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El desembarco opulento en España de los nuevos millonarios venezolanos

 

Una decena de empresarios y ex altos cargos, varios de ellos detenidos por corrupción, han invertido decenas de millones de casas de lujo y fincas para cacerías

Son venezolanos y muy ricos. Amasaron sus fortunas en los años dorados del chavismo, con altos precios del petróleo y gigantescas obras públicas convertidas en máquinas de ganar dinero a golpe de sobrecostes y sobornos. Unos han sido llamados bolichicos, jóvenes y ambiciosos empresarios que crecieron a la sombra del poder. Otros son ex altos cargos del régimen que usaron su posición para cobrar mordidas millonarias.

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Todos han elegido España como lugar para vivir en la última década. También como destino privilegiado de sus inversiones. Una investigación de EL PAÍS ha recopilado cómo una decena de personas vinculadas al chavismo han introducido en el país más de 160 millones de euros en los últimos 15 años. La mitad han ido destinados a inversiones inmobiliarias, con especial predilección por pisos en fincas regias del centro de Madrid, casas en lujosas urbanizaciones y enormes haciendas en las que cazar y cultivar de nuevas relaciones.

España, sin embargo, es solo un nodo más de una amplia red que desde Venezuela se extiende por Miami y discretas plazas financieras internacionales. Solo por Andorra, altos cargos chavistas movieron más de 2.000 millones de euros, según investiga la justicia del de ese país. Un tribunal de Houston (EE UU) ha revelado el cobro de decenas de millones de euros en comisiones ilegales, remitidas luego a Suiza y paraísos fiscales. Y una tercera investigación, lanzada por el gobierno venezolano, cuantifica en más de 10.000 millones de dólares las pérdidas por corrupción en el país, en palabras del fiscal general, Tarek William Saab.

El Juzgado de Instrucción 27 de Madrid, en coordinación con las autoridades de Andorra y Venezuela, investiga las propiedades en España de los implicados. La gigantesca petrolera pública PDVSA está en el centro de la mayoría de los casos, aunque los sobornos se extienden a otros proyectos como el Metro de Caracas y las grandes inversiones acometidas por Caracas para hacer frente a la crisis eléctrica que sufrió el país en 2009.

Carlos Luis Aguilera Rojas fue uno de los primeros en invertir en España, donde ostenta un patrimonio que se acerca a los cinco millones de euros. Miembro destacado del círculo de seguridad de Hugo Chávez, a quien acompañó en 1992 en su intentona golpìsta, Aguilera llegó a comandar entre 2001 y 2002 los servicios secretos del régimen. Poco después, en 2004, compró una casa de 260 metros cuadrados en la urbanización Monteclaro de Pozuelo de Alarcón que fue tasada en 970.000 euros, según datos del Registro de la Propiedad.

Un año más tarde, adquirió una finca en los Altos del Serranillo, en Chinchón (Madrid), de 5,7 hectáreas de extensión y con dos viviendas que suman casi 500 metros cuadrados. Fuentes inmobiliarias de la zona valoran la finca en más de 1,7 millones de euros. Otras propiedades de Aguilera, dedicadas al alquiler y que controla a través de la sociedad CLAB-Consultoría Inmobiliaria SL, son un apartamento en el complejo Eurobuilding II de Madrid valorado en un millón de euros, dos pisos en el centro de A Coruña (820.000 euros) y un gran local comercial en Aranjuez (280.000 euros).

Aguilera ha utilizado en España a su suegra, natural de A Coruña, como testaferro de algunas de sus inversiones, una práctica también detectada por la justicia de Andorra, país en el que el exjefe de los espías de Cvávez ha movido 6,5 millones de dólares.

Nervis Villalobos (ex viceministro de Energía con Chávez) y Luis Carlos de León (exdirector de finanzas de Electricidad de Caracas) están en el centro de una vasta red de intereses económicos y lazos corruptos investigados por Estados Unidos, Venezuela, Andorra y España. Fueron detenidos en Madrid el pasado mes de octubre y hoy, a la espera de ser extraditados a EE UU, duermen entre rejas en España, acusados por un tribunal de Houston de desviar sobornos de PDVSA a Suiza.

Estrechos colaboradores de quienes fueron dos de los máximos jerarcas del chavismo —Rafael Ramírez, exembajador de Venezuela ante la ONU y Javier Alvarado Ochoa, expresidente de Electricidad de Caracas—, ambos han construido en España durante la última década un pequeño imperio de propiedades y empresas, a menudo controladas desde paraísos fiscales.

Con Kingsway Europe SL (controlada desde las Islas Vírgenes y Madeira), Villalobos adquirió en 2007 un gran piso de 173 metros cuadrados en la céntrica calle Barceló de Madrid (tasado entonces en 1.021.000 euros). El año pasado, compró otro de 300 metros cuadrados en la calle José Abascal, valorado en 1,6 millones.

Monteagudo de las Salinas, un pueblo de la provincia de Cuanda de apenas 130 habitantes, ha sido otro destino de la fortuna de Villalobos. La Sabina Global Investments Ltd, con sede en Malta y controlada desde Belice y Nevis, fue la sociedad utilizada en 2011 por su esposa (Milagros Coromoto) para adquirir una imponente finca de 772 hectáreas de pino y roble. En el municipio nadie le ha visto ni sabe que el dinero del petróleo de Venezuela ha aterrizado en la zona. A algunos solo les suena que “unos extranjeros compraron un monte entero”. Esto y que “han construido una mansión pero no pagan ni las tasas municipales”.

Como lugar de residencia, Villalobos y De León han elegido La Moraleja, una exclusiva urbanización al norte de Madrid. El primero adquirió en 2014 una casa aislada de 400 metros cuadrados valorada en unos tres millones de euros, según fuentes inmobiliarias de la zona. El segundo, ese mismo año, una mansión de 1.007 metros construidos valorada en más de cinco millones.

De León tiene su esposa, Andreína Gámez, como su más estrecha colaboradora en el mundo de los negocios. Ella figura como máxima responsable de una SICAV llamada Ibermilenium, creada en 2014 y que atesora una capitalización de 4,7 millones de euros.

Gámez también consta como propietaria de la empresa Sansobino 1997 SL, que cuenta entre sus activos con un lujoso dúplex en la calle de Tahona del distrito Madrileño de Chamartín que, según las cuentas de la empresa, está valorada en 2,8 millones de euros.

El entramado de empresas de Villalobos y su esposa se completa con otras dos sociedades —Constech Europa SL y Clitre Spain, con vínculos también con Malta— en los que la pareja ha invertido 20,3 millones de euros.

Villalobos y De León también comparten un reducido grupo de colaboradores y socios a los que han ido dando mayor peso en sus negocios a medida que se complicaba su situación judicial. Uno es Ricardo Lugo, propietario de un piso valorado en 500.000 euros en el Parque del Planetario de Madrid. Otro, Óscar Pacheco, posee otra una vivienda de 173 metros cuadrados en el complejo Las Terrazas de Las Tablas de Madrid, cuyo precio asciende a 700.000 euros.

Estrechamente relacionado con los anteriores, Rafael Reiter Muñoz, exjefe de Seguridad de PDVSA y también extraditado a EE UU, decidió adquirir su vivienda en Cataluña. Fue en 2015 en una lujosa urbanización de Sant Cugat, donde compró una casa de 580 metros cuadrados valorada en casi dos millones de euros.

En una sonada operación, la Policía Nacional detuvo en Madrid el pasado 6 de junio a Roberto Rincón Bravo junto a su madre. A diferencia de los anteriores, él no ha ocupado nunca un cargo público en Venezuela. Su mundo ha sido siempre el de los negocios, como su padre, el magnate Roberto Rincón Fernández, procesado en EE UU y quien ha confesado haber pagado sobornos multimillonarios a ex altos cargos chavistas como Villalobos.

Rincón Bravo es, de largo, el que más dinero ha invertido en España, en su mayor parte (60 millones de euros) a través de Tradequip España Inspección y Logística SL, vinculada con la empresa matriz de la familia en Venezuela. PDVSA decidió hace un año excluir a Tradequip de su lista de proveedores por las sospechas de corrupción.

A través de la sociedad Global Manghas SL, Rincón Bravo adquirió en 2014 una espectacular mansión llamada La Encomienda de La Losilla, con 1.500 metros construidos y más de 310 hectáreas de terreno. La finca, situada en Villarejo de Salvanés (Madrid) está valorada en más de 26 millones de euros, según las cuentas de la empresa. El empresario venezolano también es dueño de una casa aislada en una lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón valorada en más de tres millones de euros.

El ‘bolichico’ que dejó las plantas eléctricas por las gafas de sol

A menudo señalado como paradigma del bolichico, Alejandro Betancourt amasó una fortuna con la crisis eléctrica sufrida por Venezuela a finales de la pasada década. Su empresa, Derwick Associates, logró una docena de grandes contratos para construir plantas eléctricas pese a no contar con experiencia en el sector, en un caso en el que planea la figura de Nervis Villalobos.

Aunque algunas actividades de la empresa están siendo investigadas en Venezuela (PDVSA también la ha excluido de su lista de proveedores), no constan cargos contra Betancourt en ningún país.

Betancourt desplegó su poderío en España en 2012, cuando adquirió la gran mansión que había pertenecido al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, en Santa Cruz de Retamar (Toledo). Se trata de una finca de 1.400 hectáreas (60 de ellas de regadío) coronadas por una gran mansión. El complejo tiene un valor de unos 25 millones de euros.

La compra se ejecutó a través de la sociedad Compañía de Inversiones Agrícolas Trieste SL, que cuenta con un total de 30 millones de euros en activos. Entre ellos también consta un gran piso de 197 metros cuadrados en la cotizada calle Juan de Mena (distrito de Retiro, Madrid) valorado en unos dos millones de euros, según fuentes inmobiliarias de la zona.

Fuera del mercado inmobiliario, la gran apuesta de Betancourt ha sido la marca de gafas de sol Hawkers, empresa en la que habría invertido más de una veintena de millones de euros, según varias fuentes.

Fe de errores

En una primera versión de este texto, se decía que Nervis Villalobos y Luis Carlos de León habían sido extraditados a Estados Unidos, cuando, en realidad, están a la espera de ser extraditados desde España.

El País

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