Más allá del análisis de los resultados del 15-O y de las diversas lecturas que pretendan explicarlos, no debe pasar desapercibida la involución que ha venido sufriendo el CNE en su gestión de un sistema electoral, internacionalmente reconocido como uno de los más transparentes y confiables del mundo. Ese fue el ariete que blandió Chávez con éxito, para perforar las matrices de opinión construidas por el cartel mediático global para colocar en entredicho la legitimidad del proceso bolivariano.
Empero, las cosas han cambiado drásticamente después de la aplastante derrota sufrida por el Psuv-Gobierno en las parlamentarias de 2015, porque el ente electoral, sin prisa pero sin pausa, ha venido desaplicando normas legales y constitucionales, que son los cimientos que soportan al sistema electoral, sin los cuales se derrumba su confiabilidad.
Cuando quienes integran el CNE se posesionaron de sus cargos, juraron ante la AN cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Si bien ese órgano tiene facultades normativas, en ningún caso puede modificar u omitir los mandatos legales y constitucionales. Esto fue lo que hizo cuando extendió un año el período de los gobernadores vencido en diciembre de 2016, que luego acortó por solicitud de la ANC, ante la cual declinó su autonomía, atropellando los lapsos de postulaciones y acuerdos internos en el sector opositor.
En esa misma línea y en sintonía con el TSJ, desaplicó los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que garantizan la sustitución de candidatos hasta 10 días antes del acto electoral, posibilitando la confusión en los electores. Otro tanto ocurrió cuando invalidó arbitrariamente el uso de la tarjeta de la MUD en siete estados “amparándose” en un mandato inconstitucional de tribunales locales, y con la reubicación masiva y a última hora de electores, fuera de su centro de votación habitual, creándoles obstáculos injustificables a votantes seleccionados “quirúrgicamente”.
La guinda fue la exigencia a los gobernadores de la oposición proclamados por las JER que, en un acto “supraconstitucional”, se juramentasen ante la “soberanísima” ANC, como condición sine qua non para posesionarse de sus cargos. Son señales preocupantes e inequívocas de un sistema electoral que involuciona y está en proceso de descomposición, comprometiendo la paz y el futuro de la democracia.