En situaciones tan críticas como la que hoy vive Venezuela, es fundamental tomar conciencia de la necesidad de fortalecer la lucha democrática y republicana y de asegurar el acatamiento irrestricto de la Constitución. La experiencia histórica nos dice que regímenes como éste, autocrático, militarista y con vocación totalitaria, pero híbrido entre dictadura y democracia, sólo puede ser enfrentado con posibilidad de éxito mediante una estrategia democrática.
Por la propia magnitud de los grandes problemas a que estamos enfrentados los venezolanos en esta hora, resulta necesario e imprescindible defender antes que nada la legitimidad de la Asamblea Nacional, expresada en la continuidad de los mandatos de quienes fueron elegidos por la ciudadanía y en la no abstención en las elecciones regionales.
Si recordamos en el año 2005, a raíz de la decisión de los partidos políticos de abstenerse en las elecciones parlamentarias de diciembre de aquel año, se le entregó a Hugo Chávez, no sólo la Asamblea Nacional, sino todos los poderes derivados: Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo y Consejo Nacional Electoral. Se habló entonces, de un parlamento monocolor, al estilo cubano. Ese resultado fue fruto de una decisión política con un razonamiento aparente artificioso y engañoso de que participar “legitimaba al gobierno y que eso era lo que quería la gente”.
Ya anteriormente, a raíz de la denuncia de fraude que hiciera la Coordinadora Democrática, después del referéndum revocatorio de agosto de 2004, ganado por Chávez, el universo opositor había sido presa de la abstención que lo llevó a no votar en las subsiguientes elecciones; hacia finales de ese mismo año, el chavismo pudo conquistar, sin ningún esfuerzo electoral 21 de las 23 gobernaciones del país, así como la Alcaldía de Caracas y prácticamente, casi todas, las legislaturas regionales, alcaldías y consejos municipales.
Cuando las crisis se agudizan es justamente cuando se pone a prueba la solidez de las convicciones democráticas de una nación. Y, hoy más que nunca en las elecciones regionales convocadas para el 15 de octubre debemos enviar al mundo señales inequívocas de nuestra voluntad democrática, de respetar la continuidad de los mandatos constituidos por el voto ciudadano; tal como se realizó con la mayor fuerza el 16 de julio de 2017, en contra de la constituyente impuesta por Nicolás Maduro, donde más de 7.5 millones de venezolanos participaron, logrando el apoyo y compromiso de los países democráticos de hacer efectivo el no reconocimiento de los actos emanados de la ANC y de continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, entre otros.
Desde que los partidos de la oposición, agrupados en la MUD, asumieron una estrategia democrática, pasando por las instancias electorales, no han hecho sino avanzar, superando algunas de las peores consecuencias de los errores cometidos en tiempos en las cuales políticas distintas a la democrática privaban en la conducción de los factores que adversan al régimen. Cuanto se haga para evitar cualquier gesto o acción que pudiere rozar el principio de la legalidad democrática constituirá un aporte de estimable valor a la defensa del genuino interés nacional y a la progresiva recuperación de la confianza interna y externa, sin la cual no será posible superar los acuciantes problemas económicos y sociales actuales que afectan al conjunto de los habitantes de la nación venezolana. En el contexto descripto, los opositores debemos dar muestras de que estamos a la altura de las circunstancias y de las necesidades del pueblo cumpliendo cabalmente con el deber hacia la patria entrañablemente amada, para que esta magnífica oportunidad no se le frustre. [email protected]
Puedes comentar