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Nelson Totesaut Rangel: ¿Crisis del Estado fallido?

La discusión de “Estado fallido” se encuentra bastante presente. Cuando los índices delictivos se elevan a la par con la escasez, nos empezamos a preguntar si el suelo que habitamos calificaría como un “Estado funcional”. Es decir, nos cuestionamos la plena existencia de aquel ente que surge del consenso social. El mismo que nosotros creamos por medio de la transferencia de atributos que decidimos brindarle como ciudadanos libres.

Robert Rotberg es un académico que nos provee de características que pueden brindar una aproximación de lo que implica ser un Estado fallido. Él menciona cuatro aspectos: 1. Seguridad y Estado de Derecho. 2. Participación política. 3. Salud y educación universal. 4. Infraestructura física y comunicaciones. Teniendo en cuenta los siguientes criterios, trataremos de transferirlos a nuestra realidad venezolana. Respecto a lo primero, hay que decir que existen pocos Estados que no cumplan con ello. Rotberg explica que la ausencia de este aspecto generaría la instauración del “Principio de la selva”. Estos Estados carecen de gobiernos legítimos y sobreviven los núcleos rebeldes que se buscan hacer del poder. Por contraste, un campo más amplio, el Estado débil, agrupa una cantidad considerable de países como Afganistán y Somalia. Esta categoría abarca países que tienen problemas económicos, políticos y geográficos. Los mismos podrían ser derivados tanto por guerras internas como externas, consecuencia directa de una falla en la gestión de gobierno, un ataque militar o una suspensión de las garantías democráticas.

Variables

En el caso nuestro, sería exagerado catalogar a Venezuela como un “Estado fallido” simplemente bajo esta descripción. No obstante, el cuestionamiento -interno y externo- sobre la legitimidad de los gobernantes, los altos índices de inseguridad y la incapacidad del gobierno para controlar la paz sin emplear la violencia (como sucedió el pasado año), reflejan que, en este aspecto, fuerte estamos lejos de ser. Ahora, quedan tres variables a considerar. La segunda -participación política- es la más cuestionable de todas. Si bien el proceso existe, se encuentra viciado por una cantidad de factores que generan confusión al momento de ponderar de forma asertiva el hecho. Es por ello que me limito a los criterios 3 y 4 -salud, educación, infraestructura física y comunicaciones- que parecen ser de más fácil lectura en nuestro caso.Todos éstos han sufrido un claro deterioro en los últimos años. Lamentablemente, nuestra economía centralizada y dependiente del petróleo ha generado una crisis integral que afecta la multiplicidad de aspectos. La gravedad del asunto es incuestionable, lo reflejó el mismo mes de diciembre que cerró siendo más caótico que feliz. Ese esfuerzo sobrehumano por conseguir alimentos y medicinas, se eleva a la par con el deterioro de nuestros sistemas comunicacionales (vías, telefonía, internet) y la infraestructura física, que más bien se asemejan a ruinas arcaicas de un pasado anhelado que pareciera que no volverá.

Esto es realmente alarmante. Si bien no estamos bajo un Estado fallido, los acontecimientos han ocasionado una fórmula que se aproxima a materializar esa absurda realidad. La crisis económica intensa es uno de los ingredientes necesarios para que un Estado pierda su fuerza. Luego, fallar en encontrar soluciones y demostrar incapacidad de gobierno, generará una reacción popular esperada. La vivimos en 2017. Se demostró que las fuerzas de seguridad pueden perder parcialmente parte de la movilidad urbana por períodos prolongados de tiempo. Los llamados “trancazos” resultaron exitosísimos en perpetrar su fin. El gobierno no pudo controlar las revueltas sin incurrir en excesos que saldaron la vida de decenas de personas. Y, si bien algunos buscarán culpables en donde no los hay, el único responsable del caos será quien tenga el monopolio legítimo de la violencia. Es decir, tomando en cuenta la escala de Rotberg, el Estado venezolano no es ni fallido ni fuerte, pero sí que bastante débil.

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