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Los cuarteles siguen agitados mientras Maduro exige lealtad absoluta

 

Familiares de los más de 200 acusados de conspirar piden que los uniformados sean incluidos en la lista de las excarcelaciones del Gobierno. Hasta ahora solo han otorgado libertad condicional al general Ángel Vivas

Autor: Sofia Nederr

Una de las constantes desde que el presidente Nicolás Maduro llegó al poder en abril de 2013, son los anuncios sobre presuntas conspiraciones. Esta situación se ha acentuado durante este año y arreció los días previos y posteriores a los comicios del 20 de mayo. La ONG Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y Fuerza Armada Nacional calcula que desde enero hasta mayo fueron detenidos 200 militares, entre los cuales figuran oficiales, cadetes y tropa profesional.

Las detenciones incluyen a militares en servicio activo y en situación de retiro y, en algunos casos, han alcanzado a sus familiares.

“Maduro se siente inestable y su principal amenaza en este momento no proviene de la oposición ni del imperio, sino del seno de la FAN. Si algo está claro, es que nunca, en 20 años de revolución, tantos oficiales de comando han estado detenidos por rebelión o delitos contra la patria, como en el gobierno de Maduro”, asegura Rocío San Miguel, presidenta de la ONG.

La abogada coincide con oficiales retirados en que el estado de sospecha bajo el que se tiene a los miembros de la FANB “generará entropía en el sistema militar venezolano”, que no escapa de la crisis política, social y económica que vive el país.

El general retirado Raúl Salazar, quien fue el primer ministro de la Defensa de Hugo Chávez, indica que desconoce si efectivamente se gestan conspiraciones contra el Gobierno, pero lo que sí ve claro es que “en los cuarteles hay el mismo malestar que en el resto del país.  Necesitan comer y mantener a la familia y, al mismo tiempo, hay soldados que han desertado por hambre. El gobierno debe buscar solución a los problemas”.

El oficial cuestiona la orden dada por Maduro de que en la FAN se firme una “carta de lealtad” que, según explicó el mandatario, será un documento con el que se da inicio a la remoralización y reinstitucionalización castrense

Los cambios en la moral fue una de las banderas a la que se ciñó Chávez de forma recurrente. La instrucción de Maduro fue anunciada luego de los comicios presidenciales y cuando habían sido detenidos un grupo de militares, entre ellos dos generales y un civil por supuesta rebelión, antes del 20 de mayo.

“Maduro olvida que la lealtad principal de la FAN es con el país, el Presidente es algo pasajero. Los militares cuando se gradúan, se juramentan. ¿Van a hacerlo otra vez?”, subraya el general Salazar.

Por su parte, el general retirado Gonzalo García Ordóñez, exjefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada, sostiene que la insistencia en refrendar la lealtad obedece a “a la inseguridad que el mandatario y el Alto Mando sienten respecto a la oficialidad”.

Torturas y desapariciones

“Nuestros militares son señalados por los expedientes montados por el servicio de inteligencia cubano, por supuesta traición a la Patria, motín, sustracción de armamentos, entre otros”, acusa el presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano (AD).

El abogado Alonso Medina Roa, defensor de militares, asegura que son 40 las detenciones de uniformados en las últimas tres semanas.

En la semana del 20 de mayo fueron detenidos 8 militares y un civil: los generales Pedro Naranjo Suarez (División) y Nelson Morales Guitian (Brigada), los mayores Abraham Suárez Ramos e Isaías Lenín Falcón Juárez; el teniente Márquez, los sargentos segundos Blanco Rondón y Ojeda Alonso y el sargento primero Peña Quintana; así como el ciudadano Carlos Andrés Mora.

De acuerdo con Medina Roa, a todos se les violentó el debido proceso y fueron presentados ante el Tribunal Militar Segundo de Control de forma tardía y no en el lapso de 48 horas previsto por el Código Orgánico Procesal Penal.
Los delitos imputados a los militares son los que, hasta ahora, se han empleado de forma estándar a quienes se acusa de conspirar: traición a la patria, instigación de la rebelión, motín y contra el decoro militar. A los sargentos y al teniente también les incluyeron sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada.

El abogado asevera que los mayores Suárez Ramos, asignados al Grupo de Acciones de Comando de la GNB, así como Falcón Juárez, quien estaba desplegado al Grupo 20 de la Aviación Militar, sufrieron torturas luego de la privación de libertad. La denuncia fue interpuesta ante el tribunal castrense durante la audiencia de presentación.

Medina Roa también es el defensor de algunos de los oficiales detenidos el 2 de marzo de este año, entre ellos varios comandantes de unidades, cuya audiencia preliminar está fijada para el 13 de junio.

Los oficiales fueron acusados en una trama de conspiración denominada “Movimiento de Transición de la Dignidad del Pueblo”

En ese grupo, que permanecen detenidos, están quienes hasta hace tres meses comandaban los batallones de infantería motorizada Juan Pablo Ayala, ubicado en Fuerte Tiuna, del 413 Batallón Blindado “GB Pedro León Torres” de Valencia; del 802 Batallón de Apoyo Logístico GB Juan Antonio Paredes de San Cristóbal, y del 432 Grupo de Artillería de Campaña Autopropulsado “GJ Cipriano Castro”, en Calabozo.

Las detenciones de este año también han arrojado denuncias sobre la persecución a familiares, y la colocación indiscriminada de todos los militares investigados en la misma causa judicial, a la que se va anexando a quienes se acusa de alzarse contra el poder. La semana pasada, el Foro Penal Venezolano reportó la aparición, luego de siete días, de la familia Granadillo, parientes del coronel Oswaldo García Palomo (GNB), acusado de traición a la patria e instigación a la rebelión.

Confinados y sin beneficios

“Los militares también son presos políticos. Ellos han sido víctimas de torturas y tratos crueles e inhumanos. Permanecen presos en la cárcel de La Pica, Ramo Verde, Santa Ana, en la Policía Militar. ¡Basta de tanta Injusticia! Libertad para todos los militares presos políticos”, escribió en Twitter Kerling de Sánchez, esposa del teniente coronel Ruperto Chiquinquirá Sánchez.

El reclamo se dio en el marco de las excarcelaciones que ha ordenado Maduro. En este proceso solo ha sido incluido un militar: El general retirado Ángel Vivas, quien permanecía en la sede del Sebin en El Helicoide.

El teniente coronel Sánchez, que proviene de las Aviación Militar, está detenido desde el 15 de mayo de 2014 y fue condenado a 7 años y 3 meses en medio de la causa por la llamada “Operación Jericó”. En este caso fueron sentenciados otros 8 militares. Su esposa asegura que “está preso por tener dignidad, por amar a su país, por defender la Constitución y por pensar distinto”. En este caso fueron sentenciados otros.

El general Raúl Isaías Baduel, exministro de la Defensa y para muchos el preso militar más emblemático, también sigue encarcelado. Su hijo Raúl Emilio fue liberado el fin de semana con medidas cautelares tras 4 años en prisión.

Adolfo Baduel, también hijo del oficial, denunció que el exministro tiene más de 120 días aislado e incomunicado y más de nueve meses sin ver la luz del sol. “¿Por qué mi papá aún sigue preso? ¿A qué le teme el régimen? ¿Por qué lo tienen aislado? ¿Por qué está siendo torturado en La Tumba? ¿A qué le temen Delcy Rodríguez?”.

La semana pasada, la Asamblea Nacional responsabilizó al Alto Mando Militar “por la complicidad institucional en la violación de los derechos fundamentales de los presos políticos militares”.

El Parlamento anunció además la apertura de una investigación al director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), general Iván Hernández Dala, al Jefe de Investigaciones del organismo, coronel José Franco Quintero y a toda la cadena de mando, “por la presunta ejecución de torturas y violaciones a los Derechos Humanos de decenas de presos políticos”.

 

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