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Pedro R. García: Frente al intento de convocatoria de un referéndum…

 

Ubicando algunas pistas…

“Discurso de Hugo Rafael Chávez Frías que interpela acremente al Gobierno, pocos días antes de acudir a las urnas el 6D 1998. Veamos uno de sus pasajes: “La patria agoniza entre el despotismo y la corrupción. La magna tarea a la que somos convocados todos los Republícanos es a restituirle a ella la ética pública perdida, la sobriedad ultrajada de las leyes, la autoriítas destruida de la Constitución y la honestidad prostituida de los gobernantes. La patria es un cuerpo moral regido por leyes supremas que garantizan un orden justo”.

La soberanía directa reside en el pueblo, pero la tutela la constitución.  Grosso modo, la visión de conjunto de la expresiones en boga “unas verdades” fácilmente descifrables y constatables por el lector medio, de la misma manera que ese tipo de teatro con mucho auge en nuestro país, trasmite a los amantes del género, las superficialidades de la vida cotidiana o del best seller que acopia ingentes cantidades de fondos yo diría que sustraídos a una población cautiva y condicionada  de ficciones y mitos sin la trascendencia, de Antígona en la tragedia Griega. Esas “verdades” no son y no lo fueron nunca antes, de original comportamiento. Lo debían saber algunos “analistas” que asombrosamente se ha auto-entrampado a la manera de muchos que por el arte de la simulación, y querer ser  innovadores de la televisión y del entramado mediático en general,  en su descaminado rol de autoridades simbólicas rotulan de “analistas políticos”, títulos conferidos en estos tiempos a aquellos cuyas serias carencias epistemológicas se exhiben al pretender ser organizadores de grupos profesionales, empresariales, obreros, estudiantiles o de partidos, sin la experiencia conquistada en el burdel del quehacer cotidiano, y  lo sabe cualquiera que haya militado en ellos, sobre todo los partidos modernos, que es lo que adorna al activista en sus haberes. Lamentablemente las direcciones políticas de turno, las viejas y nuevas, se han subordinado  a quienes por la vía, de la saturación mediática y corporativa de sus tesis pretender anegar el campo intelectual o anular cualquier planteamiento alternativo, de análisis, comprensión o adscripción a ellos. Tristemente porque en vez de orientar, avivan la incertidumbre, más si el pecado viene de quienes actuando de teóricos de la oposición  alguna que otra experiencia debió de haberles quedado en su paso por la praxis revolucionaria que señalara quien fuera su guía en el ayer: Carlos Marx. Trastocados en analistas políticos, abandonan los principios que rigen su oficio, porque  la ciencia histórica obliga a mirar los hechos luego de un período suficientemente largo, y a la rigurosidad metodológica, resulta por demás cómodo abrevar los tiempos de espera que reclama la misma, mediante el recorrido por las fáciles trochas y atajos del “analista político”. Antonio Millán Puelles, en su ontología de  la Existencia Histórica, “advierte que de aseverarse que tiene necesariamente historia no puede concluirse que tiene historia necesaria. Son en efectos dos aspectos diferentes. La historicidad es un desafío abierto a la libertad. La fatalidad priva al ser humano de la responsabilidad moral por su conducta histórica, al despojarlo de la libertad”.

Una acotación necesaria

De acuerdo a la Teoría del Estado y la Teoría de la Constitución clásica, cuando el pueblo, como poseedor de la soberanía y, por lo tanto, como titular del poder constituyente originario-dicta una constitución, esta yevando a cabo un acto revolucionario, que no esta sometido a limites constitucionales ni legales. Pero tan pronto como culmina tal acción y se pone en vigencia la nueva constitución, el poder constituyente entra, por su propia decisión, en una especie de hibernación. Es lo que a veces se ha yamado la “muerte de la revolución”. Pero no nos dejemos engañar por esta expresión, pues el pueblo sigue detentando la soberanía y el poder constituyente no se ha extinguido, sino solo reposa.  Lo que sucede es que a partir de entonces, concluye la soberanía directa del pueblo, y tutela la soberanía de la constitución. O si se prefiere, en adelante la soberanía popular se ejercerá a través de la supremacía constitucional, obra del pueblo “un gobierno de leyes y no de hombres” que implica la soberanía de la constitución y la preeminencia de las normas. Un poder, a lo que Carl Schmitt yamo “una dictadura soberana sin límites de duración”. Cuando se trata de elaborar una nueva constitución hay dos posibles formas radicales de concebir el modo como debe ser dictada. Según la primera, la constitución es entendida como la expresión de la voluntad unitaria del pueblo, que en virtud de su poder constituyente, dicta el contenido de la misma mediante una decisión unilateral a través del voto de la mayoría.  Esta concepción va articulada a menudo, a la creencia en las virtudes metafísicas de la decisión de la mayoría debido a una errónea interpretación de algunas ideas de Rousseau, que yeva a creer que el pueblo es el poseedor de la verdad absoluta (Vox Populi; Vox Dei). Demolatria, en vez de democracia, debería yamarse esta concepción. Pero de acuerdo a la segunda noción, una constitución es un pacto, que exige un acuerdo entre todos los factores políticos y sociales, compromiso en que se fijan las reglas del juego. Para esta precisión, dictar una constitución equivale a arribar a un compromiso entre múltiples intereses, tratar de imponer unilateralmente a cal y canto la voluntad de la mayoría, yeva a la falta de aceptación por la “minoría”, y al cuestionamiento de la legitimidad de esa Ley fundamental. (Verbigracia ejemplo en el 99). Pues el hecho de que una mayoría numérica apruebe formalmente una Constitución, o una reforma, no será garante de un verdadero orden político, si su contenido no es conocido y aceptado por un grueso de la ciudadanía, que debería superar con creces, la simple mayoría. Y aquí parece oportuno recordar que la totalidad de los grandes teóricos iusnaturalistas, desde Hobbes a Rousseau, consideraban que para la legitimidad de una decisión de alta monta como lo es la aprobación del contrato social original, no bastaba con el voto mayoritario de los ciudadanos, sino que se requería la unanimidad.  Pero sin alcanzar tal extremo, hay que recordar las ideas de un autor como Rousseau, al que corrientemente se le ha considerado como el máximo defensor del voto de la mayoría como forma de expresión de la voluntad general. Pues el distingue claramente el contrato social original como algo distinto de la formación de la constitución. De modo que el tamaño de la mayoría que obligaría exigir para aprobar cada Ley, deberá depender de la importancia de lo que se va a decidir. Es evidente que cuando el presidente pretende forzar una postura arbitraria convocando un referéndum de aprobación de un nuevo texto constitucional, eso significaría una violación fragrante de nuestra Carta Magna. Hay en este acto un evidente abuso de poder, es un asalto a la constitución,  es un hecho de fuerza que obliga a defenderse, se intenta quebrar el principio taxativamente expresado y refrendado, un cambio de la Constitución vigente solo podría, plantearse en un real y participativo debate constituyente, no podemos asumir la temerosa actitud de los Magistrados de de la Corte Suprema en el año 99, los cuales mas tarde que temprano tendrán que responder frente a la historia por semejante despropósito. Según lo expresado en ese momento por fallecido presidente Chávez la aprobación de la Constitución de 1999 marco el hito esencial en una nueva época en la historia de Venezuela, pues iba a permitir refundar la República sobre bases sólidas e inequívocas. Con la avanzado texto se inauguraba el milenio de la V República, en la que se iban a superar las torceduras morales y la descomposición que habían sofocado al país, durante los pasados ciento setenta años de vida republicana y se recuperaría, para su plena realización el preterido proyecto Bolivariano que las Oligarquías habían traicionado desde 1830 y que ahora cobraba plena vida y que se expresaba en el texto constitucional aprobado, que debería perdurar por los próximos siglos. Pero apenas han transcurrido diecinueve años de la aprobación cuando el presidente Maduro anuncia, envalentonado a pesar lo los magros resultados de las elecciones presidenciales del 20 de mayo, que  habrá una consulta refrendaría para aprobar una nueva Constitución. Recuérdese que se trata de sustituir la que fue calificada repetidamente por el propio Jefe de Estado en funciones en ese momento Hugo Rafael Chávez Frías, como “la mejor del mundo”; que, según sus cálculos debería durar 200 años. Con este paso muestra que no seguirán  inspirándose como parecía hacerlo Chávez en las confusas ideas del revolucionario Italiano, Antonio Negri, famoso por su extrema radicalidad, que ataca el normativismo racionalista que esta en la base del constitucionalismo occidental para sustituirlo por una suerte de decisionismo voluntarista (que siempre ha caracterizado las iniciativas políticas del gobierno), y que le permitió dar rienda suelta a una ilusión, carente de un mínimo de racionalidad. En verdad, excepto su cáfila de iluminados, nadie sabe que entiende el presidente Maduro por “el socialismo venezolano del siglo XXI”, pero es evidente que si se tratara de un socialismo democrático, como el que existe en muchos países de Europa Occidental, o el Vietnam, seria perfectamente posible que fuera construido a partir de la Constitución vigente, sin necesitar de estar saltándosela a la torera, en efecto allí se afirman, simultáneamente, la validez de los clásicos derechos del hombre, proclamados por el liberalismo político, por una parte; de los derechos de inspiración democrática, relativos a la participación de todos en la decisiones publicas, y finalmente, de los más recientes derechos de carácter económico que requieren prestaciones positivas del Estado, todo ello conduce al modelo que nuestro texto Constitucional denomina Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia. Modelo que seria perfectamente compatible con la realización de un socialismo democrático. Pero cuando se pretende insistir en reducir unilateralmente esa pluralidad de valores y principios consagrados en la Constitución a los de un solo sector político, quienes tal cosa intentan, proceden a una selección restringida y sesgada del texto Constitucional, pues entre la diversidad de derechos consagrados en el mismo, desechan algunos de los más substanciales, refutando con ello el mismo texto de la Constitución, que garantiza a todos “el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos” (Art. 19); de todos los derechos y no de algunos interpretados limitadamente de acuerdo a un determinado carácter ideológico. Más con precisión. La Constitución vigente garantiza expresamente “el pluralismo político” (Art. 2), la iniciativa privada y la libertad económica (Art. 112 y 299), así como el derecho de propiedad sin excluir la de los medios de producción (Art. 115).  Si además tenemos en cuenta las disposiciones en las que se consagran los derechos políticos, nuestro vigente texto Constitucional hace posible el establecimiento de un socialismo democrático como el que han establecido los Gobiernos de Europa Occidental. Respetando nuestro imaginario popular. Pero lo cierto es que el brumoso entramado teórico programático del manoseado proyecto de Socialismo Venezolano del Siglo XXI, es incompatible con la estructura y con los principios fundamentales de la Constitución vigente, entre tales ideas esta por ejemplo, la del “alargado sine die decreto de emergencia económica y su revalidación”, aprobado espurriadamente por el TSJ, según el presidente, es “una nueva forma de distribuir el poder político, económico, social y militar sobre el espacio territorial” con lo cual no sólo barre totalmente la actual estructura político-constitucional del Estado, sino también ha terminado por dislocar la estructura económica y social del país. Algo parecido ha ocurrido con el estrepitoso fracaso con todo lo relacionado a la estentóreamente anunciada “explosión revolucionaria del poder comunal”. Y la batalla sin tregua contra la guerra económica. Esto no es sino retórica estridente.  El agente económico más rico no es un capitalista ni la suma de los capitalistas en el país. Es el Estado Venezolano. La condición estructural de la sociedad venezolana es la autonomía económica del Estado: el Soviético no lo era, requería del trabajo social para su subsistencia. De allí la represión que aseguraba el flujo de los excedentes. En nuestro caso el Estado no depende de la Sociedad Venezolana, la renta del petróleo es internacional, y no tiene contrapartida ni en el capital nacional ni en el trabajo. Sin agregar el IVA impuesto de guerra, y demás. La anomalía histórica del Estado Venezolano es imposible exagerarla. Con todo ese capital se podría expropiar a todo el sector privado. Me parece evidente que cualquier ciudadano venezolano amante de la democracia, y de su regla de oro que es el voto, no podrá aceptar por razones de principios, la supuesta legitimidad de ese texto tramado por la supuesta (“ANC”) hay que cortarle el vuelo a la convocatoria del referéndum, ya que seria permitir un fraude, en las condiciones que ha venido fijando unilateralmente el CNE, estos procedimientos discrecionales son desde todo punto de vista inaceptables. Para quienes creemos que la soberanía, incluyendo la del pueblo, es limitada, la cuestión desde el punto de vista teórico filosófico es muy clara, pues hacemos nuestro sin reservas lo dicho por Benjamín Constant: “Ninguna autoridad sobre la tierra es ilimitada, ni la del pueblo, ni la de los hombres que se dicen sus representantes, ni la de los reyes, cualquiera que sea el titulo por el que reinen, ni la de la ley, la cual, no siendo más que la expresión de la voluntad del pueblo o del príncipe, de acuerdo con  la forma de gobierno, debe estar ajustada a los mismos limites que la autoridad de la que emana. Estos límites están trazados por la justicia y los derechos de los individuos. Ni siquiera la voluntad de todo un pueblo no puede convertir en justo lo que es injusto. Los representantes de una nación no tienen derecho a hacer lo que ni siquiera la nación puede hacer”. Debemos tener presente que existen un conjunto de derechos fundamentales de los individuos que, con independencia de que estén reconocidos en el texto Constitucional, tienen plena validez. En ciertas culturas (incluida la que ha predominado en la historia venezolana) se trata de derechos naturales, anteriores y superiores a la existencia misma del Estado, que se pueden interpretar como de origen divino, o, en versión laica, como productos de la razón que rige al mundo. En otras culturas, se trataría más bien, de derechos históricos-tradicionales, también se ha desarrollado en los últimos años la idea y constitución de mecanismos jurisdiccionales  de protección de los derechos humanos que forman parte del orden jurídico internacional, que obliga a los distintos Estados por encima de su soberanía, de tal forma que la Comunidad Internacional organizada podría imponer sanciones como de hecho ha venido haciendo. El desarrollo es tal que su aplicación podría proporcionar un cuadro más sólido a la protección de los derechos humanos, y aunque por ahora no se puede ser demasiado optimista con respecto a su eficacia, los efectos de las recomendaciones y severas advertencia de la Comunidad Internacional no son para despreciar, y pueden ser un primer paso para el restablecimiento de un dialogo que nos saque del punto muerto de la disputa y sirva de modelo a un futuro orden.

“Pasa el tiempo y el segundero avanza decapitando esperanzas”.

pedrorafaelgarciamolina@yahoo.com

 

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