El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos podría sancionar a Alex Nain Saab Morán, un empresario colombiano que está fuertemente vinculado a “guisos” con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa del Gobierno de Nicolás Maduro que vende comida subsidiada a los venezolanos, según declararon fuentes de la administración de Donald Trump a la agencia de noticias Associated Press (AP)
Alrededor de una mesa en forma de U en un hotel que se eleva sobre el Canal de Panamá, los funcionarios del Departamento del Tesoro distribuyeron una lista de compañías sospechosas que creen que altos funcionarios venezolanos han utilizado en todo el mundo para desviar millones de dólares de contratos de importación de alimentos.
La reunión de dos días, y varias otras que han tenido lugar desde abril, son parte de una campaña sostenida de la administración Trump para presionar al presidente Nicolás Maduro al golpear los bolsillos de los altos funcionarios de su cúpula. “Saben que los buscamos y saben que los perseguimos a nivel multinacional porque estamos empezando a ver cómo las redes y las nuevas compañías ficticias se ponen de pie y las existentes se debilitan”, dijo Marshall Billingslea, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos.
En esa reunión, investigadores forenses financieros de los EEUU y tres aliados conservadores de América Latina -México, Panamá y Colombia- rastrearon transacciones de compañías que se cree estaban controladas por un empresario vinculado con el gobierno, según varios participantes que hablaron con The Associated Press sobre la condición de anonimato porque las deliberaciones fueron privadas.
Desde que Trump asumió la presidencia, docenas de altos funcionarios venezolanos, incluido el propio Maduro, han sido sancionados por el Departamento del Tesoro por denuncias de corrupción, abusos contra los derechos humanos y tráfico de drogas. El enfoque en la comida es deliberado, dijo Billingslea, un impulsor clave de la política de Estados Unidos hacia Venezuela que dirigió el equipo de transición de seguridad nacional de Trump.
Una historia publicada por la AP en 2016 reveló cómo altos funcionarios venezolanos y miembros de las fuerzas armadas se enriquecían al desviar dinero de los contratos de alimentos. Desde entonces, mientras el hambre se ha extendido, Maduro se ha movido para ejercer un control aún mayor sobre la distribución de alimentos, entregando cajas mensuales de productos básicos que los críticos califican como una forma de control social dictatorial.
Saab ganó prominencia en 2011 luego de firmar un acuerdo para construir viviendas sociales para el gobierno venezolano en nombre de una empresa de construcción con sede en Colombia. Apareció en la televisión estatal venezolana junto a Maduro, el fallecido presidente Hugo Chávez y el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos.
En un momento dado, incluso estudiaron los movimientos de un avión privado registrado en los EEUU para identificar su paradero actual: Caracas, París o Líbano. Los investigadores dicen que Saab ingresó al negocio de alimentos a través de una compañía con sede en Hong Kong, Group Grand Ltd., que según dicen lleva el sello distintivo de una compañía ficticia, que no tiene antecedentes conocidos en el negocio alimentario, una página web rudimentaria ahora inaccesible y una dirección en Caracas compartida con la empresa constructora de Saab.
Group Grand recibió contratos para proporcionar al menos 11.5 millones de cajas de los CLAP, según una hoja de cálculo del Ministerio de Alimentos de Venezuela obtenida por la AP. Billingslea no hablaría sobre individuos o entidades específicas en el radar del equipo de trabajo, pero dijo ir tras lo que él cree que es dinero robado de las importaciones de alimentos por Maduro y la primera dama Cilia Flores es una prioridad.
Los fiscales de Miami y Colombia han estado investigando a Saab por más de un año, dijeron a la APcuatro funcionarios estadounidenses y colombianos con conocimiento de esas investigaciones. Todos hablaron bajo condición de anonimato debido a la naturaleza política sensible de la investigación en curso, publicó la agencia de noticias.
El abogado de Saab en Miami, Richard Díaz, rechazó las acusaciones de cualquier maldad y dijo que Saab ha sido sometido a escrutinios indebidos y a una dura cobertura mediática debido a los falsos testimonios que se le han dirigido. Dijo que si EEUU tenía motivos para creer que las acusaciones eran posiblemente ciertas, su cliente habría sido acusado hace mucho tiempo.
Saab dijo en un comunicado que está siendo atacado por opositores del gobierno que buscan sabotear la economía. “En cambio, deberían estar agradecidos de que a pesar de la mala prensa y el bloqueo internacional todavía hay empresarios dispuestos a invertir y creer en el país”, dijo.
El Tesoro de los Estados Unidos estima que al menos el 70 por ciento del programa de los CLAP está siendo destruido por la corrupción, citando evidencia de sobrefacturación. Entre las transacciones que han elevado las banderas rojas se encuentra una factura de septiembre de 2017 presentada al ministerio de alimentos de Venezuela por Group Grand por 41 millones de dólares en leche en polvo a un precio de 6,950 dólares por tonelada métrica, o más del doble del precio de mercado en ese momento. Se proporcionó una copia de la factura al AP.
“Nunca hemos visto precios tan altos, ni siquiera en tiempos de crisis”, dijo Roger Figueroa, presidente del grupo de presión de la industria lechera venezolana. Un estudio realizado por el grupo de Figueroa también encontró que la leche en polvo distribuida en las cajas de los CLAP contenía regularmente un tercio de los niveles de proteína exigidos por el gobierno y el doble del nivel de carbohidratos recomendados.
El 17 de mayo, tres días antes de la reelección de Maduro, el entonces presidente colombiano Santos, actuando sobre la información proporcionada por los EEUU, anunció la incautación de 15 contenedores llenos con más de 25,000 cajas CLAP con la imagen de Chávez y con infestaciones de escarabajos en arroz y otros alimentos en mal estado.
El envío incautado de las cajas de alimentos, que fue valorado en más de 500 mil dólares, nunca fue enviado. Se echó a perder sentado en los muelles porque la empresa que lo ordenó, una empresa portuguesa llamada Agrovarius, dijo que sus cuentas bancarias habían sido congeladas y que no podía pagar, según el testimonio de la policía.
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