Los procesos electorales en la Venezuela del último quinquenio, se han convertido en eventos fraudulentos caracterizados por una serie de irregularidades, ilegalidades y omisiones del Poder Electoral, dinamizadas por la trampa, los abusos, el ventajismo y los delitos electorales, hasta perfilar en los ciudadanos de sentir democrático detestables diferencias de pensamiento, de métodos y de objetivos. Una mayoría poblacional, está convencida que el binomio Poder Ejecutivo—Poder Electoral actúa de forma intencionalmente equivocada al tiempo de expresar que se hace obligatorio emprender acciones para quebrar la posición del “enemigo electoral” lo cual significa debilitar, acabar y socavar sus “puntos fuertes” a la luz de una actitud ciudadana polarizada en su contra en un contexto de esperanza y fe apuntalado por el conocimiento que se tenga de las trampas electorales usuales como condición para poder enfrentarlas para, entonces, conseguir el ansiado objetivo nacional: elecciones justas y democráticas; en el entendido que “ni los peores enemigos nos pueden hacer tanto daño como nuestros propios pensamientos”.
Es de marcada obviedad, que para lograr tal aspiración se requiere de mucha perseverancia y, sobre todo, verdaderas ganas de salir del problema incluida la comprensión del tamaño de nuestra responsabilidad hasta hacernos cambiar de actitud en pro de vencer al más emblemático “enemigo”: el Consejo Nacional Electoral (CNE) para lo cual debemos entender el conflicto generado por las irregularidades /trampas propiciadas por el ente electoral tanto en la fase pre electoral, durante el evento y con posterioridad a la jornada electoral en un escenario de evidente falta de imparcialidad.
Muchas, o casi todas esas trampas, han sido presentadas en distintos Informes elaborados por la Subcomisión de Asuntos Electorales y Derechos Políticos de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, dentro de las cuales vale destacar: (1) Acciones para impedir que los Testigos Electorales de la oposición puedan ejercer las funciones para las cuales son acreditados; (2) Autorización de cambios en el Registro Electoral luego de haberse cerrado el proceso; (3) Inscripción masiva de militares en el PSUV; (4) Instalación de “puntos rojos” en las inmediaciones de los Centros de Votación como mecanismo de intimidación y de proselitismo político en favor de los candidatos del gobierno dictatorial; (5) Eliminación de la figura de Observadores Internacionales por la de “Acompañantes Internacionales” solo para el día del proceso de votación, y sin autonomía funcional para evaluar el proceso electoral completo; (6) Reducción de la jornada de Inscripción y Actualización en el Registro Electoral con el consecuente efecto sobre los nuevos votantes; (7) Eliminación de Centros de Votación a pocos días para la celebración del evento electoral, sin informar oportunamente a los electores, (8) Reubicación de Centros de Votación hacia zonas de difícil acceso y alta peligrosidad en aras de dificultar la asistencia de electores oposicionistas; (9) Auditorias técnicas “guiadas” por el CNE sin ofrecerles la información necesaria para poder realizar un análisis eficiente; (10) Eliminación de la tinta, alegando que la solidez de la base de datos de las huellas dactilares y del Sistema de Autenticación Integrado son suficientes para garantizar el principio de “un elector, un voto”; (11) Retraso injustificado en la constitución de las Mesas; (12) Impedimento en el ejercicio de las funciones de los Testigos de la oposición (incluido su desalojo) por parte de funcionarios electorales y de efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales, (13) Desconocimiento de las credenciales de los testigos no oficialistas al momento de la instalación de las Mesas Electorales; (14) Fallas en el funcionamiento de las máquinas de votación en Centros de histórica tendencia oposicionista; (15) Uso indiscriminado en numerosos votantes del acompañamiento electoral por una misma persona, induciendo el voto forzado con la anuencia tanto del Coordinador del Centro designado por el CNE como por el Plan República; (16) Impedimento del proceso de verificación ciudadana de conteo de los comprobantes de votación y su certificación en el cuaderno electoral al finalizar el proceso de votación; (17) Mesas abiertas más allá de la hora establecida sin la presencia de electores haciendo cola, como preámbulo a la denominada “hora loca” y previo al “primer boletín con resultados irreversibles”, que en mucho dichos resultados emanados de los Centros de Votación, las Mesas Electorales y Actas de Escrutinio son distintos a los reflejados en la Totalización que son impresos por las máquinas de votación; (18) Inconsistencia en los resultados reflejados en las Actas de Escrutinio de los Centros de Votación con los reflejados en la página web del CNE que sirve de apoyo al “boletín oficial”, hasta configurar un fraude electoral numérico a la luz que algunas Actas NO son transmitidas por el sistema automatizado sino transcritas manualmente con potenciales resultados alterados; (19) Migración extemporánea de candidatos oficialistas hacia Centros de Votación con mayores posibilidades de triunfo; (20) Utilización de los recursos y bienes el Estado en favor de las candidaturas afines al gobierno dictatorial; (21) Financiamiento con fondos del Estado a ciertas organizaciones y asociaciones con fines políticos vinculadas al oficialismo; (22) Uso de las “captahuellas” como estrategia de intimidación ciudadana, al inducir la percepción que el CNE puede mediante ella conocer el voto individual de cada elector; (23) Empleo del “carnet de la Patria” como mecanismo de “control del voto” habida cuenta de contar con código QR que facilita el almacenamiento y lectura de una cantidad de información; y (24) Conformación a “dedo” de las Juntas Regionales Electorales, en lugar de lo establecido legalmente en cuanto a ser integradas por electores escogidos en sorteo público y automatizado.
Reflexión final: A tenor de lo expuesto, resulta de perogrullo afirmar que para arrebatarle la Presidencia de la República en 2018 a la maquinaria totalitarista— dictatorial, se hace obligante que de forma previa se logre vencer al “enemigo electoral”: el CNE; destruyéndole las 24 (y otras) bases de sustentación indicadas que al ser conocidas por el “ejército de voluntarios oposicionistas” se convierte en su fortaleza, al tiempo de una debilidad para la continuidad del indeseable Estado narco, fallido y forajido.
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