39 agresiones a la libertad de expresión se registraron hasta abril | Foto: Archivo
Espacio Público rechazó la censura a través de la figura de exhortos y criticó el procedimiento de Conatel contra El Nacional
Durante el mes de mayo, seis diarios regionales debieron ajustar su soporte y periodicidad, según el registro de Espacio Público. La ONG señaló que dentro de las causas están la crisis económica que generó escasez de efectivo, el alto costo de la materia prima y la imposibilidad de acceder a este recurso.
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“Ya no solo se trata de disminuir sus páginas o el tiraje; algunos migraron por completo a la web, otros se convirtieron en semanarios y los que aún resisten salen de lunes a viernes. Estos reajustes limitan el derecho de los venezolanos recibir información, pues afectan la pluralidad y estimulan la autocensura, negándoles la posibilidad de conocer y denunciar lo que sucede en el ámbito local”, indicó la organización.
En el grupo de los impresos que debieron reinventarse están El Tiempo de Puerto La Cruz; La Prensa de Barinas, el Diario de los Andes; Versión Final; el diario Visión Apureña y Última Hora del estado Portuguesa.
La ONG criticó los procedimientos administrativos que empleó Conatel contra varios medios y que se traduce en censura. “La política de los exhortos inició en mayo con la apertura de un proceso administrativo sancionatorio de Conatel contra el portal de noticias El Nacional Web, por el presunto incumplimiento de la normativa establecida en la Ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos y la ilegítima ‘Ley’ contra el odio”.
Este tipo de procedimientos también alcanzó a Globovisión, canal que recibió un exhorto luego de transmitir una entrevista con el ex candidato presidencial Alejandro Ratti, en las que supuestamente “desconoce a las autoridades legítimamente constituidas”.
La ONG también denunció los obstáculos impuestos por el jefe de seguridad de la AN, en mayo, cuando en varias oportunidades se le negó el acceso al Palacio Legislativo.
Espacio Público reportó desde enero y hasta abril de este año 39 violaciones a la libertad de expresión, en las que los victimarios fueron los organismos de seguridad del Estado.
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