Inicio > El pizarrón de Fran > El pizarrón Opinión > Sebastiana Barráez: El negocio de los carros incautados

Sebastiana Barráez: El negocio de los carros incautados

 

Fiscal. Es el séptimo del Ministerio Público del Táchira, Gainy Saavedra. Ordenó la entrega de una moto, pero no a su dueño, sino a un individuo que falsificó documentos para apropiarse del vehículo. Con razón que esa fiscalía se ha burlado de los dueños de los vehículos incautados en la operación Manos de Papel; no da respuesta, hizo que los propietarios de vehículos entregaran gran cantidad de documentos, los ha hecho ir cientos de veces y los vehículos nada que son devueltos a sus verdaderos dueños.

La Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) tenía una moto Kawasaki año 2014 bajo resguardo de los incautados en la Operación Manos de Papel. Misteriosamente la moto apareció con título de propiedad a nombre de otra persona. La historia es así. El verdadero dueño del carro es Daniel Alberto Camacho Méndez. Ahora el carro aparece, desde el 20 de septiembre 2018, en el sistema del Instituto Nacional de Transporte, a nombre de Roger Aldana Carrero.  Lo inaudito es que el fiscal séptimo del Ministerio Público, Gainy Saavedra, quien lleva el caso de los vehículos retenidos a los concesionarios por el caso Manos de Papel, emitió una orden escrita a la Oncdoft, el 15 de agosto, para que entregara la moto a Néstor Alonso Castro Pita, quien se la llevó el 20 de agosto. Y así el vehículo fue a parar a manos de Roger Aldana Carrero.

Constituyente. Es el diputado y presidente de la Comisión de Justicia y Tutela de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Julio García Zerpa, quien es hijo del ex diputado y ex presidente del Banco Central Julio García Jarpa, recibió la denuncia de que el vehículo aparecía en manos de otra persona. El constituyente se presentó a la oficina del INTT de San Cristóbal y allí se enteró que el tal Roger Aldana presentó una serie de documentos de compra venta, aunque no el título original, pero sí de la Notaría Primera de Mérida, que resultó ser falso. García Zerpa solicitó a Guillermo Rosso, director regional de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), que se le notificara por qué un vehículo que estaba bajo resguardo suyo apareció en manos de un tercero. La respuesta de Rosso es que él no entregaba ningún vehículo sin orden judicial. Y Rosso lo entregó porque el fiscal se lo ordenó. El constituyente García Zerpa le solicitó al fiscal Gainy Saavedra la explicación sobre el caso, a lo cual el individuo respondió que él iba a revisar el expediente y que luego le informaría. Pero Saavedra no solo no da respuesta sino que incluso manda al fiscal provisorio para que de manera muy grosera diga que allí no van a dar información ni a los dueños de los vehículos ni a ninguna otra persona llámese constituyente o no.

Médico. Fue el firmante del certificado de defunción del concejal Fernando Albán. Su nombre es Arnoldo José Pérez Durán, nacido 1983; según el registro del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Ingresó al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF) el 01/09/2018, es decir hacía 38 días. Se graduó en el segundo cohorte como Médico Integral Comunitario (MIC) de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías. Sospecho que no había firmado ningún certificado de defunción antes. Pero lo asombroso es que tratándose de una muerte violenta, es decir por causas no  naturales, como lo ocurrido con Albán, el médico Pérez Durán dejó vacía la Sección V del Certificado, donde tampoco indica la hora ni fecha del fallecimiento del concejal.

Juzgado. Es el Tribunal Militar Primero de Control, a cargo de la juez Mayor (Ej) Claudia Carolina Pérez de Mogollón. Ella tiene las causas quizá de mayor importancia para el Gobierno nacional: caso MG (Ej) Miguel Rodríguez Torres, la del GJ (Ej) Raúl Isaías Baduel, la de los magistrados nombrados por la Asamblea Nacional, la de los comandos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada y la Aviación, la de varios generales, etc. El 2 de octubre la juez no fue al tribunal. “Se siente mal, sabes que ella está embarazada”, fue la justificación que dieron, como si estar embarazada fuera una enfermedad. El 3 de octubre sólo estuvo una hora en el tribunal. No quiso juramentar abogados y se niega a que tengan acceso a los expedientes. El 4 de octubre no fue ni ella ni la secretaria. “¿Usted no sabe que la juez está embarazada? Por eso no vino”, dijo el joven de la puerta. Y a otro se le oyó decir: “quién sabe cómo hará porque se está preparando para ser presidente de la Corte Marcial”. El 8 de octubre la juez tampoco fue al Tribunal, el 9 nada que aparece. Y la secretaria también se perdió. La audiencia de los militares pautada para el 9 fue otra vez diferida. Pasan los días y la juez no juramenta a los abogados privados obligando al detenido a seguir con los defensores públicos privados, que son militares que no han demostrado interés alguno en enfrentarse a esa red que tiene la intención de dejar los detenidos en completa violación de su derecho a la defensa. Y como es lógico de suponer tampoco la juez firma la orden para que los militares enfermos sean llevados a los hospitales y atendidos en sus afecciones de salud. El día 10 de octubre otra vez fue suspendida la audiencia a los militares de la Operación Armagedón y les dijeron que ahora sería para el 7 de noviembre. Esta vez la excusa es que no hubo traslado, porque al parecer a alguien se le olvidó enviar las boletas. Esa es una acción de burla inaceptable que coloca en estado de indefensión en la que están 33 militares de la causa CJPM-TM1C-011-2018 imputados por espionaje, otros delitos contra la seguridad de la Fuerza Armada así como instigación a la rebelión.

General. Es el de la Aviación venezolana Eduardo José Báez Torrealba. Está en República Dominicana desde el año 2009. El 10/09/18 hizo una denuncia ante el Director de Investigaciones Criminales de la Policía (Dicrim), GB (PN) Pablo Arturo Pujols, de ese país. Dijo que varias fuentes de Venezuela y Estados Unidos, lo informaron de que a RD llegaron oficiales comprometidos con el gobierno venezolano “con la finalidad de secuestrarme y/o asesinarme debido a grandes diferencias que tuve en Venezuela con dicho Gobierno, desde que ostento el grado de general y oponerme a las acciones llevadas a cabo por ese régimen”. Señaló como sospechoso al general (Ej) José Antonio Cánchica Pernía  en coordinación con la embajada de Venezuela en RD. He ahí la comunicación.

Última  Hora

En PDVSA le hacen seguimiento a los trabajadores que publiquen por grupos y redes para destituirlos. “Y quien se queje por el nuevo sueldo, también se va”.

Indignación en la GNB ante la detención, en D-351 de Apure, de 15 GNB que difundieron el video de inundaciones del puesto de Buenavista –El Meta.

Mi twitter @SebastianaB sigue intervenido, así que váyanse al @SebastianaSin

Borges. Es Jorge Luis, mi poeta predilecto, el irreverente argentino, el que un día escribió:  “Entre mi amor y yo han de levantarse/ trescientas noches como trescientas paredes/ y el mar será una magia entre nosotros./ No habrá sino recuerdos./ Oh tardes merecidas por la pena,/ noches esperanzadas de mirarte,/ campos de mi camino, firmamento/ que estoy viendo y perdiendo…/ Definitiva como un mármol/ entristecerá tu ausencia otras tardes”.

Quinto Día / @SebastianaSin

 

Te puede interesar

Loading...
Compartir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Traducción »