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Proyecto de ley que derogará el Arco Minero

 

Expertos levantan datos para determinar si el mega ecocidio del Arco Minero, puede ser llevado ante la Corte Penal Internacional como crimen de lesa humanidad. La plenaria respaldó acciones de la comunidad internacional en defensa de los derechos humanos de los venezolanos. Parlamento denunció aumento de la arremetida contra los medios de comunicación.

El ecocidio que registran las imágenes satelitales de la zona sur del Orinoco venezolano (Arco Minero) y que denuncian las ONG ambientales y protectoras de derechos humanos tiene dolientes.

Este martes, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión un proyecto de ley con un título muy largo, pero que de ser puesta en práctica podría no solo detener el irreversible daño ambiental en cuencas hidrológicas y bosques naturales sino que permitiría reordenar el aprovechamiento de la biodiversidad de los estados Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar, preservando para futuras generaciones dicho ecosistema.

Se trata del proyecto de Ley Orgánica de creación y protección de la mega reserva nacional de agua dulce, biodiversidad y del potencial energético hidroeléctrico del sur del Orinoco y la Amazonía venezolana. El instrumento vio la luz esta semana luego de casi tres años de debates y consultas con expertos, encabezados por su principal promotor, el especialista en normas ambientales Alexander Luzardo.

El presidente de la comisión de Ambiente, Luis Parra (PJ-Yaracuy) afirmó que la norma derogará el decreto 2248 que creó el Arco Minero del Orinoco. “Esta ley protege el agua, la biodiversidad y el potencial energético del sur del Orinoco. Preserva una zona donde se estima que hay potencial para extraer 800 mil barriles diarios de petróleo”, dijo.

Parra agregó que la norma reconoce los derechos de los pueblos indígenas y ratifica que los contratos de interés nacional en materia de explotación minera tienen que pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional.

El presidente del Parlamento Amazónico capítulo Venezuela, Ramón Flores (VP-Yaracuy) destacó que el instrumento “protege la perpetuidad de los recursos naturales” existentes en el eje de los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas de la “devastación ambiental más grande”.

El parlamentario adelantó que un equipo de abogados en derecho penal y expertos en derecho ambiental, coordinados por la comisión mixta que impulsa este proyecto, han iniciado el levantamiento de la data necesaria para determinar si existen elementos suficientes para llevar a Nicolás Maduro y su gobierno ante la Corte Penal Internacional por un ecocidio y por crímenes contra la humanidad.

Flores no precisó cuándo serían presentados los resultados del trabajo del equipo de documentación.

El diputado Stalin González (UNT-Caracas) por su parte, cuestionó la opacidad con que el gobierno de Nicolás Maduro ha manejado no solo el otorgamiento de contratos de explotación minera en el Arco del Orinoco, sino la falta de información fidedigna sobre lo que de allí se extrae y sobre el daño ambiental que se está causando. “En el arco minero se despoja a los pueblos indígenas de sus tierras. Es una fuente de corrupción y violencia”, indicó.

También intervinieron Américo De Grazia (Causa R-Bolívar) y Ezequiel Pérez (AD-Tachira).

Antes de iniciar la primera discusión del proyecto, el presidente de la AN sometió a consideración del pleno el carácter orgánico del instrumento, conforme al artículo 203 de la Constitución. Así fue aprobado. Ahora el instrumento es devuelto a la comisión mixta para que se inicie la consulta pública nacional y se elabore el informe para su segunda discusión.

Respaldo a investigación de la CPI

En la sesión de este martes, los diputados también aprobaron un “Acuerdo en respaldo a las instituciones de la comunidad internacional que están ejecutando investigaciones y acciones para resguardar los derechos humanos de los venezolanos”.

En particular se refirieron a dos mecanismos activados la semana pasada. Por un lado, a la acción emprendida por Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá de solicitar a la fiscal de la Corte Penal Internacional darle celeridad a las investigaciones para determinar si en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, durante la represión estatal desde el 12 de febrero de 2014 en adelante y en particular en el año 2017.

Por el otro lado, a la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde la mayoría de los países miembros instaron al gobierno de Maduro a permitir la entrada de asistencia humanitaria a Venezuela y ordenaron a la Alta Comisionada la elaboración de un nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos.

El acuerdo ordena a la comisión de Política Interior continuar remitiendo a la CPI toda la documentación que pueda servir de sustento a las investigaciones de ese ente y notificar del acuerdo a los países antes mencionados y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

 

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