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Juan Luis Cebrián: El naufragio del Estado en España

 

Se acabó. Remedando el verso de Miguel Hernández, España amenaza abrirse en pedazos. Pero no solo en dos, como dijo el poeta, sino en múltiples pequeñas historias, en efectos parciales que componen un confuso conjunto, trémulo caleidoscopio de nuestra realidad política. El todavía presidente del Gobierno saltó anteayer al ring balbuceando ira para acusar al más mediocre de sus adversarios de generar inestabilidad y perjudicar la marcha de la economía con su iniciativa de presentar una moción de censura. Un escenario como este descrito es, sin embargo, demasiado benévolo con la realidad. Si no le ponemos remedio de manera urgente se avecina una crisis de Estado de proporciones mayúsculas, rehenes como están los españoles de la impericia, el egoísmo y la falta de ética de muchos de sus líderes.

No se trata ahora de repartir culpas, pero los principales responsables de la inestabilidad son precisamente el partido del Gobierno y su presidente. Han demostrado una incapacidad casi absoluta para gestionar el desafío independentista en Cataluña; gobiernan en minoría, con increíble desprecio del socio parlamentario que les permite todavía mantenerse en el poder, al que adulan y agreden sucesivamente según sus particulares conveniencias; y han visto confirmada por la acción de la justicia lo que la prensa y la oposición denunciaban a voces desde hace años: los tesoreros del Partido Popular, con la venia, cuando no bajo órdenes, de la dirigencia, construyeron un sistema de financiación ilegal que acabó por constituir una trama delictiva para el enriquecimiento personal de quienes la inventaron. Lo más parecido a una banda de malhechores. Con semejantes credenciales, si no se acometen inmediatas reformas, por mucho que se empeñe el Gobierno, la Marca España no dejará de ser una birria cumpla o no los requisitos del déficit público reclamados por la Unión Europea. La condición primera para recuperar lo que se pueda del honor perdido exige la convocatoria urgente de elecciones generales.

Próximos a celebrar el 40º aniversario de la Constitución de 1978, asombra contemplar cómo los encargados de administrar el legado histórico de un régimen democrático que ha generado el periodo más largo de paz y prosperidad en la historia de España, se disputan la conquista del poder, o la permanencia en él, en pequeñas y vergonzantes trifulcas muy alejadas de los intereses, las necesidades y aun las emociones de los ciudadanos. Recientemente me preguntaban en un encuentro con empresarios de América Latina si, habida cuenta de la confusión actual, no existía esperanza alguna de arreglar las cosas. Contesté de inmediato que sí la había, y que la historia reciente de nuestro país es una historia de éxito, pese a la inconsistencia de nuestra clase política. En el ejercicio de las libertades y los derechos humanos, en la economía, en la investigación científica, en la creación cultural y en su presencia en el mundo, la España de ahora es cien veces mejor que la de hace cincuenta años. Lo es gracias al esfuerzo, la imaginación y el trabajo de sus ciudadanos, a los que la partitocracia al uso, las utopías regresivas y la avaricia de algunos líderes no bastan para hacerles desistir en su búsqueda de un país mejor para ellos y sus hijos. Gracias también al apoyo que nuestra sociedad recibe de millones de inmigrantes que han soportado, tanto o más que sus vecinos españoles, los rigores de la austeridad fiscal sin apenas una protesta o un enfado. Esa es la España a la que es preciso adjudicar los éxitos de los que alardea el Gobierno en la recuperación económica. Pues se fundamentan sobre todo en una devaluación interna que hizo descender de manera vertiginosa el poder adquisitivo de los salarios, cuya devolución reclaman ahora con justicia quienes la padecieron.

Semejante historia de éxito justifica con creces la reivindicación de España como un proyecto común, alejado de la España excluyente del nacionalcatolicismo, de los fantasmas de la leyenda negra y la Inquisición. No participo de los resquemores que en algunos sectores progresistas produce la afirmación de ese españolismo que nada tiene que ver con el de charanga y pandereta. Durante la dictadura se nos adoctrinaba respecto a las virtudes teóricas de un régimen democrático, pero —nos decían— era lamentable que los españoles no estuvieran preparados para su ejercicio. El éxito de la Transición nos pareció entonces la prueba al contrario de la falacia franquista: no eran los españoles, sino quienes les sojuzgaban, quienes no podían soportar la democracia. Acontecimientos recientes pueden hacer resucitar las dudas al respecto, hábilmente utilizadas por el poder y jaleadas en las televisiones que convierten el debate político en un reality show más. En su inmerecida defensa habrá que reconocer, al fin y al cabo, que esas prácticas elevaron al poder a un presidente de Estados Unidos tan vituperable como Donald Trump. Reivindicar la España democrática, su bandera constitucional, su condición europea, su diversidad en la unidad, es hoy una necesidad ética, en días en que la moral política yace por los suelos, y cuando se avecinan nuevos incidentes y sentencias judiciales que amenazan con remachar el clavo de la indignidad del partido del Gobierno.

Por si quedara un ápice de lucidez y decencia en nuestros líderes, digamos que la situación merece ahora el esfuerzo de que, en vez de pelearse, establezcan entre todos un pacto que salve al Estado del naufragio. Un pacto que permita cuanto antes unas elecciones de las que emane una nueva clase política, no para erigirse en poder constituyente, pero capaz en cambio de abordar las reformas inaplazables que el sistema precisa. Y de confrontar desde los valores democráticos, sin complejo alguno, el desafío xenófobo e insolidario que el separatismo encarna.

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