Desde la derrota del gobierno en diciembre de 2015, la cual no se esperaba, la mafia gobernante venezolana decidió abandonar la conducta electoral hasta ese momento aplicada y comenzó desplazarse hacia un proceder cada vez menos apegado a las normas, las leyes y a la Constitución. Esto no significa que anteriormente Venezuela era la mejor democracia del mundo, pero existían unas reglas que se cumplían y garantizaban una participación electoral que, aunque desventajosa siempre para la oposición, permitían, con un mayor esfuerzo, contiendas electorales victoriosas sobre los candidatos del Polo Patriótico. Estuvieron continuamente presentes conductas ilegales, ventajistas e irregulares del gobierno, como el peculado de uso de los recursos públicos, la desigualdad en el acceso a los medios de comunicación, las presiones indebidas a los empleados del Estado, el chantaje con el acceso a los programas sociales y las amenazas de grupos armados irregulares.
Esa decisión fue incluso anunciada públicamente por Elías Jaua, quien dijo que no harían nuevas elecciones para perderlas. De esta forma, la “revolución” comenzó a caminar acercándose cada vez más al límite entre lo democrático y su inexistencia. Se recurrió a la inhabilitación ilegal de dirigentes opositores e incluso a la prisión de algunos de ellos, acusados de cualquier cosa que “justificara” públicamente la medida. Un Poder Judicial en vías de putrefacción hizo posibles estas aberraciones, las cuales luego eran legitimadas a través de una abundante, permanente y costosa propaganda, a través de todos los medios de comunicación. Se saltaron el referendo revocatorio y pospusieron las elecciones regionales y municipales, para luego dividirlas en forma totalmente inconstitucional. Ininterrumpidamente hemos transitado un camino, que nos ha llevado a la situación de indefensión política y electoral, en la que nos encontramos en este momento.
De más está decir que la oposición de la Mesa contribuyó con sus errores, inmediatismos y estupideces, a ir consolidando internamente un escenario de derrotas de todo orden, lo que no significa que no sea el gobierno quien ha decidido romper con la democracia y el pluralismo político, y quien recurre a la más cruda y violenta represión en una senda claramente dictatorial. La militarización del país es tan evidente que no requiere demostración, lo mismo que la judicialización de la política. En este instante, el Gobierno considera que profundizando su conducta arbitraria y represiva ganará las elecciones presidenciales, ante una oposición dividida, sin proyecto político, sin liderazgo, con traidores en su seno y sin el respaldo popular que llegó a tener hace unos dos años. En estas condiciones, Maduro convoca las presidenciales para antes de finalizar abril, con lo que da muy poco tiempo para la preparación de sus adversarios.
Aunque existen divisiones al interior del gobierno, éstas no han alcanzado el nivel del estallido total. Sostenerse en el poder los obliga a unirse y a diferir sus pugnas. Se puede decir que tendrán un único candidato presidencial y que éste será Nicolás Maduro, la cabeza del desastre existente en todos los órdenes de la vida nacional. La única forma de hacerle frente, con alguna probabilidad de derrotarlo, es enfrentarlo con un único candidato, apoyado por todas las fuerzas opositoras, sobre la base de haberse convertido en el enemigo interno principal. El argumento es que hay que salir de quienes de continuar acabarán con la nación venezolana y producirán la desintegración del país. Lamentablemente regresamos a la tesis del menos malo. El candidato debería ser alguien conocido por la gente, sin actividad política previa que le genere rechazos y apreciado como una persona exitosa que ha vivido de su trabajo. En este momento, pudiera ser Lorenzo Mendoza, Presidente de Empresas Polar, si tiene el valor de asumir el reto.
Habría que esperar una acción del gobierno contra todo aquél que surja como candidato con posibilidades reales de derrotarlo. En el caso de Mendoza, su principal propagandista ha sido el propio gobierno, incluso desde la época de Chávez. De darse el proceso electoral, con Mendoza o con algún otro, hay que prepararse porque será mucho más duro que todos los procesos vividos con anterioridad. Habrá más arbitrariedades, más provocaciones, más violaciones legales y constitucionales y más represión. Es la teta petrolera lo que se está disputando. Hay algunas cosas, sin embargo, que no están claras, entre ellas las intenciones de EEUU quien, a través de sus funcionarios, de Almagro y de sus países aliados, ha estado contra el diálogo que se celebra en Santo Domingo y contra la realización de las elecciones presidenciales convocadas por la ANC. Desde ya dicen desconocer sus resultados, imagino en caso de ser ganador Maduro, lo cual es muy probable dada la disgregación opositora actual y el sentimiento de abstención que tiene la gente.
No se sabe tampoco que significa este desconocimiento anunciado por EEUU, la Unión Europea y varios países latinoamericanos. ¿Romperán relaciones diplomáticas de inmediato? ¿Romperán relaciones comerciales? ¿Acentuarán el cerco económico? ¿Se producirá una amenaza militar más allá de las declaraciones retóricas? ¿O se buscará un acuerdo con el reelecto presidente Maduro, que le garantice al capital transnacional un acceso más libre del que ya tienen a nuestras riquezas de todo tipo? Sería una salida parecida a la que hubo con Cuba, con una Venezuela gobernada por décadas por una revolución totalmente fraudulenta, que mantendrá al pueblo en la miseria y la ignorancia, pero garantizará la tranquilidad del imperio en el continente americano y su mejor apropiación de nuestras riquezas. Quienes llaman a la abstención deberían de pasearse por este escenario.
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