El 2017 y 2018 serán años muy difíciles para Venezuela desde el punto de vista de la disponibilidad de caja en dólares y el tercer trimestre de este año será una gran prueba para el país en cuanto al cumplimiento de pagos de deuda y cobertura del déficit fiscal. Para el tercer trimestre las cosas se complican, ya que se debe honrar pagos de Pdvsa/Venezuela de USD 3,460MM entre octubre y noviembre (cupones de interés y amortizaciones de capital). De acuerdo a estimados de exportación petrolera junto con los pronósticos de precios del petróleo, la tendencia de las importaciones y el servicio de la deuda, este año el déficit de efectivo del país estaría cerca de los USD 7,500 MM.
Los rumores de que Venezuela podría caer en default (suspensión de pagos de sus bonos) se han incrementado en el mercado internacional en las últimas semanas luego de anunciadas las sanciones financieras aplicadas al gobierno de Nicolás Maduro. Tanto los bonos de la República (Vennys) como los de Pdvsa registran rendimientos (yields entre 20%-25%), que se podría decir que califican como distressed bonds. El déficit de efectivo que enfrenta el gobierno lo ha intentado cubrir hasta ahora, con una fuerte contracción de las importaciones y con el uso de la porción líquida de las reservas internacionales y ventas de activos en poder del Banco Central que hemos visto a fínales de 2016 y este año, pero evidentemente no es suficiente para mantener el servicio de deuda.
Esto implicaría que el gobierno, si mantiene la voluntad de seguir sirviendo la deuda, necesitaría realizar más operaciones de este tipo, rematando otros activos financieros, haciendo uso de las reservas internacionales, cuentas fuera de balance, realizando operaciones de swap con el oro del BCV o buscando financiamiento de aliados (Rusia y China) como parece estar realizando.
Dolarización plena evitaría el default. Imaginémonos que un nuevo gobierno anuncia la dolarización plena. Elimina los controles de precios, aumenta la gasolina y la electricidad hasta llevarlos a estándares cercanos a los internacionales. Establece el salario mínimo en US$ 240,00 mensual (de acuerdo al esquema que planteo). Vuelve abrir los sectores de minería y petróleo a las inversiones nacionales (Entidad de Inversión Colectiva Petrolera) y extranjeras, democratiza a través del mercado de valores nacional las empresas del Estado, cierra el déficit fiscal y corriente, todo en aras de generar un crecimiento económico sustentable y con baja inflación con generación importante de inversión directa y de portafolio. Adicionalmente, imaginémonos, el mercado asimila estas medidas positivamente tomando en cuenta que fueron realizadas por una nueva administración con un apoyo popular importante. ¿Qué pasaría entonces con la deuda y su pago? En mi opinión, el establecimiento de la dolarización aunada al conjunto de medidas señaladas, elimina para los tenedores de bonos el riesgo cambiario y de expectativas de default, y el riesgo país caería abruptamente, por lo que tanto los bonos Venny como los bonos Pdvsa revertirían su tendencia bajista de precios cercanos a los precios de “Recovery Value” (precios de valor de recuperación) que actualmente registran. Al reducirse la inflación por efecto de la dolarización y mejoran las expectativas económicas del país como resultado de la estabilidad monetaria que da el dolarizar, y de la estabilidad de precios y baja abrupta de la inflación, las tasas de interés de los bonos venezolanos tenderán a ajustarse a la baja por la recuperación acelerada de apreciación de precios de los bonos que se generará y una percepción de menor riesgo país. Con la dolarización, Venezuela podrá regresar nuevamente a los mercados internacionales de deuda y establecer esquemas de recompra de su deuda a buenos niveles, mejorando su perfil en la curva de rendimientos y llevándola a más largo plazo con una mejora de sus flujos de caja y presupuestos para los próximos años.
Sin dolarizar. Bajo las condiciones económicas, financieras y cambiarias actuales, al gobierno a mi modo de ver le sería bastante difícil evitar un hecho crediticio o default para finales de año. Evitar su ocurrencia implicaría en el mejor escenario, bajo los actuales precios del petróleo, que el país tiene un fuerte déficit de caja, por lo que el gobierno trataría de utilizar algunas alternativas para cubrir parcialmente este déficit, tales como la venta de activos en el exterior, swaps de oro, venta a descuento de cuentas por cobrar de Petrocaribe, préstamo chino, ruso, etc. Estas medidas parecerían inminentes para evitar un evento crediticio en 2017 y 2018.
En caso de una restructuración forzada de la deuda, ésta tendría varios obstáculos legales entre ellos la falta de “collective-action clauses” (cláusulas de acción colectiva), lo que permitiría a cualquier minoría oponerse al intercambio de los bonos objetos de una estructuración. (Caso fondos buitres Argentina).
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