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Lidis Méndez: Los jueces que acabaron con la política

 

Tanto el gobierno como la opinión pública suelen responsabilizar a los representantes de la oposición de la crisis política. No repetiré las razones ni argumentos que ambos sectores esgrimen para señalar al chivo expiatorio que da inicio a la orden del día en el quehacer político nacional según lo ameriten las circunstancias, porque es simplemente estéril.

La mayoría de las personas no puede ver en tiempo real la delgada línea divisoria que existe entre un Estado legítimo y un grupo de bandidos; la mayoría confía en que la ley se basta por sí misma para imponer el orden, la estabilidad e impartir  la justicia. También confían en que todos los políticos tienen la capacidad o la intención de resolver los problemas que aquejan a la sociedad si en las campañas les prometen hacerlo.

Las víctimas fatales de la lucha por la libertad en Venezuela son testimonio sepulcral del quiebre conceptual que existe entre la libertad individual y la libertad política, entendiendo esta última como el derecho de hacer todo lo que la ley permite, pues fueron asesinados o encarcelados y aún esperan justicia. Mientras más se deteriora el sistema, menos posibilidades tienen de resolver el injusto destino que les tocó vivir.

Si en un gobierno republicano los jueces no siguen la letra de la ley o saltan el orden constitucional, la pluralidad, la paz y la seguridad se desdibujan del consenso común, haciendo insoportable para la sociedad la subordinación a la autoridad. Cuando el reconocimiento mutuo desaparece, el totalitarismo se implanta de manera casi natural, mientras la buena voluntad y la moralidad desaparecen.

Todo sistema legal está conformado por los principios y posibilidad para acceder a la justicia, la igualdad en el trato a los demandantes y demandados,  imparcialidad,  determinación legal de los delitos y aplicación de las sanciones. Si el sistema legal funciona, la paz social y la seguridad individual están garantizadas, pero este obviamente no es nuestro caso.

En medio del barullo electoral se entretiene al pueblo, pues es conveniente hacerle olvidar aquella hendidura del Estado que dejó decidir al juez en un debate de materia política, imponiendo la legitimad del derecho por encima de la legitimidad del sufragio. Si,  cuando se le arrebató al pueblo la posibilidad de implementar el referéndum revocatorio y vimos la distancia abismal que el TSJ tiene con respecto a la democracia.

Desde entonces nuestra vida es insoportable, la imaginación de los políticos quedó agotada en la inutilidad de la Constitución para garantizar el orden jurídico y la paz social. En tal sentido, fueron los jueces y no los legisladores quienes acabaron con la política en este país, pues se parcializaron  a favor del gobierno haciendo caso omiso del rechazo social a la legitimidad del actual y reelegido presidente. Los jueces si negociaron el orden del derecho y cerraron los ojos ante la crisis social, política y económica que prevalecía en el momento. La consecuencia de tal acto no es otra que la escalada a una crisis humanitaria con repercusión hemisférica que elimina día a día decenas de venezolanos, empujando a la sociedad hacia una desobediencia permanente que cuestiona la legitimidad de todos los poderes públicos.

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