Tras ser reprobada con clasificación “D” por el Comité de Derechos Humanos de la Organización para las Naciones Unidas, en cuanto al cumplimiento de obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la situación de los derechos humanos en Venezuela pone cada vez más en alerta a los organismos internacionales y a la sociedad civil pues el Estado no envió el informe sobre los avances en las recomendaciones que hicieron en 2015.
El Estado debió trabajar, desde esa fecha, para garantizar la independencia judicial y de la Defensoría del Pueblo, eliminar el uso excesivo de la fuerza, no someter a civiles a la justicia militar y garantizar la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, entre otras.
Para Human Rights Watch es preocupante la situación pues señala que durante los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro ha habido en el país un incremento en la acumulación de poder en el Ejecutivo, que cada vez más ahoga la independencia judicial, ocasiona impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos y actuaciones abusivas por parte del Estado.
Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, sospecha que el gobierno de Maduro busca evitar la contraloría del país en materia de derechos fundamentales, al no cumplir con las recomendaciones realizadas por la ONU ni enviar el informe sobre sus avances.
“Esta inacción, que limita la labor contralora del Comité de la ONU, es una nueva demostración del poco interés que tiene Venezuela sobre su reputación en órganos internacionales de protección de derechos humanos”, explicó.
Rafael Uzcátegui, director de Provea, indicó que el silencio del gobierno de Maduro intenta invisibilizar el abuso de poder e impedir la observación independiente sobre los derechos humanos en el país. Sin embargo, sostiene que “la dictadura” continúa bajo la mirada de los organismos internacionales que mantienen la evaluación sobre su comportamiento.
Aseguró que la reprobación de Venezuela en el Comité de la ONU confirma que la violación sistemática de los derechos humanos es una política de Estado que da elementos para la decisión final del examen preliminar, que realiza la Corte Penal Internacional sobre las presuntas violaciones de las garantías fundamentales en el país.
Indicó que la clasificación constituye un llamado de atención al Estado venezolano por su falta de cooperación en la labor de los órganos de derechos humanos de la ONU, que se traduce en incumplimiento del derecho internacional.
FUENTE: El-Nacional.com