Sin lugar a dudas, el gobierno de Nicolás Maduro se encuentra en estos momentos en la situación más difícil que haya tenido, en relación con las presiones internacionales derivadas de las sanciones estadounidenses y de otros países. No haya como obtener divisas para el pago de sus compromisos de deuda, pues la banca mundial ha exigido incluso requisitos que tienen que ver con la demostración del origen legal de los fondos, algo insólito al tratarse de un Estado miembro de la comunidad financiera internacional. De allí que, primero con la cesta de divisas, que aparentemente no dio resultados a pesar de la alharaca de su presentación, y ahora con la creación de una criptomoneda, el Petro, el Gobierno busca poder salir del aprieto en que se encuentra.
Esta situación lamentable lo hizo tener que sentarse con la oposición menos radical, para iniciar un proceso de negociaciones que garantizara retomar la vía institucional democrática en el país, perdida totalmente desde diciembre de 2015, cuando sufrió una derrota en la que perdió el control de la Asamblea Nacional. Sin embargo, las negociaciones no parecen ir por el camino de resolver desde ya el problema de las sanciones, entre otras cosas porque las mismas, a pesar de haber sido solicitadas por esa oposición, fueron acordadas por instancias internacionales autónomas, que tienen su propia dinámica e intereses y no se encuentran formalmente involucradas en el diálogo actual. La desesperación, entonces, parece cundir en la dirigencia gubernamental, a la luz de las últimas afirmaciones de algunos de sus líderes.
Jorge Rodríguez, en unas declaraciones que considero muy peligrosas para la nación venezolana y que parecen producto de la desesperación, ha condicionado la derogatoria de las sanciones a la realización de las elecciones presidenciales el próximo año. Ésta puede ser una simple amenaza, aunque viviendo de uno de los jefes actuales debe significar una decisión de la alta dirección del Gobierno. La misma no deja mayores opciones de salida a la crisis política existente, pues quedarían sólo la invasión militar extranjera o la generación de un golpe de Estado contra la actual administración, al revelarse las fuerzas armadas contra una decisión totalmente inconstitucional que pone en peligro a la nación.
No puede el Gobierno venezolano negociar sobre la base de violar o no la Constitución. Las elecciones presidenciales son obligatorias y tienen fecha fija; eso no es negociable, la comunidad internacional no lo aceptaría, pues significaría una ruptura total y definitiva con la misma. No puede tampoco exigirle a sus contrarios una condición que no está en sus manos cumplir, pues, como dije, las sanciones han sido impuestas por estados y organismos autónomos, que si bien presionan con las mismas no están formalmente en el diálogo ni están sometidos a sus decisiones. Parecería que la desesperación está afectando negativamente la cordura gubernamental y los está llevando por un camino mortal para ellos y muy peligroso para Venezuela toda.
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