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Ibsen Martínez: Al sur del Orinoco

 

Una columna de la Guardia Nacional Bolivariana (GMB) fue emboscada el fin de semana pasado por el ELN (Ejército de Liberación Nacional) colombiano en un paraje de la Amazonía venezolana, sobre la margen derecha del río Orinoco. Al menos cuatro efectivos de la GNB resultaron muertos y gravemente heridos más de una docena de sus compañeros. Se admite ya en la zona que el ataque ocurrió en retaliación de la captura, por parte de la GNB, de dos miembros del ELN.

Con seguridad, éste no será el último suceso sangriento asociado a la locura minera que se ha enseñoreado en el vasto territorio oficialmente llamado Arco Minero del Orinoco.

Hablamos nada menos que del 12,2% del territorio venezolano, una comarca que ocupa grandes extensiones de tres Estados, linda con Colombia y Brasil, y entraña un potencial minero calculado en unas 7.000 toneladas de oro, diamantes, hierro, bauxita y coltán.

Oficialmente, Nicolás Maduro ha dispuesto recurrir a la legendaria riqueza aúrifera de esta región para diversificar las fuentes de ingreso fiscal del país. Hace dos años, Maduro anunciaba promisorias asociaciones estratégicas con más de 135 compañías internacionales.

La retórica del régimen enfatiza el compromiso de fiscalizar el impacto ambiental de la minería, promover únicamente tecnologías amigables con el ambiente, preservar el modo de producción ancestral y el patrimonio cultural de las comunidades indígenas, contemplar la asociación entre el Estado y el minero informal brindando créditos y apoyo técnico calificado y gratuito. ¡Ah!, casi olvido la defensa de la soberanía venezolana sobe la riqueza minera.

En los hechos, lo que viene ocurriendo desde aquellos anuncios es un salvaje y masivo asalto al territorio donde mitológicamente estuvo el reino de Manoa, la región de El Dorado. Solo que esta vez no son enfebrecidos conquistadores españoles quienes despliegan una bárbara empresa en la que se combinan masacres y delitos ambientales, sino grupos armados del crimen organizado y columnas guerrilleras del ELN. Es un hecho documentado que estos grupos son tolerados, cuando no alentados, por oficiales de la Fuerza Amada Bolivariana.

La violencia desatada entre éstas por el control de las concesiones mineras legales, los enclaves ilegales y las rutas de extracción se acompaña de robos, secuestros y extorsión —cobro de “vacunas”— a las comunidades mineras. También ocurren asaltos al comercio local y a las redes de transporte regional. Y, desde luego, masacres punitivas como las que se registran en la zona desde hace ya más de un lustro y cuyas víctimas han sido comunidades dedicadas a la minería artesanal.

Los sucesos del Arco Minero son típicos de la dinámica que se entabla entre grupos armados irregulares en territorios ricos en recursos minerales. Hace décadas que Sir Paul Collier, celebrado economista oxoniense, describió el complejo de tensiones activo en varias guerras civiles africanas y validó sus conclusiones para otras regiones del planeta.

Collier centró su estudio en naciones ricas en materias primas de alto valor y logró discernir que la duración e intensidad de los conflictos armados internos guardaban estrecha relación con dos tipos de “agendas”— mutuamente excluyentes: la agenda de los agraviados y la de los codiciosos.

Dicho en español básico, la agenda de agravios no es otra cosa que el proyecto político-ideológico del grupo armado. La de codicia no necesita elucidación.

Collier demostró que, más temprano que tarde, las agendas de codicia prevalecen por sobre las ideológicas. Y tienden a prolongar indefinidamente el conflicto, haciéndolo cada vez más intenso, entrópico y letal.

Por vía de ejemplo, menciono solo la variable “reclutamiento” de nuevos efectivos. Este se hace más fácil en zonas sumamente deprimidas donde el incentivo para unirse a un grupo dedicado a “custodiar” centros de explotación y rutas de extracción es irresistible para un joven sin recursos ni escolaridad. Las “condiciones Collier”, si bien aún en germen, están todas presentes en el Arco Minero del Orinoco.

Sin embargo, y por lo visto, los generales venezolanos que subcontratan al ELN y a los llamados trenes de pranes —versión venezolana de las maras salvadoreñas— para el control ilegal del tráfico minero ignoran o desestiman el potencial que tiene este modelo de negocios de desbordar la Fuerza Armada Bolivariana y desembocar en un conflicto internacional de impredecibles proporciones.

@ibsenmartinez

 

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