lucha contra la impunidad es contrarrestar las versión oficial, que indica que allí hubo un enfrentamiento; indudablemente en el lugar no existió tal enfrentamiento; por eso hay que exigirles al MP y la DP que actúen”, subrayó.
El Pitazo
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