El gobernador del Estado Bolívar, Justo Noguera, se limitó a decir que una comisión del Ejército repelió un ataque y declinó dar una cifra de fallecidos argumentando que el caso está siendo investigado.
Familiares de las 18 personas que murieron este sábado en la mina Cicapra de Guasipati, en el Estado Bolívar, durante un enfrentamiento con el Ejército venezolano, aguardaban este lunes la entrega de los cadáveres de sus seres queridos.
Los parientes pedían al gobierno investigar los hechos sucedidos. Sin embargo, las autoridades, aunque confirmaron el choque, no han dado el número de víctimas.
“Le pedimos al presidente (Nicolás) Maduro que por favor coordine, hable con los generales (…), que investiguen bien” lo sucedido, dijo a Reuters Mixae Vera, hermana de Geovanny Vera, de 34 años, una de las víctimas.
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Lo ocurrido “prácticamente fue una masacre porque allá mataron a gente inocente”, agregó a las puertas de la sede de la policía judicial donde esperaba la entrega de los cuerpos. Las víctimas estaban en la zona “buscando el pan de cada día”, sostuvo la mujer.
“Haciendo esto lo que consiguieron fue la muerte, primera vez que entraban a ese sector buscando el pan de sus hijos y lo que consiguieron fue la muerte en esa masacre”, añadió.
Maduro decretó en el 2016 una vasta área del estado Bolívar como una zona estratégica denominada Arco Minero -con importantes yacimientos de oro, diamantes y coltán- para combatir la minería ilegal y así intentar frenar la violencia vinculada con enfrentamientos entre bandas rivales por el control de las minas y los graves daños ambientales.
El gobierno dijo que convocó a decenas de empresas locales y extranjeras para explorar y explotar el área y generar otra fuente de recursos.
Sin embargo, reportes de prensa y de opositores políticos muestran que lejos de organizar la minería, las bandas han ganado poder y han creado una red delictiva que ha corrompido las débiles instituciones.
Reuters
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