RESUMEN
Esta investigación aborda el problema de la injusticia en la admisión de estudiantes a las universidades públicas del país. Se ha señalado, sin haberse demostrado, que la extracción socioeconómica y el tipo de plantel de proveniencia de los aspirantes a ingresar en las universidades públicas constituyen elementos determinantes en su admisión. Estarían siendo privilegiados los egresados de colegios privados y los pertenecientes a niveles socioeconómicos elevados, independientemente de sus aptitudes y capacidades. Esta situación se habría producido en los últimos años. Para dilucidar la veracidad de estos señalamientos se estudió la influencia de la extracción socioeconómica, tipo de plantel privado o público de proveniencia y entidad federal de procedencia, en la admisión de estudiantes a las universidades públicas en los procesos nacionales de selección de 1984 y 1998. Los resultados obtenidos demuestran que en el proceso 84, no hubo diferencia en el ingreso de los aspirantes de los distintos grupos sociales, ni entre los provenientes de colegios públicos y privados, mientras que en el proceso 98, la demanda satisfecha por niveles socioeconómicos favoreció claramente a los aspirantes de niveles económicos altos y a aquéllos provenientes de planteles privados. Aunado a esto, en 20 de las 23 entidades federales se observó una reducción variable de la demanda satisfecha en 1998 en comparación con 1984, pero lo más resaltante es el alto grado esta reducción en Delta Amacuro, Apure, Amazonas, Barinas y Mérida y, con menor intensidad, en Táchira. En Zulia y Carabobo, en cambio, se incrementó la demanda satisfecha. Nuestros resultados demuestran la aparición de iniquidades en la selección de estudiantes a las universidades públicas durante el período 1984-1998, en detrimento de los aspirantes de niveles socioeconómicos bajos, aquéllos provenientes de colegios públicos y los procedentes de zonas geográficas alejadas del país.
Revista de Pedagogía, vol. XXI, N° 62, pp 273-291, sep-dic 2000
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La admisión estudiantil a las universidades públicas venezolanas: Aparición de iniquidades
Luis Fuenmayor Toro,
Profesor Titular de la Universidad Central de Venezuela
Yasmila Yamile Vidal,
Cursante de la maestría Diseño de Políticas en la Universidad Central de Venezuela
INTRODUCCIÓN
A partir de 1958, como producto de la necesidad de desarrollo del capitalismo, se inició en Venezuela un proceso acelerado de expansión de la educación en todos sus niveles incluyendo el sector universitario (Fuenmayor, 1986,1). Las universidades se abrieron a todas las capas sociales del país, a través de una política de democratización educativa, fundamentada en los principios de igualdad de oportunidades, el derecho al estudio y por ende una educación de masas. Esto permitió el acceso y la incorporación de sectores sociales anteriormente excluidos de este nivel educativo.
La educación comenzó a constituirse en una vía de movilidad y ascenso social y una fuente de poder, situación distinta a la vivida durante la dictadura pérezjimenista en la década de los años 50, cuando el ingreso a la educación universitaria era restringido, hasta el punto que el Estado mantuvo una educación clasista, que favorecía la formación universitaria para el restringido ejercicio profesional privado existente. El cambio ocurrido permitió formar, en cantidad y calidad, los cuadros profesionales necesarios para el desarrollo económico.
Para los años setenta, el desarrollo industrial plantea la transformación del sector educativo en un instrumento tecnocrático de reproducción social del sistema, lo que presiona a la educación superior a los cambios correspondientes (Fuenmayor, 1986:2). Se requieren técnicos, administradores y gerentes más que profesionales. Se crean universidades experimentales de orientación tecnocrática, se fundan institutos universitarios tecnológicos y colegios universitarios y se centraliza la selección de aspirantes, para derivarlos hacia carreras no profesionales.
El crecimiento total del sistema educativo superior se evidencia al comparar la matrícula de 1958, la cual era de 11.003 estudiantes, con la de 1997 que se multiplicó por 76 al llegar a 733.294 estudiantes. Esta situación, obviamente, condiciona la evolución de la política de admisión, la cual está constituida por un conjunto de decisiones tomadas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) entre los años 1973 y 1997 (Sarco Lira y Bonucci, 1998:2). Éstas son:
Apertura del proceso de preinscripción nacional anual.
Presentación de la prueba de aptitud académica.
Demostración de la condición de bachiller.
Establecimiento de los criterios de selección y las variables a evaluar en el otorgamiento de las plazas solicitadas: índice académico, año de graduación, condición de región y nivel socioeconómico.
Es a partir de 1973, cuando se da inicio al proceso de centralización de la admisión con la instrumentación de la “Preinscripción Nacional”, asumida por el CNU con el fin de cuantificar la demanda y contar con datos que permitieran planificar las necesidades reales de cupos en el nivel superior. Posteriormente, el mismo CNU se ve en la necesidad de crear el sistema nacional de admisión como instrumento de selección y redistribución de la demanda de estudiantes.
El fenómeno descrito anteriormente fue determinante para la creación del subsistema de educación superior coordinado por el CNU. Las políticas oficiales fueron orientadas a la diversificación de carreras universitarias y a la formulación de políticas de selección para la admisión de estudiantes a ingresar en el nivel superior, que hoy incluye la presentación de la Prueba de Aptitud Académica como instrumento de selección y los procesos internos de las universidades fundamentados en las disposiciones de la Ley de Universidades. Bajo este sistema, las universidades en su conjunto llegaron a adjudicar en 1999 un 80 % de los cupos, mientras el 20% restante era seleccionado por el CNU a través de la Prueba de Aptitud Académica.
La admisión estudiantil a las universidades debería responder a una política oficial enmarcada dentro de una democracia igualitaria de la educación, sin embargo, la demanda de cupos universitarios es mayor que la oferta de los mismos, por lo que queda anualmente un remanente de estudiantes marginados, que contrasta con el principio de democratización anteriormente mencionado.
Otro aspecto muy importante es el relativo a si los sistemas de selección realmente escogen a los estudiantes más capacitados y aptos o si existen otros determinantes, que no tienen que ver con las posibilidades de éxito de los aspirantes. De hecho, la preocupación central que surge como punto de partida del presente trabajo se fundamenta en demostrar la aparición de injusticias, antes inexistentes, en la admisión estudiantil a las universidades públicas venezolanas. En este sentido, se ha venido insistiendo, desde hace cierto tiempo, que el nivel socioeconómico de los aspirantes a ingresar a las universidades es determinante en el ingreso de los mismos (Fuenmayor, 1993:16; 1994:22; Negrón, 1994:A-4; Márquez,1998). En muchas universidades y en determinadas escuelas de las mismas los estudiantes provenientes de las capas sociales alta y media alta ingresan en mayor proporción que los aspirantes de otros estratos sociales.
Esto pudiera obedecer a que la educación básica y media no está preparando homogéneamente al venezolano y en consecuencia no todos tienen la información general y básica requeridas, ni la preparación para abordar los estudios superiores. Esto implicaría que existen significativas deficiencias de exigencia y capacitación en los niveles anteriores al superior, las cuales, se ha sugerido pudieran depender del tipo de plantel, público o privado, de proveniencia de los estudiantes. La selección favorecería a estudiantes provenientes de colegios privados por ser éstos de mejor calidad o por ser menos exigentes en el otorgamiento de calificaciones (Fuenmayor, 1993:63; 1994:22) las cuales tienen un gran peso en el proceso de selección.
Algo similar puede ocurrir en detrimento de las posibilidades de acceso de jóvenes procedentes de regiones apartadas, deshabitadas y deprimidas económicamente, por lo que resultarían favorecidos los aspirantes procedentes de las grandes ciudades. La discriminación geográfica sería causa a su vez de discriminación de los estudiantes pobres de esas regiones, los cuales en su mayoría provendrían de planteles públicos.
Corregir estas injusticias e iniquidades y garantizar la escogencia de los más aptos son retos impostergables que es necesario alcanzar. Lograr la equidad en educación se refiere a la creación de condiciones iguales de competencia de tal manera que se imponga el mérito o las capacidades de las personas, independientemente de su origen socioeconómico, rasgos culturales o cualquier otra cualidad no pertinente al proceso de competencia (Gómez, 1996:11). Esto implica la igualdad social de acceso a las oportunidades educativas y de permanencia en ellas. Igualmente implica las oportunidades para la libre exploración y desarrollo de las capacidades e intereses individuales, en contraposición tanto a experiencias educativas homogeneizantes como a objetivos igualitaristas.
El concepto de equidad social es definido como la oportunidad para que los estudiantes más inteligentes y capaces puedan proseguir estudios hasta el más alto nivel, independientemente de sus posibilidades económicas y de su origen social (Gómez, 1996:11).
La alta selectividad requerida por el nivel educativo universitario implica una progresiva restricción social del acceso a estas oportunidades educativas, las que serían aprovechadas por los más capaces, inteligentes o aptos, en tanto futura élite. Por lo tanto, el principio de igualdad social de oportunidades tiene sus limitaciones. Esta interpretación de la igualdad de oportunidades educativas se basa en la premisa de que la inteligencia y la aptitud son patrimonios individuales, aunque fuerte y decisivamente influidas por las condiciones del contexto familiar, social y cultural que rodean al individuo (Gómez, 1996:11).
METODOLOGÍA
Se comparó la extracción socioeconómica, la proveniencia de colegios públicos o privados y la procedencia geográfica de todos los estudiantes que ingresaron con las de los que aspiraron ingresar a las universidades venezolanas públicas, en los procesos nacionales de admisión de los años 1984 y 1998. Esta comparación también se efectuó en instituciones particulares como la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, la Universidad del Zulia, la Universidad de Carabobo, la Universidad de Oriente, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado.
La comparación incluyó toda la población aspirante a ingresar y toda la población que ingresó a las universidades públicas, a través del Proceso Nacional de Admisión o por los mecanismos internos de admisión existentes en las distintas instituciones. Se comparó porcentualmente la demanda satisfecha por nivel socioeconómico, por dependencia pública o privada de los planteles de proveniencia y por entidad federal de procedencia de los estudiantes.
Para el desarrollo de este trabajo se seleccionó la modalidad de investigación documental, la cual se define como “una variante de la investigación científica, cuyo objeto fundamental es el análisis de diferentes fenómenos de la realidad a través de la indagación exhaustiva, sistemática y rigurosa, utilizando técnicas muy precisas, de la documentación existente, que directa o indirectamente aporte la información atinente al fenómeno que estudiamos” (Ramírez, Méndez y Bravo, 1988:21).
Esta investigación se inscribe en el denominado enfoque analítico-descriptivo-interpretativo: Este enfoque está referido a los estudios, cuyo alcance se extiende hasta la determinación de la frecuencia con que algo ocurre o con la que se halla asociado o relacionado con otro factor (Selitiz y Jahoda, 1977:22).
RESULTADOS
El cuadro 1 registra el porcentaje de ingreso a las universidades públicas de los aspirantes de cada nivel socio económico para los años 1984 y 1998. Se puede observar, en el año 1984, que los porcentajes de ingreso de los aspirantes de los distintos grupos sociales son muy similares, existiendo a lo sumo un pequeño incremento en la medida que se desciende de nivel socioeconómico. En 1998 en cambio, la demanda satisfecha por nivel socioeconómico clara y marcadamente favoreció a los aspirantes de niveles económicos más altos; así, de la clase alta ingresa casi la totalidad de quienes aspiran (99,89%) mientras del sector más pobre sólo ingresa menos del 20% de los aspirantes.
El cuadro también demuestra que, en los 14 años de duración del período 84-98, se produce un incremento del número total de aspirantes a ingresar a las universidades de 55,43 %, mientras el número de los ingresos se incrementó sólo 29,87 %. A pesar que los aspirantes totales se incrementaron en 1998 respecto a 1984, el número de aspirantes de clase alta se redujo en un 17,1 por ciento. En los niveles medio alto, medio bajo y obrero, la demanda se incrementó en 59%, 68% y 52,9% respectivamente. El número de aspirantes del nivel muy pobre prácticamente se mantuvo sin variación (+ 5,7%).
La demanda satisfecha por tipo de plantel se muestra en el cuadro 2 también para los años 1984 y 1998. Mientras en el primero de estos años, la proporción de seleccionados de colegios públicos con relación al número de aspirantes fue aproximadamente similar a la de los colegios privados, en 1998 la demanda satisfecha de los aspirantes de planteles privados casi duplica la de los planteles públicos. Mientras la relación de la demanda satisfecha planteles privados/ planteles públicos fue de 0,91 para 1984, esta relación aumento a 1,78 en 1998.
El cuadro también demuestra que en el período el número de aspirantes procedente de colegios privados se incrementó en 134,49%; los aspirantes provenientes de colegios públicos también sufrieron un incremento, pero éste fue de tan sólo 21,8%. Mientras en 1984, los aspirantes de colegios privados constituían un 30,5 % del total, en 1998 este porcentaje se incrementó al 45% de todos los aspirantes.
Los cuadros enumerados del 3 al 9 muestran la demanda satisfecha de ingresos estudiantiles según nivel socioeconómico y tipo de plantel público o privado a las principales universidades públicas en los dos años del estudio.
Con relación a la demanda satisfecha por nivel socioeconómico, las cifras en la mayoría de estas instituciones muestran un resultado similar al observado nacionalmente (cuadro 1) el cual podemos resumir en la inexistencia de diferencias en el ingreso entre las distintas capas socioeconómicas en el año 1984 y la aparición, en 1998, de una selección socialmente determinada a favor de los niveles socioeconómicos elevados (cuadros 3a, 4a, 6a, 7a, y 9a). Ocurre algo similar con la demanda satisfecha de los aspirantes proveniente de planteles públicos y privados. A similitud de lo ocurrido en el nivel nacional, en 1984 los porcentajes de ingresos con relación a los aspirantes de cada tipo de colegio no se diferenciaron en forma importante. En 1998, sin embargo, la demanda satisfecha favorece en forma clara a los aspirantes de institutos privados (cuadros 3b, 4b, 6b, 7b y 9b).
Se separa del grupo la Universidad Simón Bolívar, que ya en el año 1984 muestra una demanda satisfecha claramente mayor en las clases altas, situación que sigue produciéndose en 1998, como la demuestran las cifras mostradas en el cuadro 8a. Esta universidad también muestra, ya desde 1984, una demanda satisfecha por tipo de plantel de proveniencia de los aspirantes que claramente favorece a los aspirantes de colegios privados (cuadro 8 b).
También se diferencia de lo ocurrido nacionalmente la demanda satisfecha por clases sociales de la Universidad del Zulia en 1998 (cuadro 5a) en la que observamos un ingreso porcentualmente mayor en los niveles medios y una menor discriminación de las capas bajas de la población en su acceso a dicha institución con relación a los resultados nacionales. Un hecho que vale la pena resaltar es que en la Universidad Central de Venezuela el número de aspirantes se mantuvo prácticamente sin modificación en 1998 con respecto a 1984 (cuadro 3a y 3 b), a diferencia de lo ocurrido nacionalmente y en el resto de las instituciones (cuadros 4, 5, 6, 7, 8 y 9).
El cuadro 10 muestra la demanda satisfecha por entidad federal en los dos años del estudio. En el período, la demanda nacional satisfecha por las universidades públicas se redujo en 10,3% al caer de 62,01% en 1984 a 51,72% en 1998. En esta misma dirección se comportan las regiones; así, en 20 de las 23 entidades federales se produce una reducción variable de la demanda satisfecha en 1998 con respecto a 1984, pero el aspecto más resaltante que se puede observar es el alto grado de reducción de la demanda satisfecha ocurrido en estados tales como Delta Amacuro, Apure, Amazonas, Barinas y Mérida. Otro tanto ocurrió, aunque con menor intensidad, en el estado Táchira. Con los estudiantes provenientes de estos seis estados se da la situación de un incremento importante de la demanda de cupos universitarios en el 98 respecto al 84 y una reducción en términos absolutos de los ingresos en el mismo período (cuadro10). Esto supone una impresionante reducción de la demanda satisfecha.
En el cuadro 10 se presenta, además de la demanda satisfecha de ingresos estudiantiles a las universidades públicas según entidad federal, el número absoluto de aspirantes y de ingresos por entidad federal para los años 1984 y 1998. En el mismo, se destaca lo siguiente: En el período estudiado, la demanda de ingresos se incrementó en todas las entidades federales con excepción de Nueva Esparta donde se redujo en 29,64%, al mismo tiempo que se redujo también la cifra absoluta de estudiantes neoespartanos que ingresaron a las universidades. Los incrementos experimentados por la demanda de las entidades federales no fueron acompañados, en general, con incrementos similares en los ingresos de los estudiantes de las regiones, lo que condujo a la reducción antes señalada de la demanda satisfecha nacional en 20 de las 23 entidades federales. Sólo en los estados Zulia y Carabobo, los ingresos aumentaron significativamente más que los aspirantes. En Zulia los aspirantes se incrementaron 1,15 veces, mientras los ingresos lo hicieron 1,45 veces y en Carabobo las cifras fueron 3,1 veces los aspirantes y 4,1 los ingresos. En Miranda los incrementos en aspirantes e ingresos fueron similares: 2,32 veces, por lo que la demanda satisfecha permaneció sin cambio importante en 1998 respecto a 1984 (cuadro 10).
DISCUSIÓN
A lo largo de las décadas de los ochenta y de los noventa, el sistema de educación superior continuó su crecimiento, aunque bastante menos acelerado que en las dos décadas anteriores. Esta continua expansión llevó a incrementar el número de plazas y de aspirantes a ingresar en las universidades públicas. Los datos relativos a los años 1984 y 1998 demuestran claramente la producción de un incremento de la demanda, el cual fue del orden del 55,4% y en términos absolutos de 48.421 aspirantes en ese período (cuadro 1). Dicho incremento fue producto de las políticas de masificación de la educación que, desde la década del 60, mantuvo el Estado venezolano.
Este incremento, sin embargo, no fue homogéneo respecto a la proveniencia de los aspirantes de colegios del sector público o privado, según demuestran nuestros resultados. En efecto, el porcentaje de incremento de los aspirantes provenientes de planteles privados fue en este lapso de 134,5% al pasar de 26.622 aspirantes a 62.426 (cuadro 2), mientras en el sector público el incremento fue de tan sólo 21,8%. Esta diferencia se debe al crecimiento de la educación privada en los niveles anteriores al superior, lo cual significó un mayor incremento en la salida de bachilleres de este sector. De hecho, al comparar los aspirantes entre los planteles públicos y privados se observa con claridad cómo, en 1998, los de éstos últimos ya son casi el mismo número que los aspirantes provenientes de colegios públicos, mientras 14 años antes los bachilleres de los colegios públicos casi triplicaban a los de los planteles privados (cuadro 2).
El incremento de la demanda total se acompañó, sin embargo, de un descenso de 17,1% en la demanda de estudiantes provenientes del nivel socioeconómico alto, lo cual podría explicarse por una desviación de la demanda de los estudiantes de este nivel hacia las universidades privadas, cuyas plazas crecieron en el período 84-98 en más de 23 mil cupos (OPSU, 1987, 2000).
En el período estudiado también se produjo un incremento de 29,9% de los ingresos en las universidades públicas, el cual fue por lo tanto inferior al crecimiento de la demanda, de lo que se desprende que el crecimiento de plazas disponibles fue inferior al crecimiento en el número de aspirantes y, por lo tanto, el nivel de competencia entre éstos es hoy mayor que ayer. Mientras en 1984 de cada 100 aspirantes 62 eran asignados e ingresaban en las universidades públicas, en 1998 ese número se redujo a 50.
Para el año 1984, los porcentajes de ingreso a las universidades públicas de los aspirantes de los diferentes grupos sociales son muy similares, lo que significa que no existía una influencia de la extracción socioeconómica de los aspirantes en la determinación del ingreso a las universidades públicas. Había equidad en este aspecto. En 1998, en cambio, se produjo un ingreso inequitativo en detrimento de los aspirantes de niveles socioeconómico bajos (cuadro 1), lo que indica que en el período 1984-1998 ocurrieron algunos cambios en el proceso de admisión que podrían ser los responsables de la aparición de la iniquidad socioeconómica demostrada en este trabajo.
Una conclusión similar se desprende del estudio de la proporción de seleccionados provenientes de colegios públicos y privados con relación al número de aspirantes de cada uno de estos dos tipos de planteles. Total equidad en 1984 en contraposición a lo encontrado en 1998, cuando los aspirantes provenientes de colegios privados resultaron privilegiados al casi duplicar en ingreso a los de los planteles públicos (cuadro 2). Se demuestra así también la aparición, en los 14 años que constituyen el período estudiado, de una injusticia derivada del tipo de plantel de proveniencia de los aspirantes.
La mayoría de las universidades públicas estudiadas siguen el mismo patrón nacional antes descrito, tanto en lo que respecta al nivel socioeconómico de los aspirantes como al tipo de plantel de proveniencia de los mismos, lo que demuestra que se trata de una situación consistente, general y completamente establecida, cuyas causas es importante determinar. A pesar de que muchas fuentes venían señalando desde hacía tiempo la existencia de estas iniquidades, no hemos encontrado reportes que las demuestren en la forma irrebatible como la presentada en esta investigación.
No obstante, algunas universidades mostraron diferencias importantes con relación al patrón nacional referido. Así la Universidad Simón Bolívar muestra, ya desde el año 1984, una demanda satisfecha claramente mayor para los aspirantes provenientes de las clases altas y de los colegios privados, situación que sigue produciéndose en el año 1998 y que pudiera significar que fue una institución creada para recibir a un estudiantado elitesco desde el punto de vista socioeconómico, quizás en la creencia de que esta condición iba unida a una mejor preparación académica y, por lo tanto, a un mejor desempeño institucional.
También se diferencia de lo ocurrido nacionalmente, pero en sentido contrario, la Universidad del Zulia, donde el resultado de los procesos de ingreso en 1998 muestra una menor iniquidad con relación al nivel socioeconómico de los aspirantes y al tipo privado o público del plantel de proveniencia de los mismos, que la apreciada nacionalmente. Esto quizás se debe a la incorporación de mecanismos compensatorios puestos en práctica por dicha institución para mejorar la equidad en el acceso, como es el otorgamiento de cupos al 10 por ciento de los mejores estudiantes de todos los colegios públicos del estado y a los indígenas de ciertos municipios zulianos hasta el 2% del número máximo de nuevos inscritos, siempre que hablen su lengua nativa, en ambos casos sin necesidad de presentación de pruebas internas o de ser asignados por la Prueba de Aptitud Académica.
Como se observa en el cuadro 10, en 20 de las 23 entidades federales se produce una reducción variable de la demanda satisfecha en 1998 con respecto a 1984, la cual se debe a que el incremento del número de aspirantes en dichas entidades no fue seguido de un incremento, por lo menos similar, en el ingreso a las universidades públicas de los estudiantes procedentes de las mismas. Los grados más altos de reducción de la demanda satisfecha se presentaron en estados como Delta Amacuro, Apure, Amazonas, Barinas, Táchira y Mérida. En todos ellos el incremento de la demanda se acompañó de una reducción de los ingresos, no solamente porcentual sino en términos absolutos (cuadro 10), configurando una situación crítica para los bachilleres de esas entidades federales. El caso de los primeros 4 estados mencionados es comprensible, ya que, o no tienen oferta de plazas universitarias o éstas son muy reducidas. La situación de Táchira y Mérida es menos entendible, pues se trata de estados con universidades regionales. Sin embargo, en el período comprendido entre los dos años estudiados, hubo modificaciones en los requisitos de ingresos que pudieran explicar lo encontrado. Así, la Universidad de Los Andes exigía la aplicación de criterios regionales en la selección de 1984, situación que no existe actualmente con la misma fuerza. La oferta de carreras en 1998 es ligeramente inferior a la que existía en 1984. Ambos factores conspiran contra el ingreso de los bachilleres del estado Mérida y pueden explicar nuestros hallazgos en este caso particular.
Sólo en los estados Zulia y Carabobo la demanda satisfecha se incrementó en forma importante en el período estudiado, pues aunque el número de aspirantes en 1998 fue 1,15 y 1,45 veces mayor, respectivamente, que en 1984, el ingreso de estudiantes provenientes de estos estados aumentó en una mayor proporción: 4,1 y 2,32 veces más, respectivamente, en 1998 que en 1984. Esto podría estar en relación con un incremento durante el período de las plazas disponibles en ambas regiones, lo que permitiría un mayor ingreso de los bachilleres de las mismas. Otra posibilidad sería que las instituciones universitarias de Zulia y Carabobo privilegiaran el ingreso de los estudiantes procedentes de su región, lo cual tendría un efecto en 1998, cuando un 80% de las plazas se asignaron por mecanismos internos de las instituciones. Esta última sugerencia parece ser cierta para ambos estados, según se expresa en los documentos de selección de ambas universidades, los cuales establecen prioridad para los bachilleres egresados de sus respectivas regiones. Esta regionalización del ingreso no existía en ambas instituciones en 1984.
En el período estudiado, la demanda de ingresos se incrementó en todas las entidades federales con excepción de Nueva Esparta, donde ésta se redujo. En este estado también se redujo la cifra absoluta de estudiantes que ingresaron a las universidades (cuadro 10). Una explicación podría ser que los requisitos de ingreso a la Universidad de Oriente, núcleo Nueva Esparta, son mucho más exigentes que los del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, también en la región, lo cual derivaría los aspirantes hacia este último. Este fenómeno ocurriría en 1998 y no en 1984, pues para ese momento el Instituto no había sido creado. Su presencia en Nueva Esparta significó la creación de 1005 nuevas plazas de cupo en su sede regional (OPSU, 2000).
La aparición de las iniquidades demostradas en esta investigación se produjo en el período que va entre 1984 y 1998. Algunos de los cambios ocurridos en dicho período, en relación al proceso nacional de admisión, deben haber afectado el proceso de selección de aspirantes a las universidades nacionales. El cambio más importante ocurrido fue el desarrollo de los mecanismos internos de ingreso a las instituciones universitarias, que llevó en el año 98 a que más del 80% de los admitidos fueran a través de estos mecanismos.
Una hipótesis interesante a ser estudiada es que la causa de las iniquidades aquí reportadas la tiene la puesta en práctica de los mecanismos internos de selección (prueba interna, curso propedéutico) que realizan las universidades nacionales, situación inexistente en 1984, cuando por prueba de aptitud académica se escogía la mayoría de los aspirantes.
AGRADECIMIENTOS
A la licenciada Elizabeth Mejías, por la revisión de este manuscrito y de los datos en él contenidos y a Yaznel Montoya, por el manejo de los datos y la elaboración de los cuadros.
REFERENCIAS
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C.N.U – OPSU. Boletín Estadístico. 18, 2000, Caracas.
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