La familia del diputado Juan Requesens y los parlamentarios de Primero Justicia y Voluntad Popular introdujeron un petitorio ante la Dirección de Derechos Fundamentales del MP. Piden que al diputado preso se le permita hablar con sus abogados, con su médico y que le den los medicamentos que requiere por su condición de salud.
Este martes se cumplen 28 días de la inconstitucional detención del diputado Juan Requesens (PJ-Táchira). Parlamentarios de Primero Justicia y Voluntad Popular acompañaron a su familia en la introducción de un petitorio ante la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, en Caracas, para que se investiguen todas estas irregularidades.
En el documento, suscrito por Juan Requesens padre y presentado por los diputados, se detallan las sucesivas y numerosas violaciones del debido proceso y de los derechos humanos de Requesens. Denuncian la negativa de los funcionarios del Sebin del Helicoide a recibir los medicamentos que Requesens necesita para tratar sus condiciones de salud, así como la imposibilidad de verlo incluso por parte de sus abogados. También advierten que, desde la audiencia de presentación, los abogados no han tenido acceso al expediente, lo cual les impide planificar una defensa.
Ante esta situación, solicitaron al Ministerio Público designar un fiscal de derechos humanos que se traslade al Sebin y constate todos los atropellos denunciados. Además, exigieron que se le permita el acceso a su familia, abogados y a un médico de su confianza para constatar su estado de salud.
El diputado Juan Andrés Mejía (VP-Miranda) enfatizó que Requesens no es culpable de ningún delito
Mejía recordó que ya algunos parlamentos de la región y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaron para exigir el respeto a la inmunidad y debido proceso en este caso.
“El Ministerio Público es el responsable de la vida, la integridad y la salud del diputado Juan Requesens. Quienes son cómplices en la violación de sus derechos humanos tendrán consecuencias”, dijo
Admitió que no guardan esperanzas de que Tarek Saab, fiscal designado a dedo por la ilegítima ANC –así calificada por el Grupo de Lima y la UE-, vaya a acoger la solicitud, pero destacó que es menester agotar la vía interna para acudir a la justicia internacional.