La crisis económica permea los condominios y tuerce el presupuesto de propietarios e inquilinos. La coyuntura obliga a algunos consorcios a implementar el cobro de cuotas especiales en dólares para sustituir bombillos, pagar empleados, hacer refacciones o rehabilitar ascensores. El déficit se hace proporcional a las dimensiones de las residencias y se alza por los aires, hasta los pisos más altos.
Los montos mensuales de las facturas se multiplican conforme se robustece el clima de incertidumbre en el país. El planificador ambiental y experto en convivencia, Hernán Papaterra, señala que los condominios de la ciudad registran un incremento de entre 30 y 40% por mes. Y la coyuntura empeora para quienes se declaran sin recursos.
La tarea de ahorrar gastos para achatar los costos de las facturas, pasa, en algunos edificios, por reciclar las bolsas negras de basura; usar agua para el aseo, en lugar de cloro, y prescindir del personal de conserjería y de vigilancia; una labor que en un inmueble multifamiliar en la urbanización Los Dos Caminos, del municipio Sucre, fue asumida por los propietarios en diciembre.
“Somos 20 familias y cada quien limpia su pasillo e ilumina su espacio. Cada día nos turnamos para barrer el frente y arrancar la mugre del cuarto de basura”, cuenta la vecina Luisa Machado.
Lejos de cualquier capricho, señala que se trata de una decisión consensuada tras los seis aumentos salariales oficializados por el Ejecutivo en 2017. “Nos retrasamos en varias ocasiones con el pago de la conserje y negociamos una salida amistosa. Lo más importante fue que ella estuvo de acuerdo, quiso irse. Fue una relación laboral de siete años”.
Diáspora y morosidad se retroalimentan
Con un incremento de 58% anunciado este jueves, que ubica el sueldo mínimo en Bs 392.000 y eleva el salario integral a Bs 1.307.000, Hernán Papaterra ilustra con cifras de su comunidad un drama que se extiende por todo el país.
Afirma que en “Residencias Paraíso”, un complejo ubicado en la parroquia homónima, que alberga a más de cinco mil familias y que en 2017 jugó un rol estelar en las protestas contra Maduro, 30% de los propietarios están morosos. Allí, dice Papaterra, casi la mitad de los jóvenes en edad productiva se marchó para trabajar en otros países.
El déficit presupuestario que desarma los planes vecinales se acentúa en un contexto económico y social donde 87% de la población vive en pobreza de ingresos, 5,2% con respecto a 2016, según la Encuesta Sobre Condiciones de Vida 2017, elaborada por las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar.
De alrededor de 7,6 millones de viviendas que hay en el país, según el capítulo Vivienda y sus Servicios de la Encovi 2015, 10,3% de los inmuebles son apartamentos y 26,3%, quintas en zonas urbanizadas. Se trata de un dato grueso que perfila la cantidad de núcleos familias que deben incluir el pago de condominio en su presupuesto mensual: alrededor de 2,7 millones en todo el territorio.
“En El Paraíso, algunas familias abandonaron sus apartamentos, se marcharon del país y se desentendieron de los condominios. Otras no tienen el poder adquisitivo para sufragar el compromiso”, enfatiza Papaterra. Sin embargo, algunos expertos sostienen que existe una “casta” incipiente de hogares que dependen de las remesas enviadas por sus parientes, con las que se las arreglan para galopar los gastos.
En “Los Verdes” de El Paraíso, edificio emblemático de las protestas de 2017, la morosidad es de 30% y nunca se recuperaron de los daños causados por la represión
En Venezuela alrededor de 676 mil núcleos, lo que equivale a 9,7% de los hogares, son receptores de remesas o tienen entre uno y cinco de sus miembros en otras latitudes, arroja la Encovi 2017. El dato delinea las dimensiones una diáspora sobre la cual se sustentan algunos condominios, concluye Limar Flores, de Consorcios XXI, una empresa que administra media docena de condominios en el municipio Chacao del estado Miranda.
Pero el colapso de los servicios en “Los Verdes”, la residencia que aún exhibe la marca profusa de la incursión de la Guardia Nacional, esboza un drama común que se repite en las residencias Victorias, Plazas Paraíso y otras edificaciones emblemáticas en esa y otras parroquias.
En Candelaria, en el centro de Libertador, algunos propietarios han tenido que reajustar su presupuesto para cumplir con las exigencias. Noraima Martínez, vecina de Parque Caracas, relata que no tiene pariente en el extranjero que la ayude con los gastos.
Dice que se debate entre comer y pagar su condominio, cuyo monto aumenta con las cuotas especiales. “No es mi caso, pero hay gente que tiene hasta dos años de mora y se niega a ponerse al día”, cuenta la docente jubilada. Algunos propietarios alegan el encarecimiento de la vida como principal argumento para evadir los cobros.
Cuotas en dólares
Cristian Jiménez, presidente de la junta de condominio del edificio El Rosal, en Bello Campo, precisa que algunos vecinos convinieron dos cuotas especiales, de 10 dólares cada una, para paliar problemas de última hora, entre ellos una filtración que los dejó sin ascensor por más de siete semanas.
En total, las reparaciones ascienden a más de 300 millones de bolívares en ese conjunto. “Fue una decisión que se dejó al libre albedrío, no todos perciben divisas y quienes no tienen moneda extranjera tendrán que pagar al cambio”, enfatiza.
A propósito de ello, el presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León Parilli, enfatiza que el escenario que ocurre con los bienes y servicios, también se orquesta en los condominios, una nomenclatura de ciudad que se enfrenta a la hiperinflación y que ha sido arrinconada por la pérdida del poder adquisitivo.
Los costos de los condominios varían según la zona. En Caracas, las cuotas mensuales van desde 80 mil a 7 millones de bolívares, según la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores. Pero los pagos en dólares se concretan fuera del foco de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).
Hasta diciembre de 2017, la Asamblea Nacional había estimado una inflación acumulada de 1.500%, un índice que podría multiplicarse al cierre de 2018. Razón por la que algunos condominios se apalancan en el dólar. A juicio del presidente de Anauco, las familias menes afectadas intentan responder a la contingencia para salvaguardar su estatus de vida.
Parilli expone que por mucho que los vecinos quieran blindarse contra la hiperinflación, se torna imposible hacerlo con un pago en bolívares. A las estructuras de costos de los edificios, añade también la opacidad del Banco Central de Venezuela al omitir las cifras que le toman el pulso a la inflación. El colapso de la economía, dice Parilli, deja a los consumidores desamparados y sin marco de referencia de precios.
Gastos de personal incontenibles
La mayor tajada de las facturas de condominio está destinada al personal de vigilancia y conserjería, al cual se le destina 70% de los recursos, coinciden fuentes consultadas. “La línea entre la inflación y la especulación es muy fina, y ninguna entidad pública ha monitoreado el problema que genera grandes distorsiones. No puedes aumentar con tanta frecuencia porque ocurren reclamos colectivos”, enfatiza el portavoz de Anauco.
La abogada Yelitza Cortez, experta en propiedad horizontal, explica que los condominios han tenido que redoblar las iniciativas para sortear el deterioro. “Hay repuestos e insumos que son importados y que se deben adquirir fuera del país y ello obliga a recurrir a mecanismos extraordinarios de cobro”.
Cortez enfatiza que hay conjuntos en los que solo pueden pagar ocho de cada 10 propietarios y otros terminan subsidiando sus facturas. La experta señala que la crisis no solo ocasiona estragos puertas adentros, sino que además quebranta la convivencia entre vecinos: hay peleas internas.
Y aunque algunos complejos han persuadido a los vecinos con medidas legales para obligarlos a pagar, la presión no resulta eficaz en todos los casos. Manuel Sierralta vive en residencias Savoy en El Valle y señala que cerca del 40% de sus vecinos, lo que equivale a más de 120 núcleos familiares, están en mora. Dice que se consumieron los fondos de reservas destinados a gastos estructurales: más de 15 millones de bolívares.
“La gente sabe que no podemos hacer nada con 70 mil bolívares mensuales y muchos se niegan a pagarlos. Tenemos dos meses con unas de las puertas dañadas y las tuberías están obstruidas. Estamos a oscuras. Y el presupuesto para las reparaciones solo tiene una vigencia de 24 horas. No podemos cambiar bombillos ni comprar abono para las jardineras”.
La otra cara de la moneda
Julio César López Galea, fundador y portavoz de la organización Doctor Condominio, que brinda herramientas a las juntas de vecinos, señala la otra vertiente de un problema con doble cara. En algunos casos, matiza el abogado, la inflación está de parte de los propietarios, pues el monto se hace menor cuando los residentes morosos honran su deuda con el condominio.
“Lo que ocurre con los retrasos es que en muchos casos las familias priorizan la comida, las medicinas y su seguridad antes de pagar”, señala.
Además del encarecimiento de las tarifas, los habitantes de los urbanismos del Área Metropolitana denuncian el acecho de delincuentes y bandas organizadas que merodean los edificios en busca de víctimas. En la avenida Páez de El Paraíso, donde algunos conjuntos se han quedado sin iluminación perimetral, se saben presa del hampa. Solo en “Los Verdes” ocurrieron cinco robos de vehículos la semana pasada. Los afectados denuncian el ingreso de sujetos a los edificios, hombres armados que despojan a sus víctimas del mercado, equipos telefónico y del poco efectivo que llevan, según Hernán Papaterra.
Especial ND:
La crisis económica permea los condominios y tuerce el presupuesto de propietarios e inquilinos. La coyuntura obliga a algunos consorcios a implementar el cobro de cuotas especiales en dólares para sustituir bombillos, pagar empleados, hacer refacciones o rehabilitar ascensores. El déficit se hace proporcional a las dimensiones de las residencias y se alza por los aires, hasta los pisos más altos.
Los montos mensuales de las facturas se multiplican conforme se robustece el clima de incertidumbre en el país. El planificador ambiental y experto en convivencia, Hernán Papaterra, señala que los condominios de la ciudad registran un incremento de entre 30 y 40% por mes. Y la coyuntura empeora para quienes se declaran sin recursos.
La tarea de ahorrar gastos para achatar los costos de las facturas, pasa, en algunos edificios, por reciclar las bolsas negras de basura; usar agua para el aseo, en lugar de cloro, y prescindir del personal de conserjería y de vigilancia; una labor que en un inmueble multifamiliar en la urbanización Los Dos Caminos, del municipio Sucre, fue asumida por los propietarios en diciembre.
“Somos 20 familias y cada quien limpia su pasillo e ilumina su espacio. Cada día nos turnamos para barrer el frente y arrancar la mugre del cuarto de basura”, cuenta la vecina Luisa Machado.
Lejos de cualquier capricho, señala que se trata de una decisión consensuada tras los seis aumentos salariales oficializados por el Ejecutivo en 2017. “Nos retrasamos en varias ocasiones con el pago de la conserje y negociamos una salida amistosa. Lo más importante fue que ella estuvo de acuerdo, quiso irse. Fue una relación laboral de siete años”.
Diáspora y morosidad se retroalimentan
Con un incremento de 58% anunciado este jueves, que ubica el sueldo mínimo en Bs 392.000 y eleva el salario integral a Bs 1.307.000, Hernán Papaterra ilustra con cifras de su comunidad un drama que se extiende por todo el país.
Afirma que en “Residencias Paraíso”, un complejo ubicado en la parroquia homónima, que alberga a más de cinco mil familias y que en 2017 jugó un rol estelar en las protestas contra Maduro, 30% de los propietarios están morosos. Allí, dice Papaterra, casi la mitad de los jóvenes en edad productiva se marchó para trabajar en otros países.
El déficit presupuestario que desarma los planes vecinales se acentúa en un contexto económico y social donde 87% de la población vive en pobreza de ingresos, 5,2% con respecto a 2016, según la Encuesta Sobre Condiciones de Vida 2017, elaborada por las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar.
De alrededor de 7,6 millones de viviendas que hay en el país, según el capítulo Vivienda y sus Servicios de la Encovi 2015, 10,3% de los inmuebles son apartamentos y 26,3%, quintas en zonas urbanizadas. Se trata de un dato grueso que perfila la cantidad de núcleos familias que deben incluir el pago de condominio en su presupuesto mensual: alrededor de 2,7 millones en todo el territorio.
“En El Paraíso, algunas familias abandonaron sus apartamentos, se marcharon del país y se desentendieron de los condominios. Otras no tienen el poder adquisitivo para sufragar el compromiso”, enfatiza Papaterra. Sin embargo, algunos expertos sostienen que existe una “casta” incipiente de hogares que dependen de las remesas enviadas por sus parientes, con las que se las arreglan para galopar los gastos.
En “Los Verdes” de El Paraíso, edificio emblemático de las protestas de 2017, la morosidad es de 30% y nunca se recuperaron de los daños causados por la represión
En Venezuela alrededor de 676 mil núcleos, lo que equivale a 9,7% de los hogares, son receptores de remesas o tienen entre uno y cinco de sus miembros en otras latitudes, arroja la Encovi 2017. El dato delinea las dimensiones una diáspora sobre la cual se sustentan algunos condominios, concluye Limar Flores, de Consorcios XXI, una empresa que administra media docena de condominios en el municipio Chacao del estado Miranda.
Pero el colapso de los servicios en “Los Verdes”, la residencia que aún exhibe la marca profusa de la incursión de la Guardia Nacional, esboza un drama común que se repite en las residencias Victorias, Plazas Paraíso y otras edificaciones emblemáticas en esa y otras parroquias.
En Candelaria, en el centro de Libertador, algunos propietarios han tenido que reajustar su presupuesto para cumplir con las exigencias. Noraima Martínez, vecina de Parque Caracas, relata que no tiene pariente en el extranjero que la ayude con los gastos.
Dice que se debate entre comer y pagar su condominio, cuyo monto aumenta con las cuotas especiales. “No es mi caso, pero hay gente que tiene hasta dos años de mora y se niega a ponerse al día”, cuenta la docente jubilada. Algunos propietarios alegan el encarecimiento de la vida como principal argumento para evadir los cobros.
Cuotas en dólares
Cristian Jiménez, presidente de la junta de condominio del edificio El Rosal, en Bello Campo, precisa que algunos vecinos convinieron dos cuotas especiales, de 10 dólares cada una, para paliar problemas de última hora, entre ellos una filtración que los dejó sin ascensor por más de siete semanas.
En total, las reparaciones ascienden a más de 300 millones de bolívares en ese conjunto. “Fue una decisión que se dejó al libre albedrío, no todos perciben divisas y quienes no tienen moneda extranjera tendrán que pagar al cambio”, enfatiza.
A propósito de ello, el presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León Parilli, enfatiza que el escenario que ocurre con los bienes y servicios, también se orquesta en los condominios, una nomenclatura de ciudad que se enfrenta a la hiperinflación y que ha sido arrinconada por la pérdida del poder adquisitivo.
Los costos de los condominios varían según la zona. En Caracas, las cuotas mensuales van desde 80 mil a 7 millones de bolívares, según la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores. Pero los pagos en dólares se concretan fuera del foco de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).
Hasta diciembre de 2017, la Asamblea Nacional había estimado una inflación acumulada de 1.500%, un índice que podría multiplicarse al cierre de 2018. Razón por la que algunos condominios se apalancan en el dólar. A juicio del presidente de Anauco, las familias menes afectadas intentan responder a la contingencia para salvaguardar su estatus de vida.
Parilli expone que por mucho que los vecinos quieran blindarse contra la hiperinflación, se torna imposible hacerlo con un pago en bolívares. A las estructuras de costos de los edificios, añade también la opacidad del Banco Central de Venezuela al omitir las cifras que le toman el pulso a la inflación. El colapso de la economía, dice Parilli, deja a los consumidores desamparados y sin marco de referencia de precios.
Gastos de personal incontenibles
La mayor tajada de las facturas de condominio está destinada al personal de vigilancia y conserjería, al cual se le destina 70% de los recursos, coinciden fuentes consultadas. “La línea entre la inflación y la especulación es muy fina, y ninguna entidad pública ha monitoreado el problema que genera grandes distorsiones. No puedes aumentar con tanta frecuencia porque ocurren reclamos colectivos”, enfatiza el portavoz de Anauco.
La abogada Yelitza Cortez, experta en propiedad horizontal, explica que los condominios han tenido que redoblar las iniciativas para sortear el deterioro. “Hay repuestos e insumos que son importados y que se deben adquirir fuera del país y ello obliga a recurrir a mecanismos extraordinarios de cobro”.
Cortez enfatiza que hay conjuntos en los que solo pueden pagar ocho de cada 10 propietarios y otros terminan subsidiando sus facturas. La experta señala que la crisis no solo ocasiona estragos puertas adentros, sino que además quebranta la convivencia entre vecinos: hay peleas internas.
Y aunque algunos complejos han persuadido a los vecinos con medidas legales para obligarlos a pagar, la presión no resulta eficaz en todos los casos. Manuel Sierralta vive en residencias Savoy en El Valle y señala que cerca del 40% de sus vecinos, lo que equivale a más de 120 núcleos familiares, están en mora. Dice que se consumieron los fondos de reservas destinados a gastos estructurales: más de 15 millones de bolívares.
“La gente sabe que no podemos hacer nada con 70 mil bolívares mensuales y muchos se niegan a pagarlos. Tenemos dos meses con unas de las puertas dañadas y las tuberías están obstruidas. Estamos a oscuras. Y el presupuesto para las reparaciones solo tiene una vigencia de 24 horas. No podemos cambiar bombillos ni comprar abono para las jardineras”.
La otra cara de la moneda
Julio César López Galea, fundador y portavoz de la organización Doctor Condominio, que brinda herramientas a las juntas de vecinos, señala la otra vertiente de un problema con doble cara. En algunos casos, matiza el abogado, la inflación está de parte de los propietarios, pues el monto se hace menor cuando los residentes morosos honran su deuda con el condominio.
“Lo que ocurre con los retrasos es que en muchos casos las familias priorizan la comida, las medicinas y su seguridad antes de pagar”, señala.
Además del encarecimiento de las tarifas, los habitantes de los urbanismos del Área Metropolitana denuncian el acecho de delincuentes y bandas organizadas que merodean los edificios en busca de víctimas. En la avenida Páez de El Paraíso, donde algunos conjuntos se han quedado sin iluminación perimetral, se saben presa del hampa. Solo en “Los Verdes” ocurrieron cinco robos de vehículos la semana pasada. Los afectados denuncian el ingreso de sujetos a los edificios, hombres armados que despojan a sus víctimas del mercado, equipos telefónico y del poco efectivo que llevan, según Hernán Papaterra.
Especial ND: