“Lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas”. Esa frase debe haber retumbado en la conciencia de todos los gobiernos democráticos del mundo, particularmente en los gobiernos democráticos del continente, que por cierto tienen una cita el 26 de julio en el Consejo Permanente de la OEA para tratar por sexta vez el caso de Venezuela.
En el momento de escribir estas líneas no sé aún cuál será el resultado de esa reunión.
“Los países votan por sus intereses y no por sus principios democráticos”, afirmó Almagro en su testimonio ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Cabe preguntarse, ¿es que acaso la democracia no forma parte de los intereses de esos países? En particular debemos referirnos al caso de algunos gobiernos del Caribe que heredaron del Reino Unido un sistema parlamentario del cual dicen sentirse orgullosos. ¿Pueden esos gobiernos parlamentarios tolerar la arremetida vandálica contra el Parlamento venezolano que ocurrió el 5 de julio? ¿Pueden aceptar la violación flagrante de los derechos humanos a la cual se refiere también el secretario general? Si esa es la posición que prevalece en la reunión de la OEA, entonces tendremos que concluir que Almagro se equivocó y que esos países no votan ni por principios ni por intereses sino por otro tipo de oscuros intereses. Dios quiera que no sea ese el caso.
Es interesante destacar la estrategia que el régimen venezolano viene desarrollando en la OEA. Los 35 países independientes de América han ratificado su Carta constitutiva de 1948, comprometiéndose a fortalecer la paz, la seguridad, consolidar la democracia y promover los derechos humanos, apoyando el desarrollo económico y social.
¿Es que acaso no salta a la vista que todos esos objetivos brillan por su ausencia hoy en Venezuela? ¿Apoyar el desarrollo económico y social? ¿No es obvio que nuestro país está atravesando por lo que quizá sea el mayor empobrecimiento y retroceso social en toda su historia republicana?
Pero en fin, quiero creer que en esta ocasión haya prevalecido la decencia en la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA y que esas naciones hayan comprendido que los verdaderos intereses de sus pueblos están claramente identificados con la Carta de la Organización. Mal negocio harían alineándose con una tambaleante dictadura, que ya no tiene cómo cumplir sus promesas, corriendo el riesgo de incurrir en un desprestigio abrumador.
En todo caso, la misma estrategia que hace años Fidel Castro le vendió al régimen venezolano en el caso de esa organización es la que se pretende utilizar en el caso de la inconstitucional asamblea constituyente del próximo domingo.
Tal estrategia consiste en darle a cada municipio (no importa cuán pequeño o despoblado sea) el derecho de elegir a un constituyentista, dándole al voto de sus habitantes un peso mucho mayor que al de los habitantes de municipios de mucho mayor población. Es decir, no todos los venezolanos son iguales. Para muestra basta un botón: al municipio Maroa de Amazonas, con una población de aproximadamente 1.930 habitantes, le corresponde la elección de 1 diputado a la constituyente, al igual que al municipio Maracaibo del estado Zulia cuya población supera 1.450.000 habitantes. Es decir, el voto de los maracuchos vale 755 veces menos que los de Maroa… ¿Son acaso inferiores?
En el país existen cerca de 335 municipios, la mayoría de ellos pequeños y despoblados. Basta con enviarles una cuantas cajas CLAP a sus pobladores para obtener su voto, estafando así a la inmensa mayoría de los habitantes de Venezuela.
Es el mismo concepto que se aplica en la OEA. Cada habitante de Estados Unidos –el país más poblado de América con 325 millones de habitantes– vale 7.065 veces menos que el de quienes habitan en San Cristóbal y Nieves con 46.000 habitantes. Basta con enviarles unos pocos barriles de petróleo a esas pequeñas islas del Caribe para asegurarse sus votos en la organización.
Una constituyente, diseñada sobre bases que son un fraude a la Constitución, no puede prevalecer. No puede ser que se acepte un mecanismo írrito que sirva para que menos de 15% de la población le imponga al restante 85% un modo de vida que contraría sus valores, principios, garantías democráticas y que vulnera los derechos humanos.
Si tal cosa ocurriera, la activa reacción de la comunidad internacional se sumaría a la de los venezolanos, desatando una situación de ingobernabilidad que terminaría por corregir los entuertos de la dictadura. Sin duda nuestros compatriotas desconocerían tal régimen, como se lo exigen los artículos 333 y 350 de la Constitución vigente.
@josetorohardy